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LA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN DURANTE
EL 2001 EN CHILE
Junio
1
junio: La dirección del diario La Nación, de propiedad
mayoritariamente estatal, suspendió a última hora un reportaje
programado para el suplemento semanal del domingo 3 de junio, que llevaba
por título original "El diario Clarín, confiscado
en Chile" y cuyo autor era el periodista Guido Camu.
En reunión de pauta del 28 de mayo, el equipo de reportajes semanales
del diario La Nación acordó realizar una investigación
sobre el caso del litigio entre un ciudadano catalán, Víctor
Pey, y el Estado chileno por la propiedad del diario Clarín,
el más exitoso y popular periódico chileno hasta septiembre
de 1973, cuando sus dependencias fueron confiscadas. Pey reclama los
derechos de propiedad sobre el desaparecido diario y, en el marco de
ese reclamo, sostiene un arbitraje económico internacional contra
el Estado chileno. A esta reunión de pauta asistió Sebastián
Campaña, editor general de La Nación, en reemplazo de
Ricardo Ormazábal, director y que acostumbra a participar de
las reuniones de pauta del equipo de reportajes.
Durante toda esa semana, Camu reporteó el tema, sobre todo desde
la perspectiva de los montos involucrados y unos terceros que impugnaban
la propiedad sobre un porcentaje de las acciones. Es importante recordar
que el litigio por el diario Clarín implica una indemnización
de 517 millones de pesos por concepto de los bienes confiscados y el
lucro cesante.
El tema, según afirmó Camu, era delicado, pues estaba
involucrado el Estado y, por lo tanto, el gobierno de Ricardo Lagos.
Sabía que podía herir sensibilidades políticas
y económicas.
El día 1 de junio, Camu dejó terminado su reportaje en
el diario y el sábado, Richard Vera, editor del suplemento semanal,
le comunicó por teléfono que el reportaje no iría,
a pesar que el mismo diario lo había anunciado en su edición
del día viernes.
El director de La Nación, Ricardo Ormazábal, vio el reportaje
el viernes en la tarde y le pareció que no estaba completo porque
faltaba, a su juicio, conocer fuentes de gobierno. Por esos motivos,
según relató Richard Vera, el director decidió
suspenderlo.
En la reunión de pauta del lunes 4 de junio, a la que asistió
como era habitual el director del medio Ricardo Ormazábal, éste
explicó al equipo de reportajes los motivos de la suspensión,
aduciendo la necesidad de reportear más profundamente en algunos
temas pues estaría incompleto.
Sin embargo, a juicio de uno de los miembros del equipo periodístico,
si fuese por reportajes incompletos, habría que suspender decenas
de trabajos que, antes de enviarlos a imprenta, adolecen de profundidad,
carecen de algunos datos, en fin, están incompletos.
El caso se hizo público el 18 de junio, cuando el vespertino
La Segunda, que llevaba semanas siguiendo el caso Clarín, reprodujo
un artículo publicado en El Mundo, de España, que daba
cuenta de la censura de La Nación sobre el reportaje de Camu.
Según el periodista, él no fue el responsable de filtrar
su reportaje y la censura que había sufrido al diario ibérico.
Y así también lo reconoció el editor de Internacional
de El Mundo, Roberto Montoya, a La Segunda del 18 de junio. Montoya
señaló que recibió el artículo de Camu y
la noticia de su censura de parte de Joan Garcés, abogado de
Pey en el litigio contra el Estado chileno. Según Camu, él
entregó su trabajo a algunos amigos, entre los que se encontraría
el mismo Pey.
La Segunda, reproduciendo la información de El Mundo, publicó
que la censura habría provenido del mismo ministro Secretario
General de Gobierno, Claudio Huepe, quien es el nexo entre La Nación
y el gobierno de Ricardo Lagos.
Si bien Huepe reconoció una reunión con el director de
La Nación el viernes 1, desmintió que él hubiera
censurado el artículo de Camu. "Es absolutamente falso que
yo haya censurado algún artículo del diario. No sólo
no tengo autoridad para hacerlo y si la tuviera tampoco lo habría
hecho". Huepe agregó que efectivamente sostuvo una reunión
con Ormazábal el día de la censura y que en ella el director
del diario le informó "que se había producido un
problema en relación con este tema (Clarín). Que él
había postergado la publicación a fin de complementar
la información porque, a su juicio, tenía una visión
muy parcial", afirmó Huepe a La Segunda del 18 de junio.
Tras la filtración a El Mundo de España, se produjo un
entredicho entre Camu y los máximos responsables del diario estatal.
Ahí, Ormazábal decidió encargarle a Sebastián
Campaña, editor general, que reporteara el tema para publicarlo
más adelante. Camu no se enteró de este co-reporteo hasta
varios días después.
A juicio de Campaña, que el director le encomendara a él
continuar el trabajo con Camu respondía a una pérdida
de confianza en Camu tras la filtración del caso a El Mundo y,
de rebote, a La Segunda.
Finalmente, el reportaje modificado apareció el domingo 24 de
junio, con una nota aclaratoria de la redacción señalando
que "el texto que presentamos, significó un esfuerzo de
documentación y reporteo de múltiples fuentes que obligó
a demorar su publicación hasta hoy (...). Lamentamos que en el
intertanto otros medios, tanto en Chile como en España, hayan
publicado extractos de un borrador de este artículo, aduciendo
falsamente que éste habría sido censurado".
A juicio de Richard Vera, editor del cuerpo de reportajes de La Nación,
no hubo presión del gobierno en este artículo, "creo
que hubo autocensura. Hubo excesiva cautela, temor, y hubo desconfianza
de la dirección hacia sus periodistas".
19
junio: En su discurso con motivo del aniversario de la Policía
de Investigaciones (policía civil de Chile), su director Nelson
Mery criticó la existencia del artículo 74 bis b del Código
Penal, que sanciona a los funcionarios de Investigaciones, de Carabineros
y de Gendarmería que entreguen información sobre las diligencias
que efectúan.
En el acto, que contó con la presencia del Presidente Ricardo
Lagos, Mery afirmó "que la policía está permanentemente
sometida al escrutinio público y el mencionado artículo
impide a la comunidad conocer el trabajo que se realiza", según
informó el diario La Tercera del 20 de junio.
29
junio: Recién asumida como presidente del Consejo Nacional
de Televisión (CNTV), la periodista Patricia Politzer habló
sobre sus preocupaciones como nueva presenta de la entidad en entrevista
al vespertino La Segunda.
"Según una encuesta publicada en la prensa, el 74% apoya
la exhibición de películas con sexo explícito después
de las 23:00 hrs. ¿El CNTV debe considerar estas opiniones como
mayoritarias?, pregunta el diario, ante lo cual Politzer señala
que "no creo que el asunto sea de minorías o mayorías,
sino de valores. Para mí, un valor fundamental es la libertad
de expresión. Pero si la mayoría quiere ver sangre chorreando
por el televisor de la mañana a la noche, porque la mayoría
se volvió loca, no debiera ser algo que el CNTV tenga que aplaudir".
Y ante la pregunta de si acaso entiende el pluralismo político
en la televisión, como "que cada sector político
tenga los mismos minutos en los noticiarios (como planteaba el ex director
ejecutivo de TVN, René Cortázar)", Politzer afirmó
tajante que "no. Esa es una aberración periodística.
El pluralismo consiste en darle espacio a todos, pero la noticia vale
en su propio mérito. Por otra parte, me parece fundamental no
limitar el pluralismo a los partidos políticos. Nuestra televisión
tiene que acoger la diversidad, no sólo en el plano político,
sino también en el cultural. Afortunadamente, creo que se ha
vivido una apertura en los últimos años".
30
junio: El subsecretario de Transportes, Patricio Tombolini, amenazó
con querellarse por injurias contra el diputado democratacristiano (DC)
Jaime Jiménez, por las críticas que el parlamentario hizo
con respecto al levantamiento de la restricción de los buses
sin sello verde los fines de semana -es decir, que son dañinos
para el medioambiente-, según consigna LUN del 1 de julio.
Tombolini aseguró a los medios que las palabras del diputado
"afectaron mi prestigio, mi dignidad personal y crédito,
imputándome hechos que pueden ser considerados como presunto
tráfico de influencias" entre el gobierno y los dirigentes
de los microbuseros.
La polémica comenzó el 17 de junio, cuando Jiménez
anunció que los diputados de la DC pedirían una investigación
de la Cámara Baja por las medidas adoptadas por las autoridades
de Transporte, medidas que Jiménez calificó de "escandalosas"
a favor del gremio microbusero.
Jiménez hizo pública en esa conferencia de prensa, acompañado
del también diputado Patricio Cornejo, de la decisión
del gobierno de modificar la circulación de buses sin convertidor
catalítico los fines de semana. La declaración fue suscrita
por los diputados DC Andrés Palma, Rafael Arratia y María
Rozas.
La disposición denunciada por los diputados además tuvo
repercusiones al interior del ministerio, pues el biministro de Obras
Públicas y Transportes, Carlos Cruz, tuvo tres posiciones con
respecto a ella: primero dijo que la desconocía, luego que la
investigaría y, finalmente, aseguró que la apoyaba. Sin
embargo, en plena pre emergencia por contaminación ambiental,
Cruz afirmó que se aplicaría restricción a los
vehículos de locomoción colectiva durante los fines de
semana.
Jiménez señaló a LUN que le extrañaba la
acción judicial por injurias y calumnias anunciada por Tombolini.
"No hemos hecho ni un solo cargo contra nadie y menos contra personas
con nombre y apellido. Me llama la atención que se trate de cambiar
la atención frente a un tema (el alto nivel de contaminación
capitalino a pesar de las medidas gubernamentales) que es el fondo y
que es lo grave", afirmó el diputado DC.
El abogado de Tombolini es el ex diputado y ex presidente del Partido
Por la Democracia (PPC), Jorge Schaulsohn, reconocido por sus posiciones
liberales en materias valóricas y de libertades públicas.
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