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Otro
intento de los legisladores por restringir el ejercicio periodístico.
La
libertad de expresión en entredicho
Detrás
de la iniciativa de algunos parlamentarios de reformar la
Constitución con el pretexto de velar por el respeto
a la vida privada de los ciudadanos se esconde un nuevo intento
de atropellar la libertad de expresión en el país.
Desde la vuelta a la democracia Chile tiene a este tema como
su talón de Aquiles.
Por
Felipe Cantos
Chile es un país de contrastes políticos: por
un lado, en todo el mundo se alaba su transición democrática
y se señala al país como un ejemplo. Existe
la sensación de que hemos hecho bien las cosas, y se
sustenta en que, ya en agosto de 2005 los enclaves autoritarios
y poderes fácticos provenientes de la dictadura no
existen como tales y su influencia ya no es decisiva para
el devenir del país.
En efecto, el Ejército ha vuelto a los cauces democráticos,
en gran medida gracias al retiro de Pinochet de la vida política.
La derecha que en los noventa defendía a brazo partido
al general y su régimen hoy se ve en la obligación
de tener un discurso público discordante, aunque privadamente
muchos aún alaban las bondades de la dictadura. Además,
el Congreso ha eliminado definitivamente a los senadores institucionales,
tanto designados como vitalicios. Es indudable que el Chile
de hoy no es el mismo de hace quince o incluso diez años.
Sin embargo, esta transición tan elogiada posee puntos
oscuros que aún no se resuelven del todo: uno de ellos
se refiere a las restricciones que persistentemente y a lo
largo de estos años post-dictadura han afectado a la
libertad de expresión, lo que repercute directa y negativamente
en el ejercicio libre del periodismo.
Vuelve
la amenaza de restricción a la prensa
Desde
la Cámara de Diputados existió la voluntad (por
lo menos de algunos parlamentarios) de crear una reforma constitucional
que reinterpretase un artículo específico de
la Carta fundamental. Un grupo de parlamentarios propuso ante
la Cámara la idea de agregar un apartado específico
al artículo concerniente a la libertad de las personas
y su vida privada y pública. Para hacer valer el derecho
a la honra, los congresistas indicaron en su proyecto que
el artículo debía tener la siguiente indicación:
“la ley establecerá un sistema integral y efectivo
de protección a estos derechos. Dicha ley podrá
establecer la responsabilidad solidaria de los dueños
de los medios de comunicación por las indemnizaciones
que procedan”, durante el despacho del proyecto sobre
reformas constitucionales.
La
iniciativa cayó como un balde de agua fría en
los medios de comunicación y en el Colegio de Periodistas,
quienes rechazaron la idea de los parlamentarios, pues según
ellos se trataba de un blindaje y no de una efectiva reafirmación
del derecho a la vida privada. Y que esta reforma buscaba,
como tantas otras veces desde el regreso a la democracia,
restringir la libertad de expresión.
Conviene
entonces contextualizar la polémica con el desarrollo
democrático en los años noventa, específicamente
en lo que se refiere a estas restricciones.
Las
restricciones a la libertad de expresión en los noventa
Durante
la década pasada fueron utilizadas en Chile un conjunto
de leyes que dificultan la libertad de expresión, además
de limitar la participación de los chilenos en un debate
público y diverso. Actualmente, podemos decir que Chile
es un país que ha puesto limitantes a la libertad de
expresión hasta niveles inaceptables, por lo que el
país es uno de los más “cojos” en
este aspecto en comparación con el resto de las democracias
occidentales. Esta situación viene incluso desde antes
de la dictadura militar, aunque ésta llevó las
limitaciones a un nivel muy alto.
Para explicar esta situación es posible usar varios
argumentos, la mayoría de ellos vinculados a factores
políticos e institucionales. En cuanto a los políticos,
se puede mencionar el ambiente de consenso que se vivió
luego del retorno a la democracia. La “transición”,
como es llamado este proceso, trajo como consecuencia que
los sectores políticos (especialmente la Concertación,
a cargo del nuevo Gobierno) actuaran con excesiva cautela
y moderación, llegando incluso a practicar la autocensura.
Además, las decisiones judiciales durante este período
representaron un espaldarazo al espíritu de equilibrio
establecido, pues amarraron la libertad de expresión
ejecutando juicios contra periodistas y apoyando a los poderosos.
Los factores institucionales tienen que ver con las trabas
a la libertad de expresión plasmadas en la Constitución
de 1980 aún vigente en nuestro país. Estas trabas
se detallan a continuación, pues es importante identificarlas
como el soporte legal de las restricciones a la libertad de
expresión, que afectan directamente a los medios.
Para comenzar, en el Chile de los noventa se aplicaron leyes
que penalizaban el desacato a las autoridades. Esto quiere
decir que si alguna autoridad política considera injuriosas
u ofensivas expresiones utilizadas por los medios (individualizados
en la figura del periodista) puede invocar estas leyes y mandar
al sujeto en cuestión a la cárcel. Estas leyes
protegen a los miembros de las Fuerzas Armadas, al Presidente
de la República, sus Ministros, a los miembros del
Congreso y a los jueces de la Corte Suprema. Fue particularmente
peligroso el artículo 6(b) de la Ley de Seguridad Interior
del Estado, pues sus penas eran altísimas y lo que
se investigaba es si hubo o no intención de ofender
y no si las acusaciones eran verdaderas. Es decir, durante
la década pasada no se pudo investigar una denuncia
para saber si ésta fue real, sino que se buscaba reponer
la honra del afectado. Estas leyes tienen su origen en el
siglo XIX, por lo que se puede constatar lo anacrónico
de su aplicación. El polémico artículo
fue derogado por la administración del Presidente Ricardo
Lagos el 13 de julio de 2001. Pero otras leyes de desacato
permanecen en los códigos. Hace tres años, el
empresario Eduardo Yánez fue procesado por insultar
a la Corte Suprema, de acuerdo con el artículo 263
del Código Penal. Efectivamente, aún falta eliminar
el resto de estas leyes que atentan contra la democracia.
Cómo la propuesta fue rechazada
Desde la salida de la iniciativa, se desplegó un eficiente
lobby por parte de los medios de comunicación para
frenarla antes de que el Congreso la incluyera en el paquete
de reformas constitucionales y pasara prácticamente
inadvertida ante la importancia de las otras reformas.La instalación
del tema en la prensa produjo reacciones en los candidatos
presidenciales, quienes por unanimidad criticaron la pertinencia
de la reforma. El gobierno también se pronunció,
asegurando que si la reforma veía la luz, el ejecutivo
la vetaría.
El 13 de julio la Asociación Nacional de Prensa (ANP)
envió una carta a los senadores recordando que “fue
muy lamentable” que el Senado no haya eliminado el término
“vida pública” (propuesta del senador socialista
José Antonio Viera-Gallo) y protestando por su mantención.
Un extracto de la carta fue reproducido por “La Nación”
: “No sabemos de la existencia de una formulación
semejante en ningún país democrático
del mundo y nos cuesta concebir en qué forma objetiva
puede protegerse la vida pública de una persona. Ahora
estamos frente a una peligrosísima norma en blanco”,
fueron las palabras del gremio.
Finalmente, el día en que se debía votar la
reforma llegó. La presión de los medios y la
voz discordante del gobierno lograron frutos positivos. La
propuesta fue rechazada por 38 votos a favor y una abstención,
la del senador Nelson Ávila. Al final quedaron todos
conformes, y la propuesta se esfumó rápidamente,
a pesar de toda la polvareda que levantó. Estos intentos
por restringir la libertad de expresión son cada vez
más esporádicos, pero aún no son erradicados
de una democracia de la que Chile se vanagloria.
Sitios
relacionados:
Programa
Interdisciplinario de Libertad de Expresión. ICEI,
Universidad De Chile.
Senado,
República de Chile.
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