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LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DURANTE EL 2001 EN CHILE

Enero

8 enero: La Fundación Ideas dio a conocer las principales conclusiones de su "II Encuesta sobre Intolerancia y Discriminación", que contó con el respaldo de los ministerios Secretaría General de Gobierno, del Trabajo, de Planificación y del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam).
En cuanto a la libertad de expresión, el 39% de los encuestados dijo estar de acuerdo en que un libro que contiene ideas políticas erróneas debe ser retirado de las librerías y un 50% estimó adecuado que existan censores en televisión, para que no se difundan valores equivocados.
Respecto a actitudes discriminatorias, si bien hay una tendencia a ser más tolerantes hacia grupos como los homosexuales, los discapacitados y los indígenas, existe un grupo hacia el cual la discriminación se ha acentuado: los pobres.
En 1996, el mismo estudio arrojó que un 39,1% de los encuestados consideraba que los pobres eran pobres porque no se han esforzado por superar su condición. Hoy, un 48,2% comparte esa visión.
La encuesta se realizó en septiembre del año 2000, sobre una muestra de 1.111 entrevistados, adultos de ambos sexos, de toda la Región Metropolitana.

10 enero: El directorio de la empresa periodística La Nación S.A., de propiedad mayoritariamente estatal, despidió al director del diario electrónico de dicha empresa, www.primeralinea.cl, el periodista Juan Pablo Cárdenas. El motivo esgrimido fue que el directorio "perdió la confianza" en él.
Sin embargo, los roces con el gobierno comenzaron en septiembre del año 2000, apenas 15 días después que www.primeralinea.cl apareciera, y se debieron a los contenidos del diario referidos al caso de las indemnizaciones recibidas por altos personeros de los partidos de la alianza gobernante tras dejar sus puestos en empresas públicas. Según Cárdenas, en ese momento le pidieron formalmente que renunciara a su cargo de director, a lo cual se negó.
Al notificarle la decisión de removerlo del cargo, el directorio no permitió que Cárdenas asistiera a la reunión donde se tomó la medida y el anuncio fue hecho por el gerente general de la empresa, Francisco Feres, y no por el presidente del directorio, de quien dependía directamente Cárdenas.

17 enero: El Cine Arte Normandie debió exhibir la película "La Ley de la Frontera" (1995), del director argentino Adolfo Aristaraín, en reemplazo de "Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón" (1980), del español Pedro Almodóvar.
El cine solicitó la recalificación de "Pepi..." en noviembre del año 2000 con el fin de incluirla en el ciclo de verano de la sala. En enero del 2001, el CCC le notificó que la prohibición sobre la película se mantenía. Alex Dool, gerente general de la sala, apeló de la medida la que finalmente se revirtió en abril.

25 enero: Canal 13 decidió separar al polémico sacerdote Raúl Hasbún de sus funciones como comentarista religioso del noticiario central de la estación televisiva, producto de las críticas que el prelado hizo el 19 de enero al presidente Ricardo Lagos.
El 17 de enero, Hasbún criticó duramente al presidente Lagos en su espacio de opinión en Radio Agricultura (dependiente de la Sociedad Nacional de Agricultura). En dicha oportunidad, el sacerdote se refirió al discurso que el mandatario entregó al país tras conocerse el informe de las Fuerzas Armadas sobre los detenidos desaparecidos en dictadura.
En su discurso nacional sobre el informe de la Mesa de Diálogo sobre Detenidos Desaparecidos, el presidente Lagos dijo: "viví, como muchos chilenos, los trágicos hechos que el país sufrió a partir de 1973". Al respecto, Hasbún replicó: "Si así lo piensa (Lagos) como ciudadano, tiene derecho a decirlo, pero no a abusar de la tribuna reservada a un presidente de la República y mucho menos contrariando el espíritu y letra del mismo documento que él invoca para ocupar esa tribuna".
Hasbún afirmó que estaba en marcha un "imponente aparato político y comunicacional" que "está utilizando el dolor de víctimas y victimarios para reescribir nuestra historia".
Hasbún dijo ignorar "sobre qué fundamentos racionales aventura el Presidente de la República juicios que afectan tan gravemente el honor de personas e instituciones, anticipándose a resoluciones judiciales, introduciendo una cuña entre dos Ejércitos, y erigiéndose él mismo como intérprete supremo del sentir mayoritario, ante hechos 'sobre los cuales los chilenos sostienen legítimamente distintas opiniones' (...)".
Y su crítica al presidente continuó, señalando que "cualquier comentario del Poder Ejecutivo que suponga o infiera un prejuzgamiento, con mayor razón un duro sentenciamiento, carece de toda validez jurídica y configura un manifiesto abuso de poder, agravado por el uso de adjetivos y apelativos de hondo contenido emocional"
El Secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Manuel Camilo Vial, dijo que las expresiones de Hasbún eran de carácter personal y que no representaban el pensamiento de la Iglesia.
A pesar de la polémica generada, Hasbún reiteró sus palabras el 19 de enero en Canal 13, con el Escudo Nacional de fondo, con el rótulo de "Opiniones Personales". Al final, agregó que continuará ejerciendo el derecho de libertad de opinión, que lo hará con respeto y rezando por el jefe de Estado. Sin embargo, su comentario le costó su salida definitiva del canal, tal como lo afirmó un miembro del Consejo Asesor de Canal 13 a El Mercurio del 4 de febrero del 2001. El entrevistado, que prefirió mantener su nombre bajo reserva, señaló que aún cuando Hasbún realizó sus comentarios a título personal, "el canal no le da ese espacio como persona, sino como miembro de la Iglesia y a nombre de ella. No puede plantear, entonces, opiniones de política contingente". Hasbún terminó así 37 años de polémicos comentarios en la estación televisiva.
La Dirección de Canal 13 aprovechó la ocasión para suspender todos los comentarios religiosos. Con ello, se evitaba sospechas de que la decisión venía por cuenta del gobierno, que manifestó su molestia por las palabras de Hasbún a través del ministro Secretario General de Gobierno, Claudio Huepe.

31 enero: Varios periodistas fueron agredidos física y verbalmente por manifestantes pinochetistas en momentos que la prensa cubría el procedimiento de notificación judicial al general (R) Augusto Pinochet por su procesamiento en calidad de coautor de secuestros y homicidios en el caso conocido como Caravana de la Muerte.
Las agresiones se produjeron frente al ingreso principal de la parcela Los Boldos, en Bucalemu, Vª Región (a una hora y media de Santiago), lugar de descanso de la familia Pinochet. La prensa no pudo realizar bien su trabajo por las permanentes hostilidades e insultos de los pinochetistas a las que se vio expuesta y por la pasividad de los efectivos policiales presentes en el lugar.
Fueron agredidos físicamente los periodistas María Eugenia González, del diario electrónico El Mostrador; Gonzalo Mazuela, reportero de La Nación, y Fabio Díaz, corresponsal de la Televisión Española.
A esto hay que agregar los daños sufridos por el automóvil de las periodistas Rocío Berríos y Eugenia González, ambas de El Mostrador: los manifestantes le quebraron espejos, la antena, lo abollaron, rayaron con elementos punzantes la carrocería, escribiendo "Pinochet", y rajaron los neumáticos.
Cerca de las 4 de la tarde, a poco de que se ejecutara el trámite judicial, el director ejecutivo de la Fundación Pinochet, el general en retiro Luis Cortés Villa, pidió calma a los partidarios del ex dictador.