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Irregularidades en las notarías:
Tierra de nadie

Desde cobros que sobrepasan lo excesivo, hasta la presentación de testigos falsos son algunos de los muchos vicios que hoy se cometen en las notarías de nuestro país.

Una fiscalización escasa y la nula voluntad por parte de las autoridades para cambiar este oscuro panorama son los principales causantes de una problemática que afecta diariamente a los chilenos.

Por Claudia Henríquez y Graciela Marín


¿Cuántas veces ha ido usted a una notaría este año? ¿Una, dos? Seguramente muchas más. Y en alguna de esas ocasiones, ¿ha visto usted al notario que certifica sus documentos? Si tuvo suerte, a lo más le vio la punta de la nariz.
Chile – lo sabemos – es un país burocrático, en que el papeleo es cosa de todos los días y donde los trámites nunca faltan. Por eso, el ministro de fe pública se ha convertido en una figura fundamental a la hora de legalizar una serie de actas. Pero para muchas personas, los notarios fallan justamente en aquello que se proponen validar. Precios disímiles, notarios anónimos y desconocimiento sobre el acceso al cargo levantan sospechas. ¿Qué tan limpio y transparente es el sistema notarial en Chile?

Olga Feliú

Según indicó a CTN la consejera del Colegio de Abogados de Chile y ex senadora, Olga Feliú, “el sistema de notarías y escrituras públicas es extraordinariamente bueno y serio” y a su juicio, las faltas e incorrecciones que se cometen son sólo excepciones.

Sin embargo, otra opinión tiene el abogado Rodrigo Álvarez, asesor jurídico del diputado Antonio Leal. Una investigación realizada hace un año en conjunto con el parlamentario sacó a luz pública una serie de negligencias que operan en la institución notarial. Álvarez señaló a CTN que uno de los cuestionamientos más importantes es el cómo se llega a ser notario. La versión oficial indica que se debe llamar a concurso público y que después una terna de la Corte Suprema seleccionará a los postulantes, quienes finalmente serán ratificados por el Ministro de Justicia, en nombre del Presidente de la República.

Así debería ser, en teoría. Pero, en la práctica a veces las cosas no funcionan tan así. Según Álvarez, “es difícil que un abogado hijo de vecino postule y sea aceptado. Para quedar en la terna siempre es un proceso medio dudoso, pues hay que ver quiénes son notarios y empezamos a observar nombres que se repiten, personas que fueron ministros de corte o algunos que reciben el cargo como premio de consuelo, en ciertos casos. Entonces uno siente que el tema es una compensación y además que es una pega espectacular”.

Porque para muchos, ser notario es como ganarse un premio. Horario cómodo, trabajo relajado y el cargo asegurado hasta mínimo los 75 años. Eso, sin hablar del sueldo. Porque, como lo indica la abogada Olga Feliú, “el notario no tiene sueldo, es un empresario. Su empresa es su oficina y gana según la cantidad de personas que van a ella”. Los únicos gastos que se deben considerar entonces son los sueldos de los funcionarios, arriendo y mantención del local y unos pocos impuestos. Lo demás, es sólo una gran ganancia.

Negocio redondo
Hoy en día, casi ninguna notaría respeta los aranceles fijados por ley. Los valores que deberían regir actualmente, fueron publicados por el diario oficial en 1998 y - según lo establecido- estos precios deben reajustarse cada cinco años, pero a casi diez meses desde que venció ese plazo, los valores siguen siendo los mismos y tampoco nadie se ha interesado en cambiarlos. Ante esto, el presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, el abogado Gonzalo Hurtado, responde a CTN: “nosotros siempre estamos pidiendo que nos reajusten, pero no nos dan bola. Y como no nos podemos ir a huelga, no podemos hacer presión”.

Pero esta situación no parece preocuparle mucho a la mayoría de quienes se desempeñan en esta labor, porque en realidad en Chile muchas notarías cobran a su antojo y mientras más alejadas se encuentran del centro de Santiago, el costo por cualquier documento tiende a hacerse mayor.

Por ejemplo, un certificado de estado civil que por decreto debiera costar 250 pesos, vale en una notaría del centro de Santiago alrededor de 1.500 pesos. En cambio, si usted se encuentra en algún paradero de la Gran Avenida, ese mismo documento puede llegar a costarle 2.000 pesos. Es decir, un 800 por ciento más que su valor oficial.

En provincia la historia se mantiene. En la ciudad de La Calera usted paga 1.800 pesos por ese mismo certificado de estado civil. En Valparaíso, en tanto, el valor asciende a los 1.300 pesos.

Y esas son las diferencias de precios que se pagan por documentos sencillos. Pues, cuando se trata de papeles más complejos como por ejemplo un testamento, los cobros fluctúan en miles de pesos de una notaría a otra. Justificando esta situación el notario Gonzalo Hurtado explica: “el caso del testamento es bien emblemático, porque el arancel dice que se debe cobrar 7 mil pesos. Pero nadie cobra eso, porque es esa cifra, más las carillas, la custodia, y la redacción. Entonces, todas esas cosas tienen su precio en el arancel. Entonces ahí se llegan a valores disímiles. Pero no porque uno se esté saliendo de madre, sino que es por las otras tasas que se le agregan”.

Sumando todo esto, resulta un alto costo el que terminan pagando a diario los usuarios. Situación que se produce principalmente por desconocimiento, pues los aranceles reales de cada documento deberían estar publicados en todas las notarías del país a la vista del consumidor. Sin embargo, si usted va a una notaría podrá darse cuenta que es un cartel que no está generalmente a la vista y cuyo tamaño de letra es digno de leerse con una lupa.

A la buena de Dios
Pero la mayoría de estas irregularidades tienen el mismo origen: la falta de fiscalización. Según establece la Corte Suprema, cada notaría debe ser inspeccionada de forma regular por un ministro visitador que verifique que en el lugar se actúe bajo las normas correspondientes del código orgánico. Sin embargo, estos inspectores son los mismos magistrados de la Corte, quienes se dividen un cierto número de notarías.

En un recorrido por las notarías del centro de Santiago se observa que algunos de estos ministros visitadores son, por ejemplo, los jueces Sergio Muñoz Gajardo y Gloria Ana Chevesich. Sólo basta hojear un poco los diarios para ver que estos señores tienen demasiado trabajo como para aparecerse un día cualquiera a revisar alguna notaría, situación que reconoce el Presidente de la Asociación de Notarios.

Y, si es que alguna vez estos miembros de la Corte pasan a fiscalizar, tampoco pueden ejercer un control efectivo. Ya que, “por la agitada agenda de estos personajes, avisan con bastante tiempo de anticipación como para que cuando ellos lleguen todo esté reluciente y en el más completo de los órdenes. Te vas a encontrar con un tremendo cartel con los aranceles y hasta una vieja que diga que el notario es buena persona”, afirma el abogado Álvarez.

Además de esta serie de irregularidades, en las notarías aparecen otro tipo de vicios. Por ejemplo, existen una serie de certificados que requieren de testigos que conozcan a quien pide el documento. Pero si el sujeto en cuestión va sólo a pedir un papel, cualquier persona que se encuentre cerca y hasta las mismas dependientas que trabajan en las notarías se ofrecen “amablemente” para jurar que conocen, de toda la vida, al extraño personaje que tienen delante de sus ojos.

Y, hay más aún. Como el notario no es un personaje visible dentro del lugar, es por lo mismo, un sujeto fácil de engañar y que finalmente no termina dando fe de nada. Declarar con una cédula de identidad falsa y/o suplantar a otra persona, por ejemplo, son acciones fáciles de perpetrar, pues nadie se encarga de verificar esos datos, menos el notario, quien nunca llega a saber si quien pide ese documento corresponde a la misma persona que aparece en el carnet. Cómo, si no alcanzan siquiera a verse las caras.

Quizás si la fiscalización fuera más eficiente se podrían prever y solucionar estas dificultades, pero realmente son pocas las salidas que se ven a este complicado asunto. Varios proyectos parlamentarios que intentaban mejorar el sistema notarial chileno ya han fracasado en el intento, como, por ejemplo, la propuesta de crear una Superintendencia de Servicios Judiciales que planteó en su momento el diputado Antonio Leal ante el Congreso, el Presidente de la Corte Suprema y el Ministro de Justicia.

Pero ninguna de estas iniciativas ha generado frutos, sólo un par de palabras de “buena crianza “ como respuesta y nada de acción. Ni siquiera la misma Asociación de Notarios ha hecho alguna propuesta al respecto, a pesar de reconocer las mismas fallas. Es así como, finalmente, esta problemática situación ha quedado en una verdadera tierra de nadie.


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