COMISIÓN ASESORA PRESIDENCIAL EN MATERIA DE DEFENSA DEL CIUDADANO

El 26 de julio del 2001, el gobierno creó mediante decreto la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas.

Inicialmente, los medios de comunicación interpretaron que se creaba un Defensor del Ciudadano, figura que los gobiernos de la Concertación en vano han tratado de levantar mediante proyectos de leyes sistemáticamente postergados en el Congreso.

En esta oportunidad, el Presidente Ricardo Lagos creó esta Comisión con el fin de que preste su asesoría "para velar por la defensa y promoción de los derechos e intereses de las personas ante actos u omisiones de los órganos de la Administración del Estado, en lo relativo a la satisfacción de las necesidades públicas".

Para ello, esta Comisión debe estudiar la actividad de los organismos públicos, formular sugerencias e informar al presidente de la República y coordinar las instancias de reclamos de los distintos órganos de la Administración Pública.

La Comisión tiene un presidente (Defensor) y estará integrado por ocho miembros, cuatro provenientes del sector público y un número similar desde el sector privado. Uno del Capítulo Chileno del Ombudsman, otro de las organizaciones de consumidores, uno proveniente del sector empresarial y un cuarto del sector laboral, preferentemente fiscal. El ámbito público estaría representado por un Superintendente, por el Director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), el Director de la División de Organizaciones Sociales (DOS) del ministerio Secretaría General de Gobierno, y el Director del Proyecto de Reforma y Modernización del Estado.

La creación de esta Comisión Asesora es una noticia positiva respecto a las posibilidades de ampliar la democracia en el país, pero sostenemos que es sólo el primer paso para la creación de un organismo verdaderamente independiente de fuerzas políticas y, por lo tanto, potenciador de las libertades públicas, con atribuciones para fiscalizar los órganos de la Administración Pública. Tal y como está definida hoy día, esta Comisión carece de independencia política, administrativa y económica, pues depende directamente del ministerio Secretaría General de Gobierno.

En este sentido queda pendiente potenciar una educación en ciudadanía que haga realidad las razonables palabras que consagran las leyes. Es un deber del Estado lograr que el ciudadano común esté consciente de su papel en el fortalecimiento de la democracia a través del conocimiento de sus derechos y libertades como habitante de este país. Y la libertad de expresión es uno de ellos.