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Chile se une al resto de Latino América en aplicación de Royalty a la minería
Royalty II, lo menos que el gobierno pudo hacer, literalmente

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Economía

Chile se une al resto de América Latina en aplicación de impuestos a la minería

Royalty II, lo menos que el gobierno pudo hacer, literalmente

Después del fallido intento del 2004, el parlamento aprovó un nuevo "Royalty" que recaudará entre 150 y 200 millones de dólares, que serán destinados a educación e innovación tecnológica.

Entre divergencias de definición y estrategias comunicacionales, el Royalty II ya está en práctica en Chile y se perfila como un nuevo foco de debate en el futuro de la minería nacional.

Por Juan Andrés Lizama y Jorge Rizik


Larga es la lista de discusiones políticas, económicas, pero casi nunca sociales, respecto de la gran minería en Chile. Y sólo hasta el 2005 se discutió uno de los temas más importantes de la extracción minera chilena: la aplicación de un royalty, tema que hasta ahora no tuvo cabida en el quehacer nacional.

Cómo no recordar la nacionalización del cobre, cuando en julio de 1971, durante el gobierno de Salvador Allende, el congreso aprobó por unanimidad la dispocición que devolvía a Chile el control de la Gran Minería.

Han pasado 34 años de aquel histórico acontecimiento cuando se llegó a decir que Chile se ponía los pantalones largos, pero ahora la minería chilena se encuentra en una vereda totalmente distinta a la soñada por Allende y los políticos de la época. El golpe de Estado, los Chicago boys, el neoliberalismo y la Constitución Política de 1980 han llevado a la minería nacional al control mayoritario de las transnacionales mineras.

Durante muchos años no existió un debate acerca del tema, hasta que en marzo del 2004 un grupo de parlamentarios de la Concertación decidió presentar un proyecto de royalty minero. El tema se instaló en la agenda pública, pero la discución se dio sin mucho conocimiento, llegando a aparecer propuestas que involucraban el aumento de las patentes, que dista mucho de la intención inicial de los parlamentarios.

Aquel proyecto se perdió en el parlamento, pero permitió la aparición, en gloria y majestad, del Royalty II ideado en el seno del Ministerio de Hacienda. Si bien, este proyecto no correspondía a un royalty propiamente tal, comunicacionalmente se trato de esa manera. En conversación con CTN, el diputado Jaime Mulet, miembro de la comisión minera de la Camara, señaló que “aquí hubo un triunfo comunicacional del gobierno, planteándole la necesidad de un royalty a la ciudadanía y logrando el apoyo de esta, con lo que logró presionar a los parlamentarios para que se aprobara el proyecto”.

Es así como en mayo de 2005 se logra la promulgación del Royalty II. Si bien, este proyecto aporta en algo a la tributación minera, está lejos de tener las características de un tributo de ese tipo, que desde hace algunos años se aplica en casi la totalidad de América Latina, donde solo Chile y México se mantienen ajenos a la medida.

Esto ocurre, principalmente, por la poca información con la que políticos y personeros del sector privado discuten públicamente estos temas. La clave de este proceso comunicacioal fallido es que, remitiéndose a un lenguaje técnico, no dan respuestas claras respecto del funcionamiento de la minería y de las leyes que a ella atañen. El tema no es nuevo. Ejemplo de ello es la discución de la carga tributaria en los años noventa, donde el debate estuvo centrado en los valores del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y no en los cambios que se establecían para la tributación minera.

La llegada del Royalty II

Actualmente la minería chilena está en más de 70% exceptuando a Codelco, en manos de privados. A ellos se les entrega la conceción de los yacimientos, de forma casi perpetua, para su explotación. Las mineras pagan al Estado por concepto de patentes y la tributación que realizan con base en la renta efectiva, es decir, las utilidades finales que obtengan.

Por años, las transnacionales mineras se las han arreglado para evadir impuestos, a través de, por nombrar algunos casos, la declaración de la pérdida de utilidades en empresas relacionadas con los mercados de futuro o con la depreciación de sus maquinarias. Por esta razón fue necesaria una revisión de la tributación minera o la aplicación de un royalty.

¿Qué es un royalty?

Un royalty o regalía es un impuesto que se cobra por explotar recursos naturales no renovables de un país o territorio. La justificación para el cobro está en que ese recurso, una vez extraído del lugar, desaparece para siempre, lo que ocasiona una pérdida irrecuperable. En el caso de Chile, la iniciativa que hoy está en el centro de la noticia se basa en la posible fijación de un impuesto específico a las empresas mineras por explotar fundamentalmente cobre. La idea es que las compañías que explotan yacimientos en Chile - la mayoría de origen transnacional- paguen a la sociedad el valor de los recursos que extraen, lo que se denomina también como renta económica.

En este contexto, la Constitución chilena establece que el Estado posee el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, con excepción de las arcillas superficiales. En este marco, un royalty es la expresión del derecho de propiedad del Estado sobre los recursos mineros. Este dominio habilita al Estado para cobrar una prestación a los particulares que explotan y aprovechan la riqueza minera.

El royalty se basa en la calidad de recurso no renovable que tienen los minerales, en la necesidad de no subsidiar a los productores, con la consiguiente repercusión en los precios y en la compensación que debe recibir el propietario por ingresos o ganancias extraordinarias que reciben los concesionarios.

Sin embargo, el Royalty II es un impuesto específico que se le aplica a las mineras solo si obtienen utilidades sobre el 5% de los costos de la extracción. Pero en realidad, un royalty es un impuesto que se da siempre, ya que se aplica sobre el mineral extraído, sin importar las utilidades de la empresa. Lo que hizo el gobierno del presidente Ricardo Lagos en mayo, no fue aprobar un royalty, sino que más bien, fue una maniobra comunicacional con miras a demostrar la capacidad de legislar acerca del tema.

Al respecto, Mulet añade que “es un royalty pequeño, no cumple con las expectativas que nos planteamos con los parlamentarios que presentamos el proyecto de royalty en el 2004, pero es un avance”.

Mucho más crítico con el tema se muestra Julián Alcayaga, presidente del Comité por la Defensa del Cobre, quien señaló a CTN que “por años se ha estado regalando a las transnacionales el patrimonio de todos los chilenos. El royalty era un paso importante que se pudo dar, pero este nuevo impuesto tampoco se va a pagar, ya que es un impuesto a las utilidades ¿Y si las empresas no declaran utilidades?”.

Pero Alcayaga va más alla, y centra su mirada en un punto no menor de esta nueva disposición. “Pero lo peor es que se modifica el DL600 que establece la invariabilidad tributaria. Las empresas que se acogan ahora a esto, tendrán invariabilidad sobre los impuestos y también sobre las regalías. Por lo que si la señora Michelle Bachelet se acuerda de que es socialista y quiere aplicar un royalty no podrá”.

El debate, en este caso, ha permitido el desarrollo de un tema que durante mucho tiempo no fue tocado, pero además establece un cierto tipo de complicidad entre el sector público y privado que, lamentablente, no alcanza a ser parte del conocimiento de cualquier ciudadano.

En definitiva, las medidas políticas y económicas en el caso de la minería, que deberían ser punta de lanza de todos los gobiernos, se han transformado en un juego de palabras rimbombantes y definiciones poco acertadas que, si bien son un beneficio para todos los chilenos, continúan caracterizándose como lo lograble “en la medida de lo posible”.


Sitios relacionados:


Comité de defensa y recuperación del cobre

Consejo Minero

Senado, República de Chile.

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