LA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN DURANTE
EL 2001 EN CHILE
Enero
8
enero: La Fundación Ideas dio a conocer las principales conclusiones
de su "II Encuesta sobre Intolerancia y Discriminación",
que contó con el respaldo de los ministerios Secretaría
General de Gobierno, del Trabajo, de Planificación y del Servicio
Nacional de la Mujer (Sernam).
En cuanto a la libertad de expresión, el 39% de los encuestados
dijo estar de acuerdo en que un libro que contiene ideas políticas
erróneas debe ser retirado de las librerías y un 50% estimó
adecuado que existan censores en televisión, para que no se difundan
valores equivocados.
Respecto a actitudes discriminatorias, si bien hay una tendencia a ser
más tolerantes hacia grupos como los homosexuales, los discapacitados
y los indígenas, existe un grupo hacia el cual la discriminación
se ha acentuado: los pobres.
En 1996, el mismo estudio arrojó que un 39,1% de los encuestados
consideraba que los pobres eran pobres porque no se han esforzado por
superar su condición. Hoy, un 48,2% comparte esa visión.
La encuesta se realizó en septiembre del año 2000, sobre
una muestra de 1.111 entrevistados, adultos de ambos sexos, de toda
la Región Metropolitana.
10
enero: El directorio de la empresa periodística La Nación
S.A., de propiedad mayoritariamente estatal, despidió al director
del diario electrónico de dicha empresa, www.primeralinea.cl,
el periodista Juan Pablo Cárdenas. El motivo esgrimido fue que
el directorio "perdió la confianza" en él.
Sin embargo, los roces con el gobierno comenzaron en septiembre del
año 2000, apenas 15 días después que www.primeralinea.cl
apareciera, y se debieron a los contenidos del diario referidos al caso
de las indemnizaciones recibidas por altos personeros de los partidos
de la alianza gobernante tras dejar sus puestos en empresas públicas.
Según Cárdenas, en ese momento le pidieron formalmente
que renunciara a su cargo de director, a lo cual se negó.
Al notificarle la decisión de removerlo del cargo, el directorio
no permitió que Cárdenas asistiera a la reunión
donde se tomó la medida y el anuncio fue hecho por el gerente
general de la empresa, Francisco Feres, y no por el presidente del directorio,
de quien dependía directamente Cárdenas.
17
enero: El Cine Arte Normandie debió exhibir la película
"La Ley de la Frontera" (1995), del director argentino Adolfo
Aristaraín, en reemplazo de "Pepi, Luci, Bom y otras chicas
del montón" (1980), del español Pedro Almodóvar.
El cine solicitó la recalificación de "Pepi..."
en noviembre del año 2000 con el fin de incluirla en el ciclo
de verano de la sala. En enero del 2001, el CCC le notificó que
la prohibición sobre la película se mantenía. Alex
Dool, gerente general de la sala, apeló de la medida la que finalmente
se revirtió en abril.
25
enero: Canal 13 decidió separar al polémico sacerdote
Raúl Hasbún de sus funciones como comentarista religioso
del noticiario central de la estación televisiva, producto de
las críticas que el prelado hizo el 19 de enero al presidente
Ricardo Lagos.
El 17 de enero, Hasbún criticó duramente al presidente
Lagos en su espacio de opinión en Radio Agricultura (dependiente
de la Sociedad Nacional de Agricultura). En dicha oportunidad, el sacerdote
se refirió al discurso que el mandatario entregó al país
tras conocerse el informe de las Fuerzas Armadas sobre los detenidos
desaparecidos en dictadura.
En su discurso nacional sobre el informe de la Mesa de Diálogo
sobre Detenidos Desaparecidos, el presidente Lagos dijo: "viví,
como muchos chilenos, los trágicos hechos que el país
sufrió a partir de 1973". Al respecto, Hasbún replicó:
"Si así lo piensa (Lagos) como ciudadano, tiene derecho
a decirlo, pero no a abusar de la tribuna reservada a un presidente
de la República y mucho menos contrariando el espíritu
y letra del mismo documento que él invoca para ocupar esa tribuna".
Hasbún afirmó que estaba en marcha un "imponente
aparato político y comunicacional" que "está
utilizando el dolor de víctimas y victimarios para reescribir
nuestra historia".
Hasbún dijo ignorar "sobre qué fundamentos racionales
aventura el Presidente de la República juicios que afectan tan
gravemente el honor de personas e instituciones, anticipándose
a resoluciones judiciales, introduciendo una cuña entre dos Ejércitos,
y erigiéndose él mismo como intérprete supremo
del sentir mayoritario, ante hechos 'sobre los cuales los chilenos sostienen
legítimamente distintas opiniones' (...)".
Y su crítica al presidente continuó, señalando
que "cualquier comentario del Poder Ejecutivo que suponga o infiera
un prejuzgamiento, con mayor razón un duro sentenciamiento, carece
de toda validez jurídica y configura un manifiesto abuso de poder,
agravado por el uso de adjetivos y apelativos de hondo contenido emocional"
El Secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Manuel Camilo
Vial, dijo que las expresiones de Hasbún eran de carácter
personal y que no representaban el pensamiento de la Iglesia.
A pesar de la polémica generada, Hasbún reiteró
sus palabras el 19 de enero en Canal 13, con el Escudo Nacional de fondo,
con el rótulo de "Opiniones Personales". Al final,
agregó que continuará ejerciendo el derecho de libertad
de opinión, que lo hará con respeto y rezando por el jefe
de Estado. Sin embargo, su comentario le costó su salida definitiva
del canal, tal como lo afirmó un miembro del Consejo Asesor de
Canal 13 a El Mercurio del 4 de febrero del 2001. El entrevistado, que
prefirió mantener su nombre bajo reserva, señaló
que aún cuando Hasbún realizó sus comentarios a
título personal, "el canal no le da ese espacio como persona,
sino como miembro de la Iglesia y a nombre de ella. No puede plantear,
entonces, opiniones de política contingente". Hasbún
terminó así 37 años de polémicos comentarios
en la estación televisiva.
La Dirección de Canal 13 aprovechó la ocasión para
suspender todos los comentarios religiosos. Con ello, se evitaba sospechas
de que la decisión venía por cuenta del gobierno, que
manifestó su molestia por las palabras de Hasbún a través
del ministro Secretario General de Gobierno, Claudio Huepe.
31
enero: Varios periodistas fueron agredidos física y verbalmente
por manifestantes pinochetistas en momentos que la prensa cubría
el procedimiento de notificación judicial al general (R) Augusto
Pinochet por su procesamiento en calidad de coautor de secuestros y
homicidios en el caso conocido como Caravana de la Muerte.
Las agresiones se produjeron frente al ingreso principal de la parcela
Los Boldos, en Bucalemu, Vª Región (a una hora y media de
Santiago), lugar de descanso de la familia Pinochet. La prensa no pudo
realizar bien su trabajo por las permanentes hostilidades e insultos
de los pinochetistas a las que se vio expuesta y por la pasividad de
los efectivos policiales presentes en el lugar.
Fueron agredidos físicamente los periodistas María Eugenia
González, del diario electrónico El Mostrador; Gonzalo
Mazuela, reportero de La Nación, y Fabio Díaz, corresponsal
de la Televisión Española.
A esto hay que agregar los daños sufridos por el automóvil
de las periodistas Rocío Berríos y Eugenia González,
ambas de El Mostrador: los manifestantes le quebraron espejos, la antena,
lo abollaron, rayaron con elementos punzantes la carrocería,
escribiendo "Pinochet", y rajaron los neumáticos.
Cerca de las 4 de la tarde, a poco de que se ejecutara el trámite
judicial, el director ejecutivo de la Fundación Pinochet, el
general en retiro Luis Cortés Villa, pidió calma a los
partidarios del ex dictador.
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