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Chile
se une al resto de América Latina en aplicación
de impuestos a la minería
Royalty II, lo menos que el gobierno
pudo hacer, literalmente
Después
del fallido intento del 2004, el parlamento aprovó
un nuevo "Royalty" que recaudará
entre 150 y 200 millones de dólares, que serán
destinados a educación e innovación tecnológica.
Entre divergencias de definición y estrategias comunicacionales,
el Royalty II ya está en práctica en Chile y
se perfila como un nuevo foco de debate en el futuro de la
minería nacional.
Por
Juan Andrés Lizama y Jorge Rizik
Larga es la lista de discusiones políticas, económicas,
pero casi nunca sociales, respecto de la gran minería
en Chile. Y sólo hasta el 2005 se discutió uno
de los temas más importantes de la extracción
minera chilena: la aplicación de un royalty,
tema que hasta ahora no tuvo cabida en el quehacer nacional.
Cómo no recordar la nacionalización del cobre,
cuando en julio de 1971, durante el gobierno de Salvador Allende,
el congreso aprobó por unanimidad la dispocición
que devolvía a Chile el control de la Gran Minería.
Han pasado 34 años de aquel histórico acontecimiento
cuando se llegó a decir que Chile se ponía los
pantalones largos, pero ahora la minería chilena se
encuentra en una vereda totalmente distinta a la soñada
por Allende y los políticos de la época. El
golpe de Estado, los Chicago boys, el neoliberalismo y la
Constitución Política de 1980 han llevado a
la minería nacional al control mayoritario de las transnacionales
mineras.
Durante muchos años no existió un debate acerca
del tema, hasta que en marzo del 2004 un grupo de parlamentarios
de la Concertación decidió presentar un proyecto
de royalty minero. El tema se instaló en la
agenda pública, pero la discución se dio sin
mucho conocimiento, llegando a aparecer propuestas que involucraban
el aumento de las patentes, que dista mucho de la intención
inicial de los parlamentarios.
Aquel proyecto se perdió en el parlamento, pero permitió
la aparición, en gloria y majestad, del Royalty
II ideado en el seno del Ministerio de Hacienda. Si bien,
este proyecto no correspondía a un royalty
propiamente tal, comunicacionalmente se trato de esa manera.
En conversación con CTN, el diputado Jaime Mulet, miembro
de la comisión minera de la Camara, señaló
que “aquí hubo un triunfo comunicacional del
gobierno, planteándole la necesidad de un royalty a
la ciudadanía y logrando el apoyo de esta, con lo que
logró presionar a los parlamentarios para que se aprobara
el proyecto”.
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Es
así como en mayo de 2005 se logra la promulgación
del Royalty II. Si bien, este proyecto aporta en
algo a la tributación minera, está lejos de
tener las características de un tributo de ese tipo,
que desde hace algunos años se aplica en casi la totalidad
de América Latina, donde solo Chile y México
se mantienen ajenos a la medida.
Esto ocurre, principalmente, por la poca información
con la que políticos y personeros del sector privado
discuten públicamente estos temas. La clave de este
proceso comunicacioal fallido es que, remitiéndose
a un lenguaje técnico, no dan respuestas claras respecto
del funcionamiento de la minería y de las leyes que
a ella atañen. El tema no es nuevo. Ejemplo de ello
es la discución de la carga tributaria en los años
noventa, donde el debate estuvo centrado en los valores del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) y no en los cambios que se
establecían para la tributación minera.
La
llegada del Royalty II
Actualmente
la minería chilena está en más de 70%
exceptuando a Codelco, en manos de privados. A ellos se les
entrega la conceción de los yacimientos, de forma casi
perpetua, para su explotación. Las mineras pagan al
Estado por concepto de patentes y la tributación que
realizan con base en la renta efectiva, es decir, las utilidades
finales que obtengan.
Por
años, las transnacionales mineras se las han arreglado
para evadir impuestos, a través de, por nombrar algunos
casos, la declaración de la pérdida de utilidades
en empresas relacionadas con los mercados de futuro o con
la depreciación de sus maquinarias. Por esta razón
fue necesaria una revisión de la tributación
minera o la aplicación de un royalty.
¿Qué
es un royalty? |
Un
royalty o regalía es un impuesto que se cobra
por explotar recursos naturales no renovables de un
país o territorio. La justificación para
el cobro está en que ese recurso, una vez extraído
del lugar, desaparece para siempre, lo que ocasiona
una pérdida irrecuperable. En el caso de Chile,
la iniciativa que hoy está en el centro de la
noticia se basa en la posible fijación de un
impuesto específico a las empresas mineras por
explotar fundamentalmente cobre. La idea es que las
compañías que explotan yacimientos en
Chile - la mayoría de origen transnacional- paguen
a la sociedad el valor de los recursos que extraen,
lo que se denomina también como renta económica.
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En
este contexto, la Constitución chilena establece que
el Estado posee el dominio absoluto, exclusivo, inalienable
e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales,
con excepción de las arcillas superficiales. En este
marco, un royalty es la expresión del derecho
de propiedad del Estado sobre los recursos mineros. Este dominio
habilita al Estado para cobrar una prestación a los
particulares que explotan y aprovechan la riqueza minera.
El royalty se basa en la calidad de recurso no renovable
que tienen los minerales, en la necesidad de no subsidiar
a los productores, con la consiguiente repercusión
en los precios y en la compensación que debe recibir
el propietario por ingresos o ganancias extraordinarias que
reciben los concesionarios.
Sin embargo, el Royalty II es un impuesto específico
que se le aplica a las mineras solo si obtienen utilidades
sobre el 5% de los costos de la extracción. Pero en
realidad, un royalty es un impuesto que se da siempre,
ya que se aplica sobre el mineral extraído, sin importar
las utilidades de la empresa. Lo que hizo el gobierno del
presidente Ricardo Lagos en mayo, no fue aprobar un royalty,
sino que más bien, fue una maniobra comunicacional
con miras a demostrar la capacidad de legislar acerca del
tema.
Al respecto, Mulet añade que “es un royalty pequeño,
no cumple con las expectativas que nos planteamos con los
parlamentarios que presentamos el proyecto de royalty en el
2004, pero es un avance”.
Mucho más crítico con el tema se muestra Julián
Alcayaga, presidente del Comité por la Defensa del
Cobre, quien señaló a CTN que “por años
se ha estado regalando a las transnacionales el patrimonio
de todos los chilenos. El royalty era un paso importante que
se pudo dar, pero este nuevo impuesto tampoco se va a pagar,
ya que es un impuesto a las utilidades ¿Y si las empresas
no declaran utilidades?”.
Pero Alcayaga va más alla, y centra su mirada en un
punto no menor de esta nueva disposición. “Pero
lo peor es que se modifica el DL600 que establece la invariabilidad
tributaria. Las empresas que se acogan ahora a esto, tendrán
invariabilidad sobre los impuestos y también sobre
las regalías. Por lo que si la señora Michelle
Bachelet se acuerda de que es socialista y quiere aplicar
un royalty no podrá”.
El debate, en este caso, ha permitido el desarrollo de un
tema que durante mucho tiempo no fue tocado, pero además
establece un cierto tipo de complicidad entre el sector público
y privado que, lamentablente, no alcanza a ser parte del conocimiento
de cualquier ciudadano.
En definitiva, las medidas políticas y económicas
en el caso de la minería, que deberían ser punta
de lanza de todos los gobiernos, se han transformado en un
juego de palabras rimbombantes y definiciones poco acertadas
que, si bien son un beneficio para todos los chilenos, continúan
caracterizándose como lo lograble “en la medida
de lo posible”.
Sitios relacionados:
Comité
de defensa y recuperación del cobre
Consejo
Minero
Senado,
República de Chile.
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