Nigeria:
Un
presente lapidario
Ubicado en
el continente negro, enfrenta a diario el desafío de un aumento
sostenido de la población y una alicaída economía.
Un nuevo código penal se impone bruscamente a la zona norte
del país con castigos inhumanos y degradantes.
Por
Claudia Farfán y César Vera
En
1960, Nigeria se independizó del dominio británico,
pero su liberación aún no está consolidada.
La inestabilidad de los gobiernos militares dificulta el ejercicio
de la soberanía y afecta la satisfacción de las necesidades
básicas en uno de los países más poblados del
continente africano. Los 116 millones de habitantes deben hacer
frente a una esperanza de vida que no supera los 50 años
y un analfabetismo que en el caso de las mujeres bordea el 40%.
El mandato civil (1979-1983) terminó con un golpe de Estado.
Desde entonces se han mantenido gobierno militares con diferentes
dirigentes; el último intento de devolver el gobierno civil
a Nigeria llevó a la anulación de los resultados de
las elecciones de agosto de 1993 y a un nuevo golpe militar en noviembre
de ese año. Desde 1999, el jefe de Estado y de gobierno es
el general Olusegun Obasanjo.
La mayor parte
de Nigeria está formada por una meseta baja cortada por ríos,
especialmente el Níger y el Benue. La casi totalidad del
país cuenta con terrenos adecuados para la agricultura, mientras
que su principal recurso no agrario está constituido por
los depósitos de petróleo y gas natural situados en
la costa.
A mediados del siglo XX, Nigeria satisfacía la mayor parte
de sus necesidades alimenticias y exportaba una variedad de productos,
en especial el aceite de palma, cacao, caucho y cacahuete (maní).
En la década de 1970 el petróleo ocupó el lugar
de los cultivos industriales como principal recurso para obtener
divisas transformando la economía nigeriana.
Los mayores
ingresos procedentes del petróleo elevaron su producto interno
bruto (PIB) en una media anual del 6,9% durante 1965-1980. Sin embargo,
desde aquella fecha en adelante, el PIB cayó al 1,1 por ciento
anual. La drástica caída en los ingresos del petróleo,
junto a un rápido crecimiento de la población, dieron
lugar al descenso a la mitad del ingreso per cápita, que
en la década de 1960 era de 520 dólares.
En cuanto a su religión, en el norte del país predominan
los musulmanes, mientras en el sudeste el cristianismo es mayoritario;
en el sudoeste, en tanto, se practican el cristianismo, el Islam
y cultos tradicionales africanos; mientras que su idioma oficial
es el inglés. La lengua más extendida, sobre todo
en el norte, y hablada por los grupos étnicos como los yoruba,
ibo, kanuri y tiv, es el hausa, un dialecto del África occidental.
Lagos, la mayor ciudad de Nigeria, es su principal centro comercial
y uno de los puertos principales. Tenía una población
en 1993 de1.408.000 habitantes. Aparte de ella, sólo Ibadán
(1.295.000 habitantes) cuenta con más de un millón
de habitantes. En diciembre de 1991 la capital federal se trasladó
desde la ciudad costera de Lagos a Abuja, en el territorio de la
Capital Federal, en el interior del país.
Una
ley cuestionable
Desde 1999,
trece de los 36 estados nigerianos -aquellos con mayoría
musulmana- adoptaron la sharia o ley islámica como código
penal, contradiciendo las leyes nacionales.
Históricamente
se había aplicado la sharia a los musulmanes en varios estados
del norte de Nigeria para resolver causas de índole privada.
Sin embargo, el tenerla de base para la ejecución de leyes
penales concretas significó introducir condenas como la lapidación
por adulterio (relaciones extraterritoriales), la amputación
de miembros y la flagelación para delitos como el consumo
de alcohol.
El ingreso de
la sharia al sistema judicial preocupa al mundo no sólo por
la severidad de sus condenas, sino también por las irregularidades
en los procesos. Los tribunales de primera instancia tienen la facultad
de dictar la pena de muerte, una potestad que antes quedaba reservada
a los Tribunales Superiores, situación que se agrava al considerar
que los acusados no tienen garantizada su representación
legal.
Por otra parte,
las normas sobre pruebas, en cuestiones penales, difieren de acuerdo
al género. Para que un hombre sea condenado por adulterio
es necesario encontrar a testigos del acto sexual, mientras que
en el caso de la mujer basta con que esté embarazada, sin
considerar la posibilidad de una violación. En este sentido,
la ley islámica no protege a las mujeres de posibles agresiones
sexuales, sino más bien castiga a las víctimas.
En octubre de
2001, en el estado de Sokoto (norte de Nigeria), Safiya Hussaini
fue condenada a muerte mediante lapidación por adulterio.
Sin embargo, la presión internacional ejercida por organismos
de derechos humanos logró revertir el fallo. Instancias como
Amnistía Internacional y Baobab for Wowen's Human Rights
destacaron que el nuevo procesamiento penal, basado en la ley islámica,
violaba los tratados internacionales firmados por Nigeria como la
Convención contra la Tortura (junio 2001) y el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos.
Sobre este asunto
se pronunció Pilar Maynou, coordinadora del proyecto del
Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos- Chile. Ella
advirtió a Con Tinta Negra (CTN) su preocupación por
el comportamiento de los gobiernos nigerianos que manifiestan su
desacuerdo con las prácticas islámicas, pero, al mismo
tiempo, otorgan la libertad a los estados para imponer sus propias
leyes y violar convenios suscritos.
La contradicción
que se vive en Nigeria revela el "poder que llegan a tener
los sectores religiosos", afirmó Maynou, quien compara
la situación del país africano con la que vive Chile
en donde la iglesia católica interviene en temas como el
divorcio aún cuando el Estado es laico.
Según
Maynou, al castigar las relaciones prematrimoniales con lapidación
se niega la posibilidad de decidir sobre el propio cuerpo y atenta
contra los derechos "sexuales y reproductivos que también
son derechos humanos".
Ante la realidad
nigeriana y sus condenas surge una disyuntiva entre el derecho a
la libertad religiosa y la protección de la integridad física.
A juicio de Sergio Laurenti, director de Amnistía Internacional
Chile, no hay ninguna religión que abogue por violación
de los derechos humanos de manera sistemática.
"Amnistía
está preocupada por asegurar el respeto de los derechos de
las personas para profesar su fe, pero nuestra comprensión
es que la interpretación de la ley sharia a menudo se utiliza
como una herramienta de opresión por parte de autoridades
religiosas y, en otros casos, de los gobiernos", afirmó
Laurenti a CTN.
Nueva
campaña
Cuando el caso
de Safiya Huassiani estaba resuelto, surgió el de Amina Lawal,
cuya condena a lapidación fue confirmada por el Tribunal
de Apelación de la ley islámica en agosto de este
año.
Lawal, acusada
de haber tenido un hijo fuera del matrimonio, despertó el
interés de Amnistía Internacional que construyó
una página web
(www.amnistiapornigeria.org) en donde son recolectadas firmas de
los visitantes que manifiestan su rechazo a la situación
de las mujeres en Nigeria. Éstas son entregadas como evidencia
de la condena internacional al gobierno africano.
Según los últimos informes de Amnistía Internacional,
más de 10 mil chilenos han reaccionado a la invitación
de participar en la iniciativa visitando la página web e
ingresando sus datos.
A esta campaña
virtual se sumó la respuesta de las candidatas a Miss Mundo
de países como Bélgica, Francia, España, Dinamarca
y Noruega que manifestaron su decisión de no participar en
el concurso, que se realizará en noviembre en Nigeria, en
protesta contra la condena a muerte de Amina Lawal.
Los casos de
Safiya y Amina y su condena internacional dan cuenta de la necesidad
de los gobernantes nigerianos de ponerse al día en cuanto
a la manera como interpretan los derechos individuales de las personas.
No sólo su papel político sino sus aspectos sociales
y culturales hacen que esas prácticas tengan que ser revisadas.
Sitios relacionados:
www.whrnet.org/es/miembros_baobab.htm
www.amnistiapornigeria.org/
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