Propuesta de
la UDI sobre los detenidos-desaparecidos
¿Caridad
o Estrategia?
Desde hace
un año, el diputado Pablo Longueira junto al senador Jaime
Orpis, ambos de la Unión Demócrata Independiente (UDI),
han estado trabajando en un plan para abordar los casos pendientes
de violación a los derechos humanos cometidos durante el
régimen militar.
La proposición
incluye el cierre de los casos judiciales, a partir de constatar
la defunción del deudo, eliminando así la figura del
secuestro permanente. A cambio, se plantea una reparación
económica y gestos de retribución, como reuniones
entre la familia de la víctima y el victimario que, según
la UDI, servirían para cerrar el duelo.
Por
Barbara Asenjo y Francisca Babul
"La UDI
es un partido que no tiene autoridad moral para venir a proponer
nada en relación a este tema. Callaron, no denunciaron e
incluso negaron la existencia de los detenidos desaparecidos. Y
así quieren erigirse hoy como quienes supuestamente tienen
la formula mágica para resolver un tema que no se ha resuelto
en 30 años", aseguró a CTN. Mireya García,
vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos (AFDD). La asociación no está dispuesta
a transar y sus dirigentes continúan afirmando que la justicia
sigue siendo la mejor solución para el tema.
La UDI insiste
en que cualquier propuesta que tienda a superar un tema tan doloroso
es válida, sobre todo cuando proviene de ellos. Pero, ¿por
qué esperar 30 años para proponer una salida como
ésta? La mirada está puesta en el futuro: las presidenciales
del 2005.
Ley de punto
final
Longueira comenzó
a preparar una propuesta para cerrar el tema de las violaciones
a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar
en mayo del 2002, junto Orpis de la UDI por la primera región,
Jaime Orpis. Esto sucedió luego de que algunas de las viudas
de Pisagua se acercaran al parlamentario para resolver su situación,
al margen de la AFDD. Luego de una decena de reuniones en la zona
con diversos parientes involucrados, la UDI decidió sacar
a la luz pública esbozos de lo que sería una propuesta
para mitigar el dolor de los familiares de los desaparecidos políticos.
Para la vicepresidenta
de la agrupación, las personas que se han acercado a la UDI
nunca han sido individuos organizados, siempre han manifestado su
disconformidad con las medidas reparatorias y han centrado su lucha
por el lado de las compensaciones económicas más que
en la verdad y la justicia. "No vamos a entrar en grandes polémicas
con los familiares que la acepten, ellos van a tener que responder
ante sí mismos y su conciencia por el resto de sus vidas",
señaló García a CTN.
Principalmente, la iniciativa de la UDI pretende el cierre de los
casos judiciales eliminando la figura de secuestro permanente. A
cambio, se les proporcionaría a los familiares de las víctimas
una reparación económica que contempla un aumento
en el monto de las indemnizaciones. Debido a esto, muchos han considerado
esta propuesta como una Ley de Punto Final.
Sin embargo,
para el cientista político del Instituto de Asuntos Públicos
de la Universidad de Chile, Guillermo Holzmann, en este caso no
se puede hablar de una ley de punto final porque una legislación
en esos términos determinaría la inexistencia de culpables.
"Lo que va a pasar en este caso es que se va a continuar con
los procesos judiciales en todos aquellos sumarios donde haya una
responsabilidad definida y probada, independientemente de la indemnización
que se les entregue" señaló el experto. Pero
hay una gran cantidad de casos en que el nombre del culpable no
está definido y aquellos son los que se van a dar por sobreseídos
luego de la asignación de las compensaciones correspondientes.
García
es categórica al señalar que si la idea de esta propuesta
es que los familiares renuncien a sus acciones legales para obtener
dinero, ni el desistirse ni el certificado de defunción terminaría
con la acción penal. "Las reuniones entre víctimas
y victimarios parecen sacadas de los reality show, pero este no
es el mundo de la farándula, este el mundo del dolor y la
tragedia" sentenció.
¿Por
qué ahora?
Resulta casi
paradójico que una iniciativa de este tipo surja desde la
Alianza por Chile. Según Holzmann, éste era el momento
para actuar. "Hasta el año pasado había una negativa
completa de todos los sectores a hablar del tema, pero hoy ya ha
empezado a aflorar la idea de los 30 años (del golpe de 1973),
que para muchos suena como mucho tiempo" afirmó el experto
a CTN.
Según
el senador Juan Antonio Coloma (UDI), su partido sólo está
aprovechando un momento de liderazgo político para encarar
un problema que ha sido desplazado por muchos años. "No
hay nada más potente que cuando a los temas les llega su
hora, sobre todo cuando esto se ve acompañado de una voluntad
de liderazgo. Ya han pasado 30 años desde el 11 de septiembre
y luego de haber llegado a acuerdos tan importantes en materia de
modernización del Estado había que asumir tareas distintas
que ayudaran al país. Y eso es lo que la UDI hizo",
afirmó el parlamentario a CTN.
Sin embargo,
para la AFDD es inconcebible que la UDI se haga cargo de responder
a las necesidades de los parientes de las víctimas. Mireya
García aseguró a CTN que "el pueblo está
frustrado. Hoy empiezan a mostrarse lo primeros signos de disconformidad,
de rabia y de impotencia. La Concertación debe asumir las
consecuencias porque se le ha otorgado a la derecha todas las posibilidades
de crecer y de hacerse cargo de lo que siempre fue nuestro",
señaló la dirigente.
La AFDD insiste
en que el tema es de ellos y no de la UDI; más aún
si ese partido se niega a pedir perdón y a reconocer los
crímenes cometidos bajo el régimen militar. Sin embargo,
la UDI reclama que nadie es acreedor del perdón.
Según
el senador Coloma, "el pedir perdón no es la lógica
a seguir para solucionar estos problemas. Si fuera por el tema de
las responsabilidades, no me cabe duda de que la principal responsabilidad
de lo que ocurrió en Chile es del Partido Socialista"
aseguró a CTN.
En busca
del 2%
Para los familiares
de detenidos desaparecidos, la táctica de la UDI busca resolver
el tema con miras a un futuro gobierno de Joaquín Lavín.
"Es una estrategia muy perversa porque, en definitiva, lo que
pretenden es que los familiares mismos sean responsables de la impunidad,
para que ellos queden limpios", dijo García.
Y a la Alianza
por Chile le conviene poner el tema sobre la mesa. Esta iniciativa
pretende ganar los votos de los desencantados de la Concertación,
especialmente de aquellos que no están conformes con el desempeño
de Ricardo Lagos. Para el experto de la Universidad de Chile, el
asunto se puede resumir en una frase: "la UDI está trabajando
para lograr los dos puntos que le faltaron a Joaquín Lavín
para ser presidente en las elecciones anteriores".
Sin embargo,
Coloma es enfático al señalar que con esta propuesta
la UDI no aspira a captar adeptos. "Con mucha franqueza me
atrevo a decir que esto no nos da ningún voto. El que conoce
a la UDI sabe perfectamente que la lógica que nos motiva
a hacer bien las cosas no es ganar votos" afirmó el
senador a CTN.
Caridad o estrategia,
todos coinciden en que el país enfrenta la posibilidad de
resolver un tema que ha mantenido dividido a los chilenos por 30
años. Tal como dice Mireya García: "si el gobierno
no asume hoy, con los dos años y tanto que quedan de gobierno;
la verdad es que efectivamente le hemos pavimentado el camino a
la derecha de forma inaceptable. Y vamos a pagarlo carísimo".
Más
Propuestas
Durante el mes
de mayo, el Gobierno se ha reunido con distintos sectores para recoger
las iniciativas relacionadas con los Derechos Humanos. De este modo,
el Ejecutivo recibió las propuestas los partidos Socialista
y por la Democracia y de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos y espera reunirse con Renovación Nacional y
al Partido Radical Social Demócrata. Entretanto, ha trascendido
que la abogada Pamela Pereira trabaja en forma reservada con la
Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas para gestar una iniciativa
que permita resolver los problemas inconclusos.
En cuanto a
la propuesta de la UDI, se ha señalado que el Gobierno aún
no ha recibido ningún antecedente por escrito tras la audiencia
de Lagos con el máximo directivo de esa colectividad, Pablo
Longueira. El Ministro del Interior, José Miguel Insulza
ha sido enfático al declarar que el Presidente Lagos no permitirá
una ley de punto final para resolver los casos de detenidos desaparecidos
y que se está elaborando un proyecto que debiera ser presentado
al parlamento a más tardar los últimos días
de junio.
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