Por Laureano Checa

El domingo 17 de septiembre, como cualquier día libre, amanecí a las tres de la tarde. Como cualquier día libre, contemplé largo rato el techo de mi habitación y, como cualquier día libre, me levanté a buscar el diario.

El Mercurio de esa mañana traía en portada una imagen sacada de la televisión donde estaba el Presidente peruano, Alberto Fujimori, en lo que parecía un mensaje al país. A su lado, un titular a dos columnas rezaba: Sorpresiva Renuncia de Fujimori.

Mi alegría no fue enorme... fue inmensa. No porque sea un antifujimorista, ni un antipolíticos ni un antinada. La única y más grande razón para estar alegre era que no había pasado en mi turno.

Generalmente, los días sábados por la noche me toca cubrir el turno vespertino de la sección de informaciones internacionales. Por lo mismo, creo que el destino me sonrió al haber cambiado ese turno.

De haber trabajado esa jornada, me habría visto en la obligación de cambiar totalmente la noticia de portada, llamar al editor de turno a su casa para que vuelva al diario, hacer todos los cambios en carrera o mandar a parar las prensas... En fin, todo lo que tuvo que hacer quien quedó esa noche.

Toda esa alegría me embargaba mientras desayunaba mi almuerzo.

Obviamente, las autoridades continentales no veían con tanto humor el asunto. Por el contrario, los organismos internacionales y los gobiernos del mundo miraron –y miran- con mucha preocupación hacia los rasgados ojos del mandatario en vías de ser ex.

Como en todos los sucesos de la Historia, el vaso estaba lleno de agua. Sólo bastaba una pequeña gota para causar un enchastre y, como buen país latinoamericano, la gotita en realidad fue un chorro.

La base de Fujimori en el poder en Perú tenía nombre y apellido: Vladimiro Montesinos, el oscuro asesor presidencial que estaba a cargo del aparato de inteligencia del país andino.

Sobre el "monje negro" pesaban numerosos cargos de violaciones a los derechos humanos, nexos con el narcotráfico y rumores que lo vinculaban con el reciente tráfico de armas jordanas para la guerrilla colombiana... En fin, no era una persona con un currículum en blanco precisamente...

Sin embargo, no fue una investigación de la policía peruana, ni de los tribunales, ni del Ejecutivo la que precipitó la caída de Montesinos y, con él, de la administración Fujimori. Fue un video divulgado por la prensa.

La grabación fue obtenida por los servicios de inteligencia peruanos (del sector que no comulga con el asesor presidencial, claro), sí; fue llevada a la prensa por Fernando Olivera, un renombrado político opositor a Fujimori, también; pero la publicación y, por lo mismo, la entrega a la ciudadanía, corrió por cuenta de los periodistas.

Las imágenes captadas eran bastante explícitas. Montesinos aparecía entregando un sobre con US$15.000 al congresista peruano Alberto Kouri para que este parlamentario se pasara al bando oficialista. Era uno más de los legisladores "tránsfugas", comprados por el Ejecutivo a la oposición.

Entrar en mayores detalles del caso, sería enredar la percepción del lector. Si a estas alturas no saben para dónde va este ensayo, precisar más una realidad peruana sólo contribuiría a agravar la situación.

¿Qué tienen que ver Perú, Fujimori, Montesinos o los servicios de inteligencia del país hermano con la libertad de expresión en Chile? En verdad, nada... pero grafican mucho.

La eliminación del artículo número 22 de la Ley sobre Abusos de Publicidad del texto del veto aditivo a la Nueva Ley de Prensa enviada por el Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, en agosto del 2000 a la Cámara de Diputados, y la inclusión en su reemplazo del artículo 161-A del Código Penal –también conocido como Ley Otero-, sólo sirven para impedir la caída de un eventual Montesinos chileno.

Según la polémica Ley Otero, quien grabe o capte imágenes en un recinto privado sin autorización, comete un delito; quien las divulgue, también. Por supuesto, claro está, que se le vaya a pedir su consentimiento al afectado...

Desgraciadamente, y para el beneficio de algunos, actuar como se procedió en el caso peruano trae mayores perjuicios para quien da a conocer esta información que para quien comete el ilícito. Curioso.

Por suerte para la sociedad chilena, al menos en el plano de la teoría, los medios nacionales privilegian el valor de la información –si es de este tenor, por supuesto- por sobre el miedo a las represalias. La razón: tener un "golpe noticioso" como este entre manos, y no divulgarlo, constituye un pecado capital contra todos los valores periodísticos.

Ahora, un tema es lo que los medios vayan a hacer y otra muy distinta son las limitantes a las que se ven enfrentados para hacerlo. Limitantes, por lo demás, que desaparecen y vuelven a asomarse a lo largo de todo el proceso de estudio en el Parlamento del proyecto de ley de prensa.

Según explica el asesor legal del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Ernesto Galaz, la idea del Ejecutivo al introducir dentro del veto presidencial a la ley de prensa el tema de la privacidad y la intimidad de las personas perseguía poner sobre el tapete este asunto y lograr una discusión más acabada.

Intenciones bastante nobles, por lo demás.

La idea era generar un espacio de discusión, agrega, donde se pueda decidir como sociedad cuál es el límite del derecho a la intimidad y la vida privada de las personas.

¿El hogar? ¿La oficina? ¿Un Parque? ¿Cuál de todos –o todos- son lugares donde se goza del derecho a la intimidad?

Según la Real Academia Española, la intimidad es la zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia; y lo privado es lo particular y personal de cada uno.

Aunque bastante clarificadores, los letrados en leyes necesitan una definición legal al respecto. El problema está en que los propios juristas no logran ponerse de acuerdo...

Hay quienes postulan que el hogar (lo llaman "el hogar doméstico", un poco por esa manía de los expertos en derecho de precisar exageradamente los conceptos) es un lugar íntimo. Otros argumentan que el hogar de un personaje público, en cuanto éste suele abrirlo a la prensa, deja de serlo.

Sin embargo, la interpretación que a juicio de la prensa es la más correcta indica que si se está cometiendo un ilícito, y la comisión de éste es de interés público, no importa dónde se ejecute.

Por supuesto, la clase política de este país no está de acuerdo con los preceptos que maneja la prensa.

Miguel Otero, propulsor de la indicación que lleva su nombre (bueno, su apellido, para ser precisos) cree que la prensa no debe vulnerar la privacidad de las personas. No importan las razones.

A su juicio, permitir que la prensa se meta en la vida privada de las personas se traduce, automáticamente, en la creación de una clase privilegiada dentro de la sociedad chilena: la clase de los periodistas, la cual tiene menores limitaciones que el resto de la población.

Peculiar asunto que a cualquier lector medianamente informado le sonará conocido, pero con nombres distintos.

Según las apreciaciones de este ex senador y ex presidente de la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara Alta, la difusión de imágenes donde aparezca un legislador chileno entregando información clasificada a un país hostil –en caso de que lo haya actualmente- es un delito.

Similar opinión expresó el diputado concertacionista Sergio Elgueta, otro avezado estudioso del proyecto de ley de prensa, ex presidente de la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara Baja y ex miembro de la Comisión mixta que estudió el proyecto.

Para él no es válido que el periodista utilice como recurso una cámara escondida, y meterse en la oficina de un Montesinos a pedir dinero a cambio de favores. No, porque el periodismo no tiene un rango constitucional de policía, por lo que no puede inmiscuirse en temas de delitos. Y porque el periodista estaría incentivando al otro a cometer el ilícito. En pocas palabras, nuestro "monje negro" estaría siendo una víctima del periodista.

No. Esa filmación –ilegal, por supuesto- debe ser entregada a la Justicia, no a la opinión pública, porque, según él, nada justifica la intromisión en la vida privada de las personas. Ni siquiera el interés público. Notable.

¿Cuál es el miedo? ¿Miedo de los políticos a ser controlados? ¿Preocupación de los gobernantes por el derecho a la privacidad de sus gobernados? ¿Temor a que se imponga un Estado orwelliano?

Quién sabe... Puede que de todo un poco y de nada mucho. Tal vez.

Es cierto –tal como señala Miguel Otero- que al dejar en manos de un sector de la población el derecho a entrometerse en la vida privada de sus pares es entregar injustamente beneficios desmedidos a algunas personas.

También es efectivo que de darle este derecho a la prensa, sería muy difícil controlar su aplicación, lo que daría –en el papel- infinitas atribuciones a los periodistas.

No obstante, la idea de un estado policial encabezado por periodistas parece un tanto lejana, por no decir rayana en lo irracional.

Además, esta visión demuestra un notable desconocimiento del tipo de periodismo que se practica en este país.

Antes de detallar mayormente este concepto es recomendable hacer un paréntesis y citar a las anteriores fuentes. Tanto el ex senador Otero como el asesor Galaz coinciden en que las leyes generalmente obedecen a un contexto político, por un lado, pero que las buenas leyes son las que piensan a futuro la materia que tratan.

El proyecto de ley, en su estado actual, piensa a futuro en las posibles aplicaciones de la ley. Y lo piensa tan a futuro y de manera tan específica, que corre un alto riesgo de caer en la obsolescencia. La razón de esto es que la ley pretende anticiparse a las tecnologías venideras antes de que vengan, por lo cual puede verse superada, precisamente, por ellas mismas.

En el caso de la vulneración de la intimidad o la privacidad, esto se refleja en el uso de micrófonos o cámaras ultrarrevolucionarias que permitan captar conversaciones secretas o quién sabe qué. Lo cual, cabe destacar, es una posibilidad que no merecería descartarse. En el plano de las posibilidades, claro está.

Ahora, en términos de contexto histórico, tal como expresaba anteriormente, los temores manifestados demuestran un desconocimiento de la manera en que se ejerce el periodismo en nuestro país.

Actualmente, en Chile la prensa no se entromete en la vida privada de las personas.

La idea de tener papparazzis que persigan al Jet-set nacional es tan real y seria como una postulación de Quellón a la organización de los Juegos Olímpicos subsiguientes.

No es un secreto que los periodistas manejan mucha más información que lo que sale publicado en los medios. Y no sale, precisamente, porque esa información es parte de la vida privada de las personas.

Las preferencias sexuales de un político o las adicciones de un galán de teleseries, son problemas personales en los cuales el periodismo suele no entrometerse.

Pero la adicción a las drogas de un político –en caso de comprobarse- es un hecho ante el cual la prensa no puede hacer vista gorda. Y no lo puede hacer por dos razones básicas: uno, porque es necesario que se sepa que ese personaje es un potencial blanco de chantaje para narcotraficantes, y dos, porque el ciudadano de la circunscripción respectiva (si el adicto fuera un parlamentario) tiene derecho a saber si su representante es un cocainómano, heroinómano o lo que sea.

Principalmente porque ese pequeño pecadillo privado influye en su desempeño, y puede no ser tan privado ni tan íntimo.

Ahora, parece un poco exagerado que la clase política reclame un resguardo a su privacidad –y la del resto de los ciudadanos, pero en especial la suya- cuando la prensa ni siquiera se dedica a difundir datos sobre el desempeño laboral de algunos parlamentarios (algunos continúan trabajando en sus buffetes de abogados), tarea que puede ser objetada o, al menos, cuestionada si es o no incompatible con su función pública. Y ni hablar del tema de la residencia en la región que representan (asunto que afecta a muchos alcaldes, por ejemplo).

Pero ese no es el único tema...

¿Qué pasa con la figuración pública de los personajes que desfilan por los medios? ¿Pueden éstos exigir un respeto a su intimidad o a su privacidad igual que el resto de la población cuando, en muchas ocasiones, son ellos mismos los que le dan el paso a la prensa al living de su casa?

Ojo. No se está planteando aquí que si un cantante deja entrar a un periodista a su hogar, éste tenga derecho a plantarle un micrófono para escuchar sus conversaciones privadas. No. Pero sí parece contradictorio que un personaje público abra su casa a la prensa cuando está en plena campaña por darse a conocer –o darse a conocer más- y luego se queje porque se publicó que su hijo chocó borracho.

Guardando las proporciones, eso es tan ilógico como que el ministro de Obras Públicas cite a una conferencia de prensa para hablar del maravilloso estado de las carreteras chilenas y se enojara porque aparecen publicados los hoyos de las rutas del país.

Lejos de esas precisiones legales, el periodismo –por una cuestión de piel- deja librado a su criterio y a su intuición el divulgar informaciones del tipo de aquella que provocó el "Chinogate".

En ese sentido, el factor que prima en la entrega de una noticia del tenor de la anteriormente detallada es la noción de "golpe periodístico".

Esta definición es una suerte de mezcla indefinible entre dar primero la información y dar una información que va a remecer a la opinión pública. Mezcla indefinible porque su definición no se agota en ninguno de los factores sino en la suma de ambos y su potenciación por esta adición. Mezcla indefinible le queda mejor. O simplemente "golpe".

La posibilidad de "golpear" con este tipo de información se convierte en una tentación muy grande para los medios. Tentación, por lo demás, que no están dispuestos desperdiciar.

Además, según el código de ética –el tácito, no necesariamente el escrito- que rige al periodismo nacional, es una tentación que la prensa no tiene derecho a dejar pasar. Y no tiene derecho a dejarla pasar porque el periodismo se debe en gran parte a su función social, la de informar a la ciudadanía.

Función social, por lo demás, que está estipulada en el veto aditivo.

Quizás convenga plantear otro tema para su discusión pública: ¿Deben los medios "delinquir" contra su deber de informar un tema que ellos consideran de vital importancia para el país por no caer en el delito de violar la intimidad de la oficina de un funcionario público donde se está cometiendo un delito?

Ciertamente, no es un tema que se agote pronto.

Por un lado, hay que considerar que para constatar el delito, la cámara- espía no se colocó en el momento. Probablemente llevaba ahí bastante tiempo, por lo tanto, la intimidad del investigado fue violada en momentos en que no cometía ningún ilícito. Es decir, injustificadamente.

Lo grave del asunto radica en que –a lo mejor- el sujeto espiado no cometa ningún delito, por lo cual se violó su derecho gratuitamente. Precisamente es por eso que está prohibida la captación ilegal de imágenes, sonidos o lo que sea dentro de recintos privados.

El problema es que el concepto de recintos privados (según la ley hogar, automóvil, oficina, etc.) se contradice, en la aplicación, con el de interés público.

¿Es la oficina de un funcionario público un lugar íntimo o privado? Sí, porque es donde él trabaja y a nadie le gusta que lo vigilen donde trabaja. No, porque –al igual que el hogar del funcionario- si se está cometiendo un delito el público tiene derecho a saberlo.

O, peor... ¿tiene derecho el periodismo a perseguir y espiar a quien se le plazca en función a su deber con el público?

Claro está que esta interrogante no es fácil de responder y tampoco puede ser acotada aquí, pero igualmente cierto es que una ley restrictiva no es precisamente el camino para solucionar el rompecabezas.

Incluso, tal como lo plantea el investigador de Human Rights Watch Sebastian Brett, es bastante peligroso que el Estado chileno pretenda fijar por ley los límites de la vida íntima o la vida privada, y la vida pública, porque estos son temas inexactos por esencia.

Hilando fino, no es excesivamente difícil apreciar que lo que se intenta preservar con el resguardo legal no es la vida privada. Tal como se ha argumentado, la vida privada de las personas no está en riesgo en Chile, al menos por el momento y por la base idiosincrática de la prensa nacional.

Por el contrario, lo que se pretende es restringir el rol social del periodismo. Aquel rol social que los norteamericanos definieron tan exactamente con una imagen, la del "perro guardián".

Hoy por hoy, el periodismo puede establecer el control social necesario para que la vida democrática en Chile se sienta resguardada. No estoy diciendo que lo haga. No. Sólo que lo puede hacer, que tiene las herramientas necesarias para hacerlo.

La idea-fuerza que inspiró a los periodistas durante la dictadura militar rezaba que "sin libertad de expresión no hay democracia, y sin democracia no hay libertad de expresión". Tal como se sabe, los periodistas –en especial aquellos que desfilaban por los tribunales castrenses a causa de su "sedición impropia"- fueron un factor importantísimo en la recuperación democrática y, en especial, que durante los tiempos oscuros no se cometieran mayores atrocidades de las que se ejecutaron.

Esta consideración fue uno de los factores que más influyeron en que el ex Presidente Patricio Aylwin tomara la decisión de citar a una comisión especializada para que se estudiara un proyecto sobre libertad de expresión y ejercicio del periodismo... ¡Y ejercicio del periodismo!

Comisión que elevó un informe al Presidente, que envió un proyecto a la Cámara, y que se ha paseado por todas las instancias legales y parlamentarias para llegar a ser el producto que es hoy: una normativa bastante consensuada, pero que adolece de un pequeño defecto. Pequeño defecto que no es menor, dado que se sobreprotege a quienes cometan un delito en recintos particulares.

Tal vez por omisión, nuestras autoridades no repararon que al plantear el tema de salvaguardar la intimidad de las personas estaban dejando de lado algo aún más importante y trascendente que una pequeña –y justificada- intrusión en la vida particular de "algunos" particulares, estaban dejando de lado el interés real de la información que se pretende dar a conocer.

Algunos lo llaman interés real –interés público real le dice la ley-, otros prefieren darle un nombre más instintivo y epidérmico: Es noticia. Y si algo es noticia, debe ser de conocimiento del público.

Por eso mismo, resulta bastante curioso que un cuerpo legal que pretende validar constitucionalmente el ejercicio de la libertad de expresión y persigue reconocer el rol social del periodismo dentro de la sociedad chilena, precisamente atente contra el libre ejercicio de la libertad de expresión.

La derogación del artículo 22 de la Ley sobre Abusos de Publicidad y su reemplazo por la Ley Otero no es un pequeño inconveniente para el ejercicio del periodismo. No. Es un atentado explosivo para la libertad de información, de opinión, de expresión y para todos aquellos valores que la legislación en estudio pretende proteger. Es algo así como crear una ley que proteja a una especie en extinción, pero que este cuerpo legal asfixie a los últimos especímenes.

Porque si la Nueva Ley de Prensa -actualmente en proceso legislativo- no es capaz de derrocar a un gobierno que tiene sus bases en la corrupción sistemática por el simple hecho de que se va a castigar a aquellas personas que velan por abrir el acceso al público de temas de interés real –algo bastante más democrático que abrir las puertas del Palacio Presidencial-, esa ley es incompleta.

Sirve... porque tiene grandes avances, pero es incompleta porque no cumple con su objetivo primordial (perdón por ser repetitivo): proteger el interés público real.

Hasta entonces, por favor, señores parlamentarios, deroguen uno de los pocos artículos positivos de la restrictiva ley vigente e incluyan este agraciado elemento de protección para nuestras autoridades. Y para ustedes mismos.

No vaya a ser que alguno de ellos –o de ustedes- se vea involucrado en un acto reñido con la ética ni la probidad y se vaya a dar a conocer.

Por sobre todas las cosas, la ley debe proteger a nuestros corruptos. Perdón, a nuestros supuestos o eventuales corruptos. A veces se me olvida que en Chile no hay corrupción.

Estas cosas sólo pasan en otros lados...

...Y hasta que este tema no se defina, resguardando la paz social, la Justicia le ofrecerá al Montesinos chilensis irse de viaje de placer a algún país de clima agradable; el periodista y el medio que "golpearon" serán encausados por la Ley Otero; y la prensa y la opinión pública le darán vueltas al tema un par de días... hasta olvidarlo.

Con suerte, quizás a algún personaje con algún grado de conocimiento sobre el proyecto de ley de prensa se levante en calzoncillos algún domingo para ir a buscar el diario, se felicite por haber cambiado el turno, y se dé cuenta que hay un peligroso agujero sobre el cual amerita escribir algo.

No es porque ese algo vaya a cambiar el destino de la ley. No.

Simplemente para que se discuta...