3 de mayo
Día Mundial de la Libertad de Prensa
BALANCE AÑO 2000
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
EN ARGENTINA
En el año 2000 PERIODISTAS registró 130 actos violatorios de la libertad de expresión, un 10 por ciento menos que los casos observados durante el período anterior. No obstante, la gravedad de algunos ataques y la permanencia de normas que contradicen los principios asentados en tratados internacionales sobre derechos humanos, demuestran que la libertad de expresión continúa severamente condicionada por la persistencia de intimidaciones, castigos y amenazas.
Los descensos más significativos en el último año se registraron en la cantidad de insultos o descalificaciones de funcionarios hacia medios de comunicación o periodistas, que se redujeron en un 30 por ciento. También hubo una importante disminución entre las agresiones físicas a reporteros y los ataques a instalaciones de prensa y difusión, donde la caída fue de un 50 por ciento.
Sin embargo, la reducción cuantitativa tiene una contracara cualitativa que relativiza el progreso alcanzado. La crueldad de las expresiones de miembros de alta jerarquía de la Iglesia Católica, las actitudes del ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Aldo Rico, que llegó a amenazar a un grupo de fotógrafos con hacerlos seguir por la policía, o la embestida de algunas altas autoridades de la Nación contra el periodismo que informó sobre el escándalo de los sobornos en el Senado, exigieron de la sociedad repudios de una firmeza no observada durante el año 1999.
La quema de una edición casi íntegra del diario tucumano La Gaceta es una muestra de que la reducción en los ataques contra medios de comunicación no implica un progreso real en la protección al periodismo. A un año de aquel hecho los avances en la investigación son pobres y en el mes de marzo el matutino volvió a ser víctima de la impunidad. La provincia de Buenos Aires fue otro escenario de la violencia contra periodistas y el conurbano acusó la mayoría de los agresiones: desde la golpiza en Berazategui a Ulises Caballero, director de un periódico local, por parte de personas señaladas como cercanas a un funcionario municipal a los repetidos ataques contra la FM de Eduardo Delbono en Merlo.
Corte a la Justicia
La permanencia de leyes que no respetan los principios internacionales consagrados por tratados sobre derechos humanos siguen respaldando decisiones judiciales restrictivas. En un fallo del mes de septiembre la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a prisión al periodista Eduardo Kimel, autor de La Masacre de San Patricio. En ese libro Kimel relata detalles del asesinato de seis religiosos palotinos durante la última dictadura. Paradójicamente, el único condenado por causa de la masacre es el periodista que la investigó.
A esta decisión judicial se le agregan otras 17 causas, donde se invocaron leyes penales y civiles para responder a la crítica pública y a la difusión de información de interés general. En 1999 PERIODISTAS presentó un proyecto de ley para modificar el carácter restrictivo de esas normas pero desde entonces el Senado de la Nación demora su tratamiento. Desestima así el compromiso asumido por el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en tres fallos de la Corte Suprema argentina. El proyecto de ley que contó con el aval de los entonces titulares de los dos bloques mayoritarios de la Cámara Alta, fue incluido por el presidente De la Rúa entre las iniciativas a tratar en las sesiones extraordinarias del verano de 2000.
En el seminario internacional coorganizado en Buenos Aires por la Asociación PERIODISTAS y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) de Nueva York representantes de organizaciones de toda América y la Asociación de Periodistas Europeos emitieron una declaración en reclamo de la sanción de este proyecto.
En nombre de la ética
El esfuerzo legislativo se volcó, en cambio, a materializar algunas de las tendencias más negativas para la libertad de expresión. Un diputado provincial mendocino presentó en su Cámara una iniciativa que propone la creación de una asociación de ética periodística y un código de ética para la profesión. El proyecto recibió el inmediato rechazo de los profesionales y de las entidades de prensa pues buscaba imponer nuevos límites al desempeño de los periodistas, regulando aspectos ya previstos en la ley e intentando someter a los profesionales a normas que sólo deben surgir de su propia capacidad y convicción. Pretendía además consagrar una forma de colegiatura obligatoria que despojaría, a quienes no la aceptaran, de todas las garantías a la libertad de prensa.
En el marco del escándalo del Senado, el senador Augusto Alasino intentó -a través de una cuestión de privilegio- impulsar una declaración de la Cámara Alta en "rechazo al ejercicio extralimitado de la libertad de expresión" cuando afecta al "honor e imagen" de los funcionarios. Alasino aclaró que el principal objetivo de su proyecto era instalar el debate sobre el derecho a réplica y la protección de las fuentes. El senador parecía no recordar que fue precisamente la información obtenida bajo secreto periodístico la que descubrió uno de los escándalos institucionales más graves de la historia del país.
El caso de los sobornos también generó expresiones de otros legisladores y del juez Carlos Liporaci, quien se refirió despectivamente en varias ocasiones a los medios que informaron sobre sus supuestos actos ilícitos. El ex magistrado renunció para evitar el juicio político que el Consejo de la Magistratura se aprestaba a iniciar.
El caso Cabezas
Después de tres años la Cámara Federal de Dolores condenó a los responsables primarios del crimen del fotógrafo del semanario Noticias, José Luis Cabezas. El tribunal estableció que Cabezas fue asesinado para proteger al empresario Alfredo Yabrán. Si bien es probable, aunque no seguro, que los condenados en Dolores hayan intervenido en el crimen, sí es ostensible que no son los máximos responsables y que el fallo judicial no ha dado cuenta irrefutable ni de las motivaciones ni de las circunstancias verdaderas del asesinato.
Ni el juez, ni la instrucción policial, ni el tribunal de juicio pudieron dar una explicación satisfactoria acerca del recorrido del arma homicida y de la cámara de la víctima, de las contradicciones entre los sucesivos peritajes y autopsias, de la incompatibilidad fáctica entre los relatos de los condenados, que constituyen la exclusiva y endeble base de la sentencia. Las sesenta veces que el comisario jefe de la investigación respondió "no sé" o "no recuerdo" miden los pasos que faltan recorrer hasta llegar a la verdad de lo sucedido.
La censura
El desempeño de la prensa independiente en las provincias argentinas sigue siendo difícil. Fue necesario un escándalo de alcance nacional para revelar la magnitud de la censura en Santiago del Estero, provincia que tiene el extraño privilegio de ostentar el mayor número de acciones contra periodistas y medios. La prohibición a la obra teatral El Cartero de Neruda atrajo la atención de la prensa del país sobre la fuerte presión que ejerce el Ejecutivo provincial sobre las opiniones no complacientes.
La censura a la obra generó la protesta dentro y fuera de la Argentina. Las gestiones ante Juárez no sólo resultaron infructuosas sino que se repitieron las amenazas sobre autores y periodistas con el objetivo de impedir la representación. La intervención del Gobierno nacional y de la Universidad Nacional de Santiago del Estero hizo posible la puesta de la obra aunque no doblegó la posición censora del gobernador.