Las comunas transformadas en feudos
Dictadura Municipal

- El caso de "la mujer del jardín" dio cuenta del poder de las ordenanzas municipales y cómo éstas delegan obligaciones en los ciudadanos bajo amenaza, incluso, de cárcel.

- Polémica por la orden de la alcaldesa Marta Ehlers de construir un muro divisorio entre un sector pobre y otro rico de Lo Barnechea.

Por Francisca De La Vega y Claudia Farfán

El tropiezo chileno hacia la Justicia Global

- Chile fue uno de los primeros países que suscribió el Tratado de Roma en 1998, que debía ser ratificado por el Congreso. Pero el Tribunal Constitucional estimo que este acuerdo era incompatible con nuestra Carta Fundamental.

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Nuevo jardín de Gloria Cisternas (Foto: Francisca De La Vega)

El jardín de Providencia

No podemos negarlo. Todos miramos nuestro antejardín y verificamos su buen estado tras conocer el caso de Gloria Cisternas. El tema de las ordenanzas municipales sorprendió a todo Chile, porque más allá de la instrumentalización política que denunció el alcalde de Providencia, Cristián Labbé, está ante todo, la irritación ciudadana de ver la impunidad ante los delincuentes y el encarcelamiento a una persona que cometió una falta menor.

Estas normas que aprueban los concejales de cada comuna son la ley que rige en los feudos y que cada uno de nosotros debe respetar sin saber, muchas veces, de su existencia.

El encarcelamiento de la “vecina de Providencia”, durante dos noches en el Centro de Orientación Femenino (COF) reveló el poder de las disposiciones municipales. El no regar el jardín y, por consiguiente, no pagar la multa respectiva  ($42.500 pesos) por infracción a la ordenanza de ornato, llevó a Cisternas hasta la cárcel. Sin duda, el concepto de justicia que se aplicó es cuestionable, sobre todo cuando se trata de áreas verdes ubicadas fuera de las propiedades.

El  alcalde Labbé trató de desligarse del problema al sostener que es “un dictamen judicial que ordenó la reclusión nocturna de esta persona, por incumplimiento de un fallo, es la resolución de un juez”. Sus palabras reflejan la ideal separación de la administración municipal y las instancias judiciales. No obstante, cabe recordar que en 1998, tras la detención de Augusto Pinochet en Londres, Labbé se negó a retirar la basura de las embajadas de España e Inglaterra, ubicadas en Providencia. En dicha oportunidad, el edil faltó a una responsabilidad que, en términos comparativos, es más grave que la mantención de un jardín.

Al pie de la letra

La sentencia del juez de Policía Local de Providencia, Juan Enrique Pérez, quien dictó siete días de reclusión nocturna a Gloria Cisternas, es fundamentalmente, una muestra de excesivo formalismo. Son los jueces locales los que deben hacer cumplir las leyes que rigen la comuna, pero, a la vez son quienes, finalmente, deciden el valor de la multa o cómo se sanciona el no pago de ésta.

Bajo esta perspectiva, las atribuciones de los jueces de policía local son otro aspecto de la polémica. Para el subsecretario general de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y alcalde de la comuna de San Joaquín, Ramón Farías, quien conversó del tema con este medio, el problema de las ordenanzas tiene mucho que ver con los criterios que se aplican en la condena de una infracción.

Para el edil lo importante es resaltar que se está frente a una falta y  no un delito, por lo tanto “aquí hay que meterse en el porqué la persona no está cumpliendo de una forma determinada”, advierte.

La suspensión de la sentencia a Gloria Cisternas a solicitud del municipio no borra el daño creado a las disposiciones legales. En este sentido, Farías aclara que los juzgados de policía local son organismos autónomos que, aún cuando se financian con fondos municipales, son independientesen sus decisiones. Sin embargo, explica que al momento de aprobar una ordenanza es cuando el alcalde puede determinar las sanciones para las faltas.

La historia se repite

Cuando el incidente de “la mujer del jardín” comenzaba a olvidarse salió a la luz pública el caso de Luis Soto Castro, que pasó cuatro días de reclusión nocturna en la cárcel de Yumbel por no pagar una multa. Soto, que se cambió de casa en enero de este año, limpió su patio y dio aviso a la municipalidad para que sacara la basura, lo cual efectivamente hizo. Sin embargo, aún quedaban desechos por lo que continuó su labor y por segunda vez llamó al municipio para el retiro. En esa oportunidad recibió la visita del director de obras del municipio, Oscar Chamorro quien le exigió diez mil pesos a Soto para hacerlo.

El afectado, al notar que era una transacción ilegal se negó al pago, por lo cual el representante municipal lo denunció al juzgado de policía local por el no cancelar la multa. Cuando Soto se presentó a declarar, Carabineros le informó que debía cumplir la sentencia de cuatro días de reclusión nocturna por infringir la ordenanza municipal número 32.

Aunque su caso no fue tan publicitado, quizás por ser habitante de regiones o porque no pertenece a una de las comunas influyentes del país, el asunto es que, según Soto, nunca le llegó una orden judicial que lo obligara a pagar el dinero y ese es un punto que da cuenta de lo irregular del proceso.

Ante ello, srgen serias sospechas sobre los criterios en las instancias de apelación. Un conflicto en que el señor feudal impuso voz y el vasallo recurrió a la opinión pública para reprobar su fallo.

Límites de la tolerancia

Gran conmoción nacional causó el muro construido en la comuna de Lo Barnechea para separar las villas La Hermita de San Antonio I y II y los vecinos de la Avenida Monseñor Escrivá de Balaguer. Muchos de los habitantes del sector están en desacuerdo con lel levantamiento de esta pandereta, acusando a la alcaldesa de la comuna de discriminación hacia ellos.

La separación virtual que existe en el sector es bastante notoria, la Avenida Las Condes alberga a grandes casas con lujosos autos aparcados en sus estilizados antejardines. Sin embargo, detrás de esa fastuosa fachada se encuentra Escrivá de Balaguer cuya vereda norte se impone con grandes y modernos edificios habitacionales, mientras la vereda contraria, exhibe mediaguas, viviendas precarias, niños jugando a la pelota con bolas hechas de bolsas de nylon y señoras haciendo una fogata en un tambor para entibiar sus manos.

Se necesita mucho más que un muro para tapar la pobreza que existe en una de las comunas más ricas del país. La alcaldesa de Lo Barnechea, Marta Ehlers, defiende la construcción de la pabdereta como una forma de evitar los altos grados de delincuencia que sufren las casas acaudaladas del sector.

Versiones sostienen que el muro ya estaba hecho hace más de doce años y que habría sido derribado por los habitantes del sector, los mismos que hoy piden respeto por su espacio y exigen un trato digno hacia su persona. Según María Díaz, una de las voceras de la villa, los vecinos han mandado cartas a la Municipalidad exigiendo mayor iluminación, ampliación de áreas verdes y no recibieron respuesta.

La polémica causada por el muro de la discordia dio sus frutos y luego de conversaciones se firmó un acuerdo entre representantes de las partes poniendo fin al conflicto. La municipalidad se comprometió a construir un paso peatonal iluminado y con caseta de vigilancia para que quienes viven ahí, puedan ir sin riesgo hacia las avenidas principales. Además, el sector será dotado de áreas verdes y equipamiento urbano, para mejorar las condiciones ambientales. Pero el muro no se sacará, sólo se rebajará su altura y en su parte superior se pondrán rejas con el fin de no tapar la vista y no dar aspecto de fuerte de alta seguridad.

Las desiciones de las autoridades de Providencia, Yumbel y Lo Barnechea, provocan en la ciudadanía dudas respecto de la valoración que le dan los municipios, a los problemas que afectan diariamente a la gente. Estos casos son sólo un ejemplo de determinaciones que dejan flotando en el aire un profundo sentimiento de injusticia.