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Ha vuelto a
la carga La falta de recursos para cumplir las promesas sociales del gobierno de Lagos hizo que reapareciera la idea de vender algunas empresas del Estado. La historia privatizadora en Chile da cuenta de una repartición desigual y que ha favorecido a los grandes grupos económicos. Sin embargo, un informe del Banco Mundial destaca los logros y ventajas de la oleada privatizadora de los noventa. Por Raúl Rodríguez y María Eugenia Salinas
Y la preocupación
de las autoridades no es menor, pues está en juego no sólo
disminuir la incertidumbre entre los distintos actores económicos,
sino también cumplir con el programa social del tercer gobierno
de la Concertación. De ahí que en círculos oficialistas comenzara a tomar fuerza la idea de privatizar algunas empresas del Estado, como la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP), y continuar con las sanitarias, para así inyectar recursos frescos a las arcas fiscales, dar un respiro al gobierno en su afán modernizador y focalizar recursos hacia el ámbito social. Un giro a la derecha El fantasma
de las privatizaciones es tan fuerte que incluso se ha apoderado
de sectores concertacionistas que fueron reticentes a practicar
esa política. El mismo discurso comparte su correligionario, el senador Carlos Ominami, quien de a poco ha mostrado un acercamiento al ala liberal del partido. Ominami planteó, al igual que Correa, que las privatizaciones permitirían financiar de manera más holgada los programas sociales del gobierno. Para el ex vocero de La Moneda se ha llevado al límite la posibilidad de seguir cargando impuestos a las personas, por lo que sería indispensable vender algunos activos del Estado para cumplir con las promesas sociales del gobierno de Lagos. En este contexto de incertidumbre política y de los vaivenes del mercado internacional, el Banco Mundial publicó el informe "Privatizaciones en América Latina: Evaluando la evidencia", en el que señala que el paso a manos privadas de servicios e infraestructura emprendido en la región durante los '90 implicó mejorías sustanciales en el rendimiento de las empresas involucradas. Además el estudio señala que se abrió un "espacio fiscal" posibilitando un aumento real del 50% en el gasto público destinado a sectores sociales durante el decenio pasado. No obstante, el organismo multilateral advierte que "en la práctica, aliviar las limitaciones fiscales ha sido aparentemente de mayor prioridad que la redistribución de la riqueza en algunos países".
Justamente este es el punto que causa mayor controversia, si miramos la historia de las privatizaciones en Chile, que se remonta a mediados de los años '70, pero con más fuerza entre 1985 y 1989, período en el cual el Estado de Chile se deshizo de 30 empresas. Como señala la periodista María Olivia Monckeberg en su libro "El Saqueo: de los grupos económicos al Estado chileno" (2001), las ventas significaron al país una pérdida que se estimó en más de mil millones de dólares, es decir más de 700 mil millones de pesos en la actualidad. El proceso privatizador
seguido por el régimen militar, según el libro "fue
una estrategia política destinada a mantener el poder en
ciertos grupos, aun después del ocaso del gobierno militar".
Monckeberg lo explica en palabras simples: "mientras la derecha
gobernante vendía, la derecha económica compraba."
De ahí
que resulte peligroso para algunos sectores privatizar, pues los
grupos de poder ejercen presión con el objeto de tener mayor
participación en el ingreso nacional. Estos se escudarían,
afirma Luis Cruz, profesor de Economía de la Universidad
de Chile, en la teoría de la derecha económica que
señala que las empresas se venden a los trabajadores. Otra de las razones que esgrimen los opositores a esta política es que con estas medidas aumentarían los despidos masivos, para así abaratar costos operacionales. Pero más allá de esta herencia dejada por el gobierno militar, en los años de la Concertación la ola privatizadora ha proseguido con las sanitarias, los puertos y concesiones viales. Al parecer, continuar este curso económico fue una de las condiciones pactadas para la llamada transición. Este proceso se expresa en que cerca de siete grupos económicos tienen el control del 70 por ciento de los valores accionarios en el país, algunos de ellos extranjeros, como ocurre con ciertas sanitarias y empresas eléctricas.
Según estimaciones de analistas, el valor total de las empresas que quedan en manos del Estado sería superior a los 12 mil millones de dólares. De ahí que el tema privatizaciones se convierta en un dolor de cabeza para los gobiernos de la Concertación, pues se entrecruzan posturas ideológicas y contingencia económicas. En este contexto, Cruz advierte que las privatizaciones tienen tanto aspectos positivos como negativos. "Lo beneficioso va por el lado de las cifras macroeconómicas que mejoran la rentabilidad y eficiencia de las empresas. A nivel micro, vemos elementos no tan favorables como mayor desempleo y más influencia de los grupos económicos en la participación del producto interno, lo cual no mejora la distribución del ingreso en la sociedad". Los errores del pasado aún pesan en las autoridades, y se convierten en la piedra en el zapato para tomar una decisión de tal envergadura como vender ENAP. Pero en estos momentos las privatizaciones se vinculan al endeudamiento nacional y como solución a los problemas fiscales. Sin embargo, privatizar para pagar deudas de corto plazo no ha resuelto dificultades económicas, como es el caso de Argentina. Esto conduce a pensar que si mejora el escenario económico a nivel mundial el debate dejaría de estar en la palestra. La situación pasa a su vez por optimizar los recursos fiscales y mejorar la gestión y eficiencia de la empresas estatales, como es el caso de Metro, antes que buscar fórmulas "parche" que sirvan de salvataje a los planes inmediatistas de los gobiernos de turno. Sin embargo, la polémica quedó en punto muerto, pues el Presidente Lagos y el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, descartaron privatizar ENAP, Correos o más sanitarias por lo menos durante el 2002. Pero nadie asegura que durante los próximos años la discusión vuelva a tomar preponderancia en la agenda económica. Las autoridades no tenían presupuestado que la crisis los envolviera por tanto tiempo sin poder volver a las tasas de crecimiento de cerca del 7 por ciento que caracterizaron los primeros años de la década del '90. Ello ha conducido a que las nuevas propuestas de financiamiento gubernamental tomen, muchas veces, un carácter populista antes que seguir una línea económica coherente. |
La
estancada economía y la lenta recuperación a nivel
mundial no dan su brazo a torcer: la demanda interna continúa
deprimida y el desempleo bordea los dos dígitos. Un deteriorado
clima de confianza ha estado como telón de fondo en las rencillas,
a veces abiertas o soterradas, entre el gobierno y los empresarios,
quienes buscan ponerse de acuerdo en una agenda reactivadora, la
que en muchas ocasiones queda sólo en declaración
de intenciones o en eternas discusiones polémicas.
La
repartición de la torta
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del 11 de septiembre de 2001 Salto cualitativo
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