Rechazo del TPI
El tropiezo chileno hacia la
Justicia Global

- Chile fue uno de los primeros países que suscribió el Tratado de Roma en 1998, que debía ser ratificado por el Congreso para poder tener una influencia en la conformación de esta nueva Corte Mundial sobre derechos humanos.

- El Tribunal Constitucional estimó que este acuerdo era incompatible con nuestra Carta Fundamental, respaldando así la postura de los parlamentarios de derecha, retrasando nuestra incorporación a esta instancia internacional.

Dictadura Municipal

- El caso de "la mujer del jardín" dio cuenta del poder de las ordenanzas municipales y cómo éstas delegan obligaciones en los ciudadanos bajo amenaza, incluso, de cárcel.

Por Francisca De La Vega y
Claudia Farfán

(Texto completo)

En 1998, durante la gestión de Eduardo Frei, nuestra nación suscribió el 11 de septiembre el Tratado de Roma. En ese entonces ni la extraterritorialidad de la ley ni la soberanía eran temas importantes en nuestra escena política. Sin embargo la situación cambió cuando el senador vitalicio, Augusto Pinochet fue detenido por efectivos del Scotland Yard. Su arresto -un mes y cinco días después de la firma del pacto- cambió la temperatura de la discusión: daba lo mismo analizar la necesidad de contar con una instancia de jurisdicción penal a nivel universal; los argumentos se limitaban a si era o no pertinente juzgar al ex dictador fuera de Chile.

Han pasado más de tres años desde entonces, el caso Pinochet está temporalmente sobreseído y el general (r) reposa en su parcela de Los Boldos, alejado de la política. Sin embargo, su solo arresto por 503 días confirmó dentro de la comunidad internacional, la necesidad de edificar un Tribunal Penal Internacional que pueda dar respuestas ante casos que constituyen delitos contra la humanidad.

El TPI: Un paso hacia una justicia mundial

La idea de instaurar permanentemente el TPI, surge después de la Segunda Guerra Mundial. Luego del holocausto al pueblo judío era necesario reglamentar el derecho internacional, de modo que los crímenes de mayor peso pudieran ser penados a pesar de las fronteras.

En 1948, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Convención para la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio. Ésta, entre otras propuestas, solicitaba la creación de un órgano judicial internacional para juzgar a los acusados de este tipo de delitos. Esta corte circunstancial funciona en La Haya, Holanda y se constituye cada vez que el Consejo de Seguridad de la ONU considera que existe un crimen de lesa humanidad que debe ser tratado. Estos son los tribunales internacionales ad hoc que funcionaron en casos concretos como Yugoslavia y Ruanda. El no constituir un órgano estable limitaba sus alcances.

El 11 de abril de 1998 en Roma, gracias al respaldo de la Unión Europea y Canadá, una conferencia internacional aprobó el estatuto de un futuro TPI. Esta iniciativa juzgará principalmente el genocidio, los crímenes de guerra y contra la humanidad, entre los que incluye la desaparición forzada, la tortura, la esclavitud, los delitos sexuales, la persecución política, religiosa, racial o étnica, cometidos en forma sistemática contra la población civil.

Esta audiencia estable e independiente de la ONU, procesará a personas naturales y no estados; lo que la diferencia del tribunal ad hoc, el cual sólo resuelve casos que atañen a estados. Funciona bajo el principio de la "complementariedad", lo que significa que no pretende reemplazar la jurisdicción penal de cada país, pues parte de la base que corresponde a cada nación la primera responsabilidad para juzgar sus propios asuntos.

Sólo se revisarán los casos en los que se compruebe que no hubo un debido proceso, tanto porque el Estado involucrado no puede o, simplemente, no quiere juzgar dicho caso. No será retroactivo, lo que significa que sus fallos no podrán tratar materias anteriores a su entrada en vigencia. De aquí en adelante los delitos no prescribirán, es decir, que si en 40 años, una vez inaugurado TPI, se descubren atentados en contra de los DDHH sus culpables podrán ser castigados.

Es un tribunal de última instancia, por lo que no se pueden apelar a sus resoluciones. La máxima pena que contempla son 30 años o cadena perpetua y en ningún caso acepta la pena de muerte.

La carrera por un cupo y la resistencia de la derecha

Eduardo Frei mandó esta iniciativa a Valparaíso el año '99, pero fue Lagos quien apuró su tramitación, pretendiendo que Chile fuera uno de los primeros 60 países en reafirmar su apoyo a la iniciativa. La razón de la premura es que al lograr ese número de naciones, el TPI se constituiría y los países fundadores tienen derechos en la conformación de los Estatutos y en la elección de los jueces. Si Chile lograba la meta, iba a estar en la vanguardia diplomática. Sin embargo, una decisión de esta magnitud no depende solo de la voluntad del Presidente, ya que todo tratado internacional suscrito tiene ser ratificado por el Senado.

Este proyecto siempre tuvo la resistencia de la derecha en las comisiones, sin embargo logró pasar estas vallas. Fue sólo en marzo del 2002 cuando la oposición encontró un argumento que podía detener la confirmación del TPI: su incompatibilidad con nuestra Carta Magna.

Los diputados de la Alianza por Chile, Maximiano Errázuriz de Renovación Nacional (RN) y Gonzalo Ibáñez de la Unión Demócrata Independiente (UDI) presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) apoyados por otros 33 congresistas del bloque opositor.

El asunto presenta dos dimensiones: por un lado el error formal de manejar un tratado internacional en el Congreso de la misma forma que una ley cualquiera, y por otra, una discrepancia en los conceptos al estimar que el TPI viola el principio de soberanía nacional.

Errázuris e Ibáñez estiman que el gobierno equivocó el tratamiento de la materia, olvidando su condición de acuerdo multilateral. En lo cotidiano, un proyecto de ley puede ser modificado durante su discusión, se le pueden presentar indicaciones hasta llegar a un texto final. En cambio, el Parlamento solo puede aprobar o rechazar un acuerdo entre países. Por otra parte, presenta la característica que una vez aprobada no puede ser posteriormente derogado.

En el plano de fondo, la derecha alega razones de soberanía, tal como lo hizo durante el arresto de Pinochet en Londres. Francisco Bartolucci y Juan Antonio Coloma llegaron a decir que el TPI "es una violación a nuestra Constitución, puesto que la ratificación del tratado resulta incompatible con la existencia de un Estado chileno independiente y soberano".

Ibáñez agrega que "está en juego la soberanía nacional, ya que esta Corte Penal Internacional es un tribunal que tiene jurisdicción directa sobre las personas del país y por eso pasa a constituir un tribunal dentro del sistema jurisdiccional chileno. Además atenta contra la soberanía chilena al permitir que tribunales internacionales juzguen delitos ocurridos en Chile". En conclusión, la derecha estima que para que el TPI sea viable en nuestro país, es necesario reformar la Carta Fundamental.

Una de las aristas del proyecto que tuvo inquieta a la oposición, es que esta instancia de derecho Internacional dificulta los "arreglos hechos en casa", más conocidos como amnistías. Es decir, desde el viernes 12 de abril si en algún país se comete un genocidio y posteriormente este es silenciado por un acuerdo político nacional, el TPI tiene atribuciones para juzgar desconociendo ese mecanismo. Así, la derecha está legitimando nuestra la Ley de amnistía proclamada en 1978, durante la dictadura.

El 8 de abril el TC le dio la razón a los parlamentarios de la Alianza, en un falló categórico - cinco a uno -, estimó que la ratificación exigía enmiendas a la Constitución.

El desacierto del gobierno

El fallo fue un rotundo fracaso para la gestión de la Cancillería y para los planes del gobierno. Los argumentos no lograron convencer al TC, lo que hizo imposible la ratificación del tratado en un corto plazo.

La posición del Ejecutivo, y en especial de la ministra de Relaciones Exteriores, Soledad Alvear - quien ha manejado la negociación desde su gestión en el gobierno de Frei - fue defender la constitucionalidad del proyecto. Pero luego del veredicto, declaró que no le quedó otra opción que aceptar la decisión del tribunal y gestar un proyecto de enmienda. Esta reestructuración jurídica ocurrió también en Francia, uno de los pocos firmantes que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, que debió adecuar su Carta Elemental para entrar al Tribunal.

El oficialismo sostiene que la soberanía nacional no es transgredida, ya que Chile ha firmado numerosos convenios que se basan en el principio de jurisdicción universal, que no necesariamente hace retroceder a las cortes nacionales en su territorio de dominio.

Para la Concertación, el dictamen del Tribunal Constitucional fue un duro golpe y las críticas no tardaron en llegar en contra de la canciller. El legislador y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Gabriel Váldes, reclamó que se improvisó en el tema, sin tomar en cuenta que la incompatibilidad del proyecto era predecible. De hecho, afirma que el ministro del TC Juan A. Figueroa, ya había advertido las dificultades que iba a tener la iniciativa.

El senador demócrata cristiano opinó que la ratificación "Se envió ligeramente al Congreso como un proyecto de tratado cualquiera. Para Valdés, recordando sus días como ministro de RREE de Aylwin, lo peor del rechazo son las consecuencias diplomáticas, ya que considera que Chile ha hecho un papelón ante el resto del mundo.

Soledad Alvear se defendió inmediatamente, aclarando que la moción ya había pasado por varios filtros sin que ninguno considerara inconstitucional la medida. Incluso se solicitó un informe a la Corte Suprema, donde solo dos de los 21 magistrados consideraron que era necesario reformar la Carta de 1980 para la ratificación. Dentro del mismo proceso también fueron consultados otros especialistas en esta disciplina jurídica, que en su gran mayoría no expresaron reparos ante el tratado.

Inmediatamente después del fallo adverso, el 9 de abril, el gobierno anunció el envió de una enmienda a la Constitución para ser discutido en el Parlamento. Según la canciller, esto no buscaba corregir el error, sino que "dar cumplimiento al fallo". A pesar de la justificación de la autoridad, queda claro que al menos hubo un descuido de cálculo de cómo sería la votación del TC. Vía que no quisieron repetir en el Congreso, ya que el quórum necesario para una reforma de este tipo, es de 3/5 del total de asistentes. Un arduo lobby se les vendría por adelante para conseguir votos entre los detractores del TPI, por lo que se decidió no presentar la reforma.

Este intento de último minuto buscaba ocupar las herramientas para que Chile pudiera entrar por la puerta lateral en el exclusivo grupo de los primeros 60 países en ratificar el Tratado de Roma. Sin embargo, la premura no fue suficiente. El 12 de abril, diez nuevos países adhirieron el acuerdo dejando fuera a nuestro nación.

Con otro pulso, el 16 de este mismo mes, se planteo una nueva fórmula basada en introducir una disposición transitoria a la Carta Fundamental, que de ser aprobada por el Parlamento permitirá continuar con la tramitación del tratado que crea la Corte Penal Internacional que actualmente se encuentra en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

La nueva disposición transitoria establece que "el Estado de Chile podrá reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional de acuerdo a las condiciones previstas por el tratado aprobado en Roma, por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional". Es decir, se recurrió a un "parche" que le evita al Ejecutivo una engorrosa modificación de distintos artículos.

El director jurídico de la Cancillería, Claudio Troncoso, señaló que el gobierno está abierto a estudiar otros textos alternativos de reforma constitucional al propuesto por el Ejecutivo, dando a entender que la discusión va para largo considerando el ritmo de las cámaras.

El 1 de julio entrará en acción el Tribunal Penal Internacional en Holanda. Para entonces es probable que en Chile no se haya avanzado en nada, menos si consideramos que los argumentos esgrimidos por las partes siguen la misma dualidad que rodea el tema de Pinochet. En vez de preparar el ordenamiento jurídico internacional para un nuevo siglo, en la práctica se siguen pronunciando, una y otra vez, las mismas teorías que han entrampado la justicia durante las últimas tres décadas.