El Comando Conjunto
y el gobierno
El
silencio de los culpables
Aunque tras
el escándalo desatado en las Fuerzas Armadas quedó
comprobado el fracaso de la Mesa de Diálogo, el gobierno
aún confía en ella.
Críticas
a la respuesta institucional en diversos grupos: hablan para Con
Tinta Negra (CTN) el Codepu y el Jefe de la SurDA.
Por
Claudia Farfán y Marco Braghetto
"El Comando
Conjunto está trabajando para evitar que se sepa la verdad.
Tenemos estrictas órdenes de mentir, engañar, bloquear
y ocultar cualquier evidencia ante los jueces, agrupaciones, gobierno
y prensa, para no inculparnos y, mucho menos, ayudar a descubrir
el destino de los detenidos desaparecidos víctimas de nuestra
unidad", aseguró Colmillo Blanco en el reportaje de
La Nación.
Su declaración
remueve al cuerpo político. La tensión entre la FACh
y el gobierno se profundizó tras desmentidos e imprecisiones.
Al parecer, la renuncia del Comandante en Jefe de la FACh, general
Patricio Ríos fue una vía de escape que buscó
poner punto final a un misterio que aún no termina por descubrirse
totalmente.
La responsabilidad gubernamental
Es difícil
entender que el gobierno desconociera que la esposa del renunciado
general Patricio Campos, Viviana Ugarte, la Pochi, fue un miembro
activo del Comando Conjunto. El 14 de agosto de 1986, el ministro
Carlos Cerda sometió a proceso a agentes del órgano
represivo. En esa oportunidad, la Pochi fue acusada del "delito
de asociación ilícita y cómplice de los delitos
de ilegitima privación de libertad a Reinalda Pereira",
militante comunista. Más tarde sería sobreseída
por la Ley de Amnistía.
A pesar de que
estos documentos judiciales son públicos, La Moneda dijo
ignorarlos. Lo anterior sólo se explica por la desvinculación
consciente del Ejecutivo con el tema de los derechos humanos y una
falta de acceso a información que debería tener.
El secretario
ejecutivo de la Corporación de Promoción y Defensa
de los Derechos del Pueblo (Codepu), Víctor Espinoza, plantea
que los gobiernos de la Concertación optaron por distanciarse
del tema de los detenidos desaparecidos, lo que implicó dejar
en manos de los tribunales la búsqueda de la verdad.
"Siempre
silenciaron el tema y no colaboraban en el sentido de dictar normas
de tipo administrativo para expulsar de las Fuerzas Armadas a personas
que todo el mundo sabe - y sabía - que estuvieron involucrados
en crímenes", afirmó a CTN.
En este sentido, ante la creación de la Mesa de Diálogo,
el Presidente Ricardo Lagos no reparó en las autoridades
que asumirían la responsabilidad de recoger los datos. La
confianza depositada en las ramas castrenses permitió que
el general Campos fuese nombrado para asumir el compromiso de recabar
los antecedentes que llegarían a la instancia propuesta por
el entonces ministro de Defensa Edmundo Pérez Yoma.
Ante un tema
que involucra sensibilidades de miles de familias, el gobierno debió
ser más precavido, sobre todo cuando se considera que el
objetivo final era recabar información de 600 detenidos desaparecidos.
Aún cuando las expectativas eran altas y existía confianza
en zanjar el tema, las Fuerzas Armadas entregaron en enero del 2001
un informe que incluía el destino de sólo 200 detenidos
desaparecidos.
Más tarde
se comprobó la ambigüedad de los datos entregados en
la Mesa de Diálogo. Hoy, se denuncia un intencionado ocultamiento
de información y obstrucción a la justicia.
"Que el
Comando Conjunto está actuando, que tiene apoyo institucional,
eso nos parece grave. Entonces, esos aparatos represivos ilegales
no pueden funcionar, a ellos hay que investigarlos", sentenció
Espinoza.
En el blanco
de los servicios de inteligencia
El caso del
Comando Conjunto ha servido para reposicionar el tema de la vigilancia
política en la opinión pública. Ciertamente,
muchos han valorado el esfuerzo periodístico de La Nación
por desentrañar los vacíos que la transición
ha dejado en el camino. Uno de ellos es Carlos Ruiz, jefe político
del grupo de Izquierda "La SurDA", y profesor de la Escuela
de Sociología de la Universidad de Chile, quien habló
con CTN y refirió su parecer sobre el asunto del Comando
Conjunto y en general sobre los organismos de inteligencia estatales.
Según
Ruiz, lo conocido en los últimos días, revela la presencia
de sectores intocables de las Fuerzas Armadas, que todavía
tienen influencia considerable y que, como la Pochi, ponen de manifiesto
la debilidad del gobierno cuando se trata de abordar el tema de
los derechos humanos. También evidencia la insuficiencia
de la labor de los tribunales, que ya habían visto algunos
de los antecedentes de la esposa del general Campos.
Al comienzo
de los gobiernos de la Concertación las agencias de seguridad
apuntaban a desarticular a los grupos armados -como el Frente Juvenil
Lautaro-, pero luego su actuación se volvió más
discreta. Fue en el gobierno de Aylwin, por ejemplo, cuando el organismo
de inteligencia del gobierno, más conocido como "la
Oficina" contrató a Lenin Guardia en calidad de informante.
Sus datos fueron un aporte valioso para conseguir la realización
de las imponderables "razones de Estado". Sin embargo,
con el tiempo, Guardia se convirtió en una figura bastante
turbia e inmanejable. Las últimas noticias que se han tenido
de él lo vincularon al envío de la famosa carta-bomba
a la sede diplomática de Estados Unidos, por lo cual está
sentenciado en primera instancia a 10 años y 361 días
de presidio.
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Ruiz señaló
a CTN sus resquemores al respecto: "Yo no compararía
lo que ahora ocurre con la represión de la dictadura. Es
algo bastante más complejo... Una de las condiciones de la
transición es el hecho de que no existan sujetos sociales
poderosos que de alguna forma sean capaces de interlocutar con la
sociedad política y con el gobierno. De alguna manera, quienes
hemos querido ser parte de estos sujetos sociales, como nosotros
-la SurDA-, hemos sido objeto de este hostigamiento. Por ejemplo,
en el caso de Lenin Guardia y de la carta bomba, apareció
en la prensa que nosotros éramos los responsables. Se nos
ha tratado de estigmatizar como un movimiento armado permanentemente.
Eso hace que los sectores sociales donde tú estas instalado,
sencillamente, se asusten y se alejen".
Las Fuerzas
Armadas pese a todo han logrado reinsertarse en la convivencia nacional.
La conmemoración del asesinato del ex comandante en jefe
del Ejército, Carlos Prats, es bastante elocuente: contó
con la presencia de los altos mandos castrenses, una situación
inédita hasta hoy.
El fracaso de
la Mesa de Diálogo como instancia efectiva de ubicación
del paradero de los detenidos desaparecidos, parece no ser tan claro
para el gobierno. De hecho, la ministra de Defensa, Michelle Bachelet,
legitimó la idea y dentro de poco intentará nuevamente
ponerla en pie. A la luz de esta resolución queda de manifiesto
el carácter negociable de los derechos humanos, que pasan
a ser un mero instrumento de estabilización en las relaciones
cívico-militares y no un elemento de justicia. Ya lo había
dicho el ex Presidente Patricio Aylwin: "Justicia en la medida
de lo posible".
"La impunidad
imperante en el país respecto a las violaciones graves de
los derechos humanos es la causante que estos hechos ocurran. Tiene
que ver con la situación que se vive, que perpetradores de
crímenes, es decir, criminales se mantengan dentro de la
FF.AA", afirmó al respecto Víctor Espinoza.
Sitios relacionados:
http://www.geocities.com/CapitolHill/Parliament/5751/
www.codepu.cl
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