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Democracias ilícitas

Por Lorena Caimanque y Natalia Caro


La corrupción política nos carcome desde tiempos remotos, es por así decirlo, otro de los legados de la colonia y que los criollos supieron perfeccionar. Cuentas especiales, falta de control y soborno son algunos de los estandartes que Latinoamérica levanta vergonzosamente, llevando a muchos países a la banca rota, mientras que sus lideres disfrutan de la bonanza ilícita.

A esto debe agregarse la idea de que nadie se hace rico de la noche a la mañana, por lo tanto, si una persona posee mucho dinero solo tiene tres opciones: La primera, podría ser porque lo heredó, la segunda porque lo ganó -ya sea por un tesoro hallado o por un juego de azar- y la tercera, o bien se lo robó o lo obtuvo por un medio ilícito. Y es en este punto donde la última opción adquiere relevancia si consideramos que las dos primeras opciones son escasas. La tercera, en cambio, representa algo cotidiano en nosotros. Es, en suma, corrupción pura.

Son los principios acreedores, los privilegios irregulares, concesiones discretas, permisos y adjudicaciones especiales, así como también el manejo y la supresión de información, los elementos que sirven para garantizar el funcionamiento de la corrupción como una institución.

Una larga lista de mandatarios corruptos posiciona globalmente a la región como referente de prácticas enmarcadas fuera de la ley. En la actualidad, Luis Ignacio Lula da Silva, ve enturbiado su gobierno por diferentes casos de corrupción. Así, quien accedió a la presidencia con un 62% de apoyo, es decir, alrededor de 57 millones de brasileños, hoy es cuestionado por la opinión pública luego de que hace algunos meses se hiciera pública la red de sobornos que algunos integrantes del Partido de Trabajadores (PT) habrían gestionado con otras alianzas políticas a cambio de apoyo al gobierno de Lula.

Diez millones de dólares declaró haber aceptado el presidente del Partido Liberal a cambio de establecer una coalición con el PT y no obstaculizar la gestión de quien es el primer presidente de origen obrero. Además, el antiguo tesorero del PT, admitió haber recaudado fondos ilegales para el financiamiento de diversas campañas políticas.

Aunque Lula niega estar implicado en estos actos inescrupulosos, su vínculo es indiscutible. Mientras algunos sectores del Congreso barajan su destitución, o el “acuerdo amistoso” que permitirá su continuidad siempre y cuando no se presente para las próximas elecciones, la estabilidad económica y política de Brasil -un país que hasta el minuto se presentaba como referente dentro de Latinoamérica en lo que respecta a las políticas económicas aplicadas- está en vilo.

Pero la lista continúa. En 1992 Fernando Collor de Mello, quien se vio obligado a renunciar antes de ser destituido, fue acusado de extorsión, tráfico de influencias y complicidad en actos de corrupción. En Ecuador, Abdalá Bucaram, fue relevado en 1997 por el Parlamento bajo el argumento de “incapacidad mental para gobernar”, estado que quizás lo llevó a huir del país para no ser capturado luego de acusaciones de ineptitud, despilfarro y apropiación ilícita.

En Colombia, Ernesto Samper fue acusado de haber recibido cuatro millones de dólares procedentes del Cartel de Cali. Estos fondos fueron destinados para el financiamiento de su campaña electoral. Del mismo modo, Ecuador suma dos presidentes más a su lista de corrupción: Fabián Alarcón Rivera y Jamil Mahuad, el primero acusado de contratar irregularmente a 2089 personas en el congreso, quienes a pesar de nunca haber cumplido sus funciones, cobraron sus salarios durante tres años, mientras que al segundo se le dicto orden de arresto por malos manejos administrativos. A ellos se les suma Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela y Juan Carlos Wasmosy, presidente de Paraguay, ambos sometidos a juicio por mal desempeño de sus funciones, en resumidas cuentas, por corrupción.

Y en Centroamérica los casos de República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, presentan reiteradas denuncias de millonarias malversaciones de fondos gubernamentales. Una historia que se repite en estos países, donde la apropiación indebida de fondos estatales es una de las prácticas más nocivas que ponen en cuestionamiento sus sistemas democráticos.

Según los analistas internacionales, la "crisis de democracia" en los países latinoamericanos está directamente relacionada con los niveles de corrupción de sus gobernantes. Asimismo, la corrupción es consecuencia de un sistema globalizado sin gobernabilidad, sin posibilidades de tener instituciones preparadas para hacer contrapeso a los actos ilícitos.

En este sentido, para el cientista político Juan Francisco Coloane, la corrupción aparece cuando no hay fiscalización. "Si el sistema de representatividad no es real, los políticos se encaraman en el poder, propendiendo a la corrupción", observa. Así, un corrupto se mantiene y legitima en el poder, porque tiende a la perpetuidad, que es intrínseca a la política. Por ello, esta práctica sigue siendo un reflejo de la baja calidad de las democracias en nuestra región, de la debilidad de sus instituciones y de una cultura muy arraigada.

Hoy en día la estructura básica de la política es la reciprocidad. No hay firmes compromisos ideológicos, ni virtudes republicanas o un “orden moral”, a cambio encontramos transacciones, formas peculiares de intercambio, premios y sobornos.

Los argentinos sí que saben de esto. Carlos Saúl Menem, presidente en dos oportunidades, terminó su gobierno con diversas acusaciones de corrupción. Producto del proceso judicial que investigaba su presunta participación en la venta ilícita de armas a Ecuador y Croacia, debió permanecer bajo arresto domiciliario en 2001. Además, confesó poseer una cuenta bancaria en Suiza por 600.000 millones de dólares.

Negando todas las acusaciones, Carlos Menem ha soslayado audazmente cualquier cargo que lo lleve a presentarse ante la ley. Y es que el ex mandatario posee un ansia incontenible de poder. Así, en 2003 se presenta nuevamente como candidato a la presidencia, nada impidió su repostulación, ni siquiera el 85% de imagen negativa con el que abandonó su gobierno.

Actualmente Menem prepara su arremetida en política. Ahora es candidato a senador nacional por La Rioja para las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 23 de octubre. De conseguir el puesto senatorial, alcanzaría también la inmunidad parlamentaria, por lo que la justicia no podrá procesarlo.

Otro caso emblemático lo encontramos en Perú. A pesar de estar inhabilitado hasta el 2011 para ejercer cargos públicos, Alberto Fujimori anuncia desde Tokio su retorno a la presidencia. Al ex mandatario no le importan ni los dictámenes del Tribunal Constituyente, ni las acusaciones por violación a los derechos humanos. En total son 22 causas las que lo persiguen y lo convierten, según Naciones Unidas, en uno de los 10 mandatarios más corruptos del mundo.

Por ahora, la justicia peruana solicita una y otra vez su extradición desde Chile para llevar a cabo su juicio, luego de que ingresara ilegalmente a nuestro país el pasado 6 de noviembre, con el objeto de acercarse cada vez más al electorado peruano y posicionar su candidatura para las próximas elecciones presidenciales de esa nación.

¿Pero qué es lo que permite a estos actores seguir vigentes dentro de la escena política? Para el cientista político Francisco Coloane, "el Estado liberal se reproduce con los mismos vicios y se autoprotege. En Latinoamérica hay una decadencia tanto del sistema político y de los partidos. Ello explica el caso de Menem, en donde los partidos políticos mantienen la misma estructura y los mismos personajes, casi como una herencia".

La inestabilidad y el aumento en las diferencias económicas y la pobreza, en el contexto de las privatizaciones y beneficios a empresas, se generan por el fracaso de la nueva generación de demócratas y su incapacidad de afrontar de forma efectiva los retos de sus países. Además, la corrupción está afectando al crecimiento económico de los mismos -reduciéndolo hasta en un 15% según señalan algunos informes- porque influye en la confianza de los ciudadanos y ahuyenta a los inversionistas.

En la Cumbre Extraordinaria de las Américas, realizada en la ciudad de Monterrey México, los líderes de 32 países reconocieron que “la corrupción y la impunidad debilitan las instituciones públicas y privadas, erosionan la moral de los pueblos, atentan contra el Estado de Derecho y distorsionan las economías y la asignación de recursos para el desarrollo". La idea central es promover la transparencia y desarrollo de las democracias.

Si bien la corrupción es intrínseca a los sistemas políticos con baja representatividad, una de las medidas a considerar se manifiesta en la aplicación de medidas enfocadas a cautelar las bases del Estado de derecho. En donde la política este al servicio de la justicia y no la justicia al servicio de un partido político.

Cabe destacar, que si bien la corrupción es institucional, los ciudadanos también tenemos responsabilidad. La pereza e indolencia amplia de la población, el miedo a denunciar y el propio desinterés en la política son factores que actúan como detonantes de la viciosa práctica. Mientras que en lo cotidiano se manifiesta cuando ofrecemos dinero al oficial de policía para evita pagar una multa o cuando sobornamos a un maestro para que nos apruebe. Es por ello que para exigirle transparencia a los gobiernos, los ciudadanos tenemos que dejar de participar en el juego, ya que la corrupción ocurre al interior de las diversas esferas sociales y no solo en la política.