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POLÍTICA

El Comando Conjunto y el gobierno
El silencio de los culpables

Aunque tras el escándalo desatado en las Fuerzas Armadas quedó comprobado el fracaso de la Mesa de Diálogo, el gobierno aún confía en ella.

Críticas a la respuesta institucional en diversos grupos: hablan para Con Tinta Negra (CTN) el Codepu y el Jefe de la SurDA.

Por Claudia Farfán y Marco Braghetto


"El Comando Conjunto está trabajando para evitar que se sepa la verdad. Tenemos estrictas órdenes de mentir, engañar, bloquear y ocultar cualquier evidencia ante los jueces, agrupaciones, gobierno y prensa, para no inculparnos y, mucho menos, ayudar a descubrir el destino de los detenidos desaparecidos víctimas de nuestra unidad", aseguró Colmillo Blanco en el reportaje de La Nación.

Su declaración remueve al cuerpo político. La tensión entre la FACh y el gobierno se profundizó tras desmentidos e imprecisiones. Al parecer, la renuncia del Comandante en Jefe de la FACh, general Patricio Ríos fue una vía de escape que buscó poner punto final a un misterio que aún no termina por descubrirse totalmente.


La responsabilidad gubernamental

Es difícil entender que el gobierno desconociera que la esposa del renunciado general Patricio Campos, Viviana Ugarte, la Pochi, fue un miembro activo del Comando Conjunto. El 14 de agosto de 1986, el ministro Carlos Cerda sometió a proceso a agentes del órgano represivo. En esa oportunidad, la Pochi fue acusada del "delito de asociación ilícita y cómplice de los delitos de ilegitima privación de libertad a Reinalda Pereira", militante comunista. Más tarde sería sobreseída por la Ley de Amnistía.

A pesar de que estos documentos judiciales son públicos, La Moneda dijo ignorarlos. Lo anterior sólo se explica por la desvinculación consciente del Ejecutivo con el tema de los derechos humanos y una falta de acceso a información que debería tener.

El secretario ejecutivo de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), Víctor Espinoza, plantea que los gobiernos de la Concertación optaron por distanciarse del tema de los detenidos desaparecidos, lo que implicó dejar en manos de los tribunales la búsqueda de la verdad.

"Siempre silenciaron el tema y no colaboraban en el sentido de dictar normas de tipo administrativo para expulsar de las Fuerzas Armadas a personas que todo el mundo sabe - y sabía - que estuvieron involucrados en crímenes", afirmó a CTN.
En este sentido, ante la creación de la Mesa de Diálogo, el Presidente Ricardo Lagos no reparó en las autoridades que asumirían la responsabilidad de recoger los datos. La confianza depositada en las ramas castrenses permitió que el general Campos fuese nombrado para asumir el compromiso de recabar los antecedentes que llegarían a la instancia propuesta por el entonces ministro de Defensa Edmundo Pérez Yoma.

Ante un tema que involucra sensibilidades de miles de familias, el gobierno debió ser más precavido, sobre todo cuando se considera que el objetivo final era recabar información de 600 detenidos desaparecidos. Aún cuando las expectativas eran altas y existía confianza en zanjar el tema, las Fuerzas Armadas entregaron en enero del 2001 un informe que incluía el destino de sólo 200 detenidos desaparecidos.

Más tarde se comprobó la ambigüedad de los datos entregados en la Mesa de Diálogo. Hoy, se denuncia un intencionado ocultamiento de información y obstrucción a la justicia.

"Que el Comando Conjunto está actuando, que tiene apoyo institucional, eso nos parece grave. Entonces, esos aparatos represivos ilegales no pueden funcionar, a ellos hay que investigarlos", sentenció Espinoza.

En el blanco de los servicios de inteligencia

El caso del Comando Conjunto ha servido para reposicionar el tema de la vigilancia política en la opinión pública. Ciertamente, muchos han valorado el esfuerzo periodístico de La Nación por desentrañar los vacíos que la transición ha dejado en el camino. Uno de ellos es Carlos Ruiz, jefe político del grupo de Izquierda "La SurDA", y profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile, quien habló con CTN y refirió su parecer sobre el asunto del Comando Conjunto y en general sobre los organismos de inteligencia estatales.

Según Ruiz, lo conocido en los últimos días, revela la presencia de sectores intocables de las Fuerzas Armadas, que todavía tienen influencia considerable y que, como la Pochi, ponen de manifiesto la debilidad del gobierno cuando se trata de abordar el tema de los derechos humanos. También evidencia la insuficiencia de la labor de los tribunales, que ya habían visto algunos de los antecedentes de la esposa del general Campos.

Al comienzo de los gobiernos de la Concertación las agencias de seguridad apuntaban a desarticular a los grupos armados -como el Frente Juvenil Lautaro-, pero luego su actuación se volvió más discreta. Fue en el gobierno de Aylwin, por ejemplo, cuando el organismo de inteligencia del gobierno, más conocido como "la Oficina" contrató a Lenin Guardia en calidad de informante. Sus datos fueron un aporte valioso para conseguir la realización de las imponderables "razones de Estado". Sin embargo, con el tiempo, Guardia se convirtió en una figura bastante turbia e inmanejable. Las últimas noticias que se han tenido de él lo vincularon al envío de la famosa carta-bomba a la sede diplomática de Estados Unidos, por lo cual está sentenciado en primera instancia a 10 años y 361 días de presidio.

Ruiz señaló a CTN sus resquemores al respecto: "Yo no compararía lo que ahora ocurre con la represión de la dictadura. Es algo bastante más complejo... Una de las condiciones de la transición es el hecho de que no existan sujetos sociales poderosos que de alguna forma sean capaces de interlocutar con la sociedad política y con el gobierno. De alguna manera, quienes hemos querido ser parte de estos sujetos sociales, como nosotros -la SurDA-, hemos sido objeto de este hostigamiento. Por ejemplo, en el caso de Lenin Guardia y de la carta bomba, apareció en la prensa que nosotros éramos los responsables. Se nos ha tratado de estigmatizar como un movimiento armado permanentemente. Eso hace que los sectores sociales donde tú estas instalado, sencillamente, se asusten y se alejen".

Las Fuerzas Armadas pese a todo han logrado reinsertarse en la convivencia nacional. La conmemoración del asesinato del ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, es bastante elocuente: contó con la presencia de los altos mandos castrenses, una situación inédita hasta hoy.

El fracaso de la Mesa de Diálogo como instancia efectiva de ubicación del paradero de los detenidos desaparecidos, parece no ser tan claro para el gobierno. De hecho, la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, legitimó la idea y dentro de poco intentará nuevamente ponerla en pie. A la luz de esta resolución queda de manifiesto el carácter negociable de los derechos humanos, que pasan a ser un mero instrumento de estabilización en las relaciones cívico-militares y no un elemento de justicia. Ya lo había dicho el ex Presidente Patricio Aylwin: "Justicia en la medida de lo posible".

"La impunidad imperante en el país respecto a las violaciones graves de los derechos humanos es la causante que estos hechos ocurran. Tiene que ver con la situación que se vive, que perpetradores de crímenes, es decir, criminales se mantengan dentro de la FF.AA", afirmó al respecto Víctor Espinoza.

Sitios relacionados:
http://www.geocities.com/CapitolHill/Parliament/5751/
www.codepu.cl

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