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Caso "coimas"
Detenciones, remoción de autoridades de gobierno y una batería de iniciativas legislativas anticorrupción son el resultado la avalancha de repercusiones que han provocado las acusaciones del empresario Carlos Filippi por el llamado "caso coimas". El magistrado Carlos Aránguiz, quien lleva el proceso, ha manifestado abiertamente su intención de no dar tregua a quienes se vean implicados a lo largo de la investigación, política que, sólo hasta ahora, ha dejado heridos de distinta consideración en el escenario político nacional. Por David Azócar Filippi es conocido en Rancagua como uno de los empresarios más prósperos, según afirmó a Con Tinta Negra Mariano Tabaler, abogado del Ministerio de Justicia y amigo de autoridades y otros grupos de poder de la provincia, señalando que era un grito a voces que éste entregaba apoyo financiero a las campañas de varios parlamentarios concertacionistas, entre ellos Juan Pablo Letelier. La oportunidad que abrió el apetito La muerte de Oscar Zepeda en septiembre de 2000 -quien fuese hasta entonces concesionario de dos plantas de revisión técnica en Rancagua y de una distribuidora de combustibles- abrió el apetito de los restantes empresarios de la zona. Según la legislación vigente, las concesiones para operar plantas revisoras son intransferibles e intransmisibles y se adjudican en un proceso de licitación pública, por lo que el deceso de Zepeda abría la posibilidad de hacer un buen negocio. Más aún, cuando los posibles nuevos concesionarios había que buscarlos -de nuevo según la normativa- entre aquellos empresarios que ya estaban instalados en la zona. Filippi -quien ya era concesionario de una planta de revisión técnica en Rancagua- se transformó en la alternativa viable para llevar a cabo un lucrativo negocio. "Yo era la única persona que me podía ampliar, porque yo gané la concesión en la zona y era imposible que una persona de otra comuna se viniera a instalar aquí", dijo Filippi al diario el Mercurio el 26 de octubre del 2002. Sería esta maniobra la que prendiera la mecha del destino que hoy tiene a la Concertación en jaque, y con una clara disminución en la adhesión de la población, reflejada en una encuesta realizada por la Fundación Futuro la que revelaría un baja en la popularidad del gobierno en más de un 7 por ciento. Lo anterior tiene su explicación si consideramos que las acusaciones de Filippi sólo correspondieron a la punta del iceberg, pues en el transcurso del proceso se ha vinculado a otros parlamentarios (en su gran mayoría de la Concertación) en casos de cohecho. Entre ellos se cuentan Cristian Pareto y Jaime Jiménez (ambos democratacristianos) quienes fueron acusados por Carlos Denham -el principal plantero del país- de intentar extorsionarlo para conseguir beneficios económicos. Esta última denuncia representa un duro golpe para la alianza de gobierno, pues ambos diputados eran reconocidos por la opinión pública por su perfil fiscalizador, el que quedó muy mermado luego de las imputaciones de Denham.
Varios son los
heridos de muerte en la Concertación, pero sin lugar a dudas
uno de los más perjudicados es Patricio Tombollini, presidente
electo del Partido Radical, quien fue recluido en el anexo cárcel
Capuchinos, y cuya libertad provisional le fue denegada en dos ocasiones
por tribunales. Los otros dos imputados por los dichos de Filippi,
Alejandro Chaparro y Erick Leyton lograron la libertad provisional. Patricio Tombolini, presidente electo PRSD: Filippi le hizo llegar, a través de su jefe de gabinete, Juan Guillermo Hurtado, tres millones de pesos para la campaña de Ernesto Velasco. Denham, en tanto, reconoce que estuvo en la reunión donde le pidieron dinero a cambio de más Plantas de Revisión Técnica (PRT). A un mes y medio de desatado el escándalo de las coimas, el ex subsecretario de Transportes se ha erigido como uno de los grandes perdedores de la crisis, afirmó Mariano Tabaler. La ofensiva
desplegada por las autoridades del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Telecomunicaciones, Javier Etcheberry y Guillermo
Díaz, ha detectado varias irregularidades durante su gestión,
como contratos a honorarios "brujos" o deficiencias administrativas
de carácter grave, lo que neutraliza su eventual nombramiento
en algún cargo de gobierno. Aún más, el presidente
Ricardo Lagos -pasando por alto una tradición- se ha negado
a recibir a las nuevas autoridades de la colectividad, pese a que
Tombollini decidió congelar su permanencia a la cabeza de
los radicales sólo minutos después de haber asumido. Jaime Jiménez, diputado DC: El presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara -uno de los más histriónicos denunciantes en este escándalo- pasó de acusador a acusado, luego de comprobarse que participó en el "negocio" que Pareto le ofreció a Denham, el 11 de julio. Eduardo Lagos,
diputado radical: Muy cercano a Tombolini, discutió con Denham
ante la negativa de éste a aceptar el "trato" que
el grupo de autoridades le planteó respecto a entregar dinero
a cambio de futuras adjudicaciones de PRT El sheriff del "caso coimas": marcando la pauta de un nuevo estilo Nos referimos a Carlos Aránguiz, así denominado por Javier Etcheverría, abogado del ministerio de justicia y ayudante del ramo ética y legislación de prensa de la carrera de periodismo de la Universidad de Chile. El magistrado Carlos Aránguiz se transformó en protagonista indiscutido de la mayor crisis de la Concertación, desde el caso de las indemnizaciones, del gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, quien luego daría motivo al surgimiento del libro de Maria Olivia Monckeberg, "El saqueo de los grupos económicos de Chile", reseña Echeverría a CTN. El Juez sometió a proceso a los inculpados y pidió el desafuero de seis parlamentarios de la concertacionistas : Eduardo Lagos (PRSD), Víctor Manuel Rebolledo (PPD), Juan Pablo Letelier (PS), Jaime Jiménez (DC), Cristian Pareto (DC) y Aníbal Pérez (PPD). Éste último fue el único al que no se le aplicó el desafuero por falta de pruebas en su contra. Para quienes lo conocen, el juez ha sido así siempre. Un caso que habla de su manera de actuar fue cuando ejercía como fiscal de la Corte de Apelaciones de Coyhaique. Se le recuerda por haber denunciado durante años las irregularidades que ahí se cometían. Lo más notorio del desempeño de Aránguiz en este proceso ha sido la rapidez y dureza con la que ha actuado. "Las decisiones que ha tomado y que tomará del juez "anticoimas" son claves para entender la estatura de este magistrado", añadió Echeverría.
En los grandes
casos de corrupción de los últimos años no
se había visto un actuar tan expedito en un juez. El magistrado
habla a través de esos hechos y transparenta su estrategia
para lograr su objetivo último: la verdad. Detener e incomunicar
es en la práctica doblegar con los instrumentos de la ley
para que surja el testimonio determinante: "que piense mejor
su versión, la soledad lo ayudará a colaborar con
la investigación", le habría dicho al abogado
de uno de No hay humo blanco El escándalo ya se traslado a la Moneda, dejando anulada la estrategia del gobierno de mantener a Lagos y a sus ministros fuera de la polémica. Éste nueva polémica es el denominado MOP-GATE (nombre sacado de las siglas de las dos entidades involucradas-Ministerio de Obras y públicas y la empresa GATE, encargada en la construcción de caminos, de la cual es dueño ex ministro OOPP, Carlos Cruz). Los denominados sobresueldos, y la declaración de Cruz sobre los cheques de un millón y medio que recibía a fin de cada mes, correspondientes a los gatos reservados de la Moneda, son las más recientes repercusiones del caso coimas. El nuevo ministro Javier Etcheverry y el juez Carlos Aránguiz se han encargado de dar un ejemplo de fiscalización "limpiando la casa" a un costo que todavía la Concertación no para de estimar. Pese a esto, el Presidente Lagos a dado muestras de transparencia en su gobierno sentenciando que pese a todo "hay que investigar caiga quien caiga". |
Las
acusaciones de Carlos Filippi respecto de que algunos funcionarios
de gobiernos habrían recibido dineros a cambio de adjudicaciones
ilegales de plantas de revisiones técnicas en la sexta región,
dejaron al descubierto un manejo fraudulento por parte de más
de diez miembros de la alianza de gobierno.
Los
inculpados
Desde
que se le asignó el caso coimas, Aránguiz aclaró
su estilo para enfrentar el proceso. Primero criticó a la
comisión investigadora creada por el Congreso y la acusó
de interferir en su trabajo al punto de declarar que el actuar del
legislativo rozaba lo inconstitucional. A los pocos días
de asumir e iniciar los interrogatorios comenzó a detener
a los implicados y hoy procesados. |
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