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LA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN DURANTE
EL 2001 EN CHILE
Febrero
9
febrero: El Juzgado de Letras de Mariquina, ciudad cercana a Valdivia
en la Xª Región, sur de Chile, dictó prohibición
de informar sobre el caso de la muerte de Arsenio Huilchihuala por el
lapso de 10 días.
La decisión, tomada por el titular del mencionado tribunal, juez
Jaime Salas Astranin, respondió a informaciones aparecidas en
el diario Austral de Valdivia, que el mismo 9 de febrero publicó
un reportaje sobre la muerte de Arsenio Huilchahuala. Según el
oficio firmado por Salas que prohibe informar y que fue publicado por
el diario afectado en su edición del 10 de febrero, en dicho
artículo "se consigna una serie de apreciaciones en virtud
de las cuales se dan por hecho varios aspectos relativos a la investigación
que no son efectivos (...). Se da por hecho la ocurrencia de un homicidio
y se da a entender que el suscrito (el juez) y la médico legista
Dra. Patricia Behne, habríamos proporcionado información
del sumario, cuestión que es absolutamente falsa (...)".
El Diario Austral de Valdivia rechazó la decisión del
magistrado, señalando que se trata de un caso que "ha conmovido
a la opinión pública en la comuna de Llanco y ocasionado
estupor en todo el ámbito provincial por la crueldad de los hechos
hasta ahora conocidos", según señala el matutino
el 10 de febrero.
Agrega, además, que "las causales argumentadas en el oficio
difieren de los hechos, ya que en la información cuestionada
en ninguna parte se afirma que las informaciones que el periodista obtuvo
provengan de la autoridad jurisdiccional que debe mantener el secreto
del sumario". De acuerdo al Diario Austral, "la interpretación
de los hechos (públicamente conocidos) y las hipótesis
publicadas corresponden a un trabajo periodístico cuya limitación
hiere directamente el derecho a expresar opiniones".
El Consejo Nacional del Colegio de Periodistas, presidido por Enrique
Ramírez, manifestó su rechazo a la prohibición
de informar impuesta al Diario Austral de Valdivia, pues "lesiona
gravemente el derecho de la comunidad a tener pleno, veraz y libre acceso
a las fuentes de información".
Esta medida judicial se produjo pocos meses antes que el gobierno promulgara
la Ley de Prensa que derogó la facultad de prohibir informar.
24
febrero: El ministro Secretario General de Gobierno, Claudio Huepe,
anunció entre las prioridades legislativas para el año
2001 la aprobación de la Ley e Prensa.
En entrevista a Radio Chilena, Huepe se refirió a la mencionada
ley, "donde se incluye la derogación del artículo
6B de la LSIE, que es la que ha permitido varias querellas por las que
la opinión pública ha reaccionado con preocupación".
También mencionó entre las prioridades del gobierno en
materia legislativa conseguir la eliminación de la censura cinematográfica.
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