Fiscalización de concursos:
Tierra de nadie

Los concursos incentivan nuestras fantasías y las ventas. Soñamos con los premios que ofrecen, pero ni siquiera imaginamos el mundo de pesadilla en que se desarrollan.

Hasta ahora, el secreto mejor guardado no ha sido la ubicación del producto premiado. Nadie ha dicho que la realidad de los concursos es el mal sueño de un lugar al margen de la ley, donde reina la desinformación y manda el más fuerte.

Por Estefanía Etcheverría Toirkens y Nicole Pérez Tordoya

¿Cuántas veces te intoxicaste por comer demasiado yoghurt sólo para juntar las tapitas y canjear el minicomponente? ¿Cuántas noches quedaste botado en la calle después de tomar litros de cerveza sólo para ganar el Porsche? Si la respuesta a todo tu esfuerzo fue un “siga participando”, tienes el derecho de saber que el ganador del concurso está establecido de antemano: la propia empresa.

El premio mayor no es el auto nuevecito de paquete, sino el gran incremento en las ventas que genera la promoción. Rodrigo Gatica, subdirector del supermercado Montecarlo Macul, dijo a CTN que “cuando viene un concurso, de partida se solicita una mayor cantidad del producto”.

Sin embargo, los beneficios no se limitan a las ventas. El mercado dejó de utilizar los concursos como un mero gancho publicitario: ahora sirven para posicionar las marcas. Tal es el caso de Abastible, que a través de su concurso “gas gratis por un año” busca transformarse en el mayor vendedor de gas a nivel nacional, según aseguró a CTN Jorge Silva, asistente de subgerencia de marketing de dicha empresa.

¿Quién podrá defendernos?

A pesar de que hace muchos años somos bombardeados por concursos, no existe ninguna ley que los regule. Frente a esta ausencia, se aplica la ley del consumidor que funciona de manera supletoria. Ésta sólo exige especificar el tipo de premios y su cantidad, el período de validez del concurso y la forma en que serán avisados los ganadores. Dicha información debería estar contenida en las bases notariales.

La función del notario sólo es certificar las características que tendrá el concurso. Establecidas las bases se termina su labor, no es su trabajo velar por que se otorguen los premios. Entonces ¿quién se preocupa de que se entregue lo prometido?

La ley del consumidor es la que se aplica a los concursos, por esto podría pensarse que el ente fiscalizador es el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), pero no lo es. Esta institución sólo actúa como un mediador entre las empresas y los consumidores. Para poder actuar necesita estudios que evidencien irregularidades o que los propios afectados presenten sus reclamos. De esta forma la responsabilidad de que la ley se cumpla recae en la ciudadanía.

Sin embargo la persona perjudicada no puede presentar acciones legales sin el apoyo de una asociación de consumidores. Pero estas corporaciones, organizadas por la propia ciudadanía, no se preocupan del tema. Patricio Castro, encargado de desarrollo organizacional del Sernac, afirmó a CTN que las asociaciones de consumidores están dedicadas a temas más amplios, como educar sobre consumo. Por esto dejan de lado las irregularidades que se cometen en los concursos.

El Sernac equivale a una asociación de consumidores estatal, por lo cual los afectados también pueden recurrir a esta instancia. Pero esta entidad se ve limitada en las acciones a seguir debido al alto costo que implica un juicio. Según Castro, esta entidad no puede detenerse en cada caso, sería un lujo que no podría financiar porque no recibe ningún beneficio económico a cambio.

El silencio de los inocentes

Es probable que si no le dan el premio a quien lo ganó, éste reclame. Pero ¿quién se queja cuando no se sabe si hay un ganador? Si no se dan a conocer los resultados de un concurso, es posible que no exista beneficiado alguno. Esta omisión corresponde al tipo más común de irregularidades que arrojan los estudios del Sernac. La razón de tan recurrente infracción es sencilla: sin denunciantes, la falta queda impune.

Sin embargo, aunque las empresas cumplan con la ley igual pueden confundir al consumidor. La típica letra chica y las bases que nadie va a buscar al notario, son ejemplos de las numerosas artimañas posibles.

Superadas todas las dificultades anteriores, si se llegara a condenar a una empresa, la pena que debe cumplir es mínima. En la antigua ley del consumidor la mayor multa para una compañía era de un millón quinientos mil pesos. El 14 de julio de este año se aprobó la nueva ley que estipula una multa de 30 millones de pesos.

Cada spot que se transmite entre la teleserie y el noticiario cuesta 24 millones de pesos. Ninguna campaña muestra un solo comercial, en general son muchos a lo largo del día y no sólo en televisión. Radio, medios escritos y avisaje en la vía pública, aumentan aún más el costo publicitario.

Si se invierte tanto dinero en la promoción de un concurso debe ser porque las ganancias superan el gasto con creces. Así la multa de 30 millones se convierte en una cifra insignificante. Aún más si se considera que los infractores habituales son quienes más publicitan – multitiendas, supermercados, empresas de telefonías y bancos – como informó Castro.

En pleno siglo XXI no existe una ley específica que regule los ya tan habituales concursos. Alguien puede ir a la cárcel por el simple hecho de no cortar el pasto de su antejardín, pero es muy difícil penar a quién realiza un concurso fraudulento. Además la multa es tan poco relevante como canjear un “vale otro”. Nadie se preocupa por comprobar la entrega del premio y se confía en que la empresa cumplirá por conservar su honra. Sin ley y por el honor: los concursos son tierra de nadie.

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