Declaración
pública ante detención de uno de sus académicos
Escuela entrega apoyo a profesor
Guillier
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El
académico de nuestra Escuela fue sometido a proceso
este jueves por la Jueza que sustancia el caso Calvo.
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Además,
nuestro Plantel da a conocer su preocupación por la aprobación,
por parte de la Cámara de Diputados, de un proyecto de ley
sobre protección de la privacidad, pues ello configura un
panorama restrictivo para la libertad de expresión y el ejercicio
del periodismo.
Ante
la decisión de la jueza Gabriela Pérez de procesar
y someter a prisión preventiva al Director de Prensa de Chilevisión,
por supuestas infracciones al Código Penal en la cobertura
hecha por ese canal del caso del magistrado Daniel Calvo, el Instituto
de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile expresó
su solidaridad con el periodista Alejandro Guillier, profesor de
la Escuela de Periodismo de nuestro plantel.
Esta
solidaridad también se hizo extensiva para los otros cuatro
ejecutivos y periodistas de Chilevisión sometidos a proceso
por la jueza Gabriela Pérez.
El
documento, firmado por las principales autoridades del Instituto
y la Escuela, indica que la resolución de la magistrada Pérez
de encarcelar a Alejandro Guillier mientras se resuelve sobre su
libertad bajo fianza no guarda relación con el supuesto delito
que se le atribuye, ni con el tratamiento que un poder del Estado
debe dar a la prensa. En particular, plantea el texto, a un profesional
altamente calificado, cuya honestidad ha sido reiteradamente reconocida
por el público, que en sucesivas encuestas lo ha calificado
como el periodista más creíble de la televisión
chilena.
En
atención a lo anterior, el Instituto de la Comunicación
e Imagen y su Escuela de Periodismo expresan su protesta por la
decisión de la jueza Pérez.
El
centro de alumnos de la Escuela también entregó su
apoyo al académico y a los otros profesionales afectados.
A través de un escrito, la entidad hizo hincapié en
que los hechos ocurridos pueden usarse como excusa para cubrir a
la sociedad en un manto de desconfianza extrema hacia los periodistas.
En este sentido, el órgano estudiantil citó a Ramón
Cortez Ponce, uno de los fundadores de nuestro Plantel, señalando
que "el desarrollo del periodismo es proporcional a la cultura
de los pueblos e inversa al cuadrado de la ignorancia".
Por
su parte, el Programa de Libertad de Expresión de nuestro
Plantel también emitió un comunicado, en el que manifiesta
su preocupación por la medida judicial, la cual resulta amedrentadora
para el ejercicio libre del periodismo.
Al
respecto, el texto indica que es la primera vez que se aplica el
artículo 161-A del Código Penal, conocido como Ley
Otero. La vigencia de esta norma fue cuestionada durante los 8 años
que duró la tramitación de la Ley de Prensa, a pesar
de lo cual no fue derogada.
Agrega
que la información dada a conocer por Chilevisión
se demostró cierta en la medida que la misma Corte Suprema
abrió un cuaderno de remoción al juez Daniel Calvo,
considerando la relevancia pública del contenido de la conversación
grabada.
Además,
se asegura que la grabación se realizó en un recinto
que puede considerarse público de acceso restringido, en
tanto se trata de la oficina de un juez de la República en
un edificio público: tribunales.
El
documento de apoyo al profesor Guillier insiste en que la jurisprudencia
internacional ha avanzado en orden a despenalizar los delitos de
opinión e información y relacionados, en orden a que
quienes informan sobre temas de relevancia pública no pueden
ser sancionados con penas privativas de libertad por el efecto amedrentador
que tiene sobre el ejercicio de la libre expresión.
Cuestionan
proyecto de ley
En
este contexto, nuestro Plantel manifiesta su preocupación
por el avance del proyecto de ley que establece sanciones civiles
a los delitos de injurias y calumnias y a la intromisión
ilegítima a la privacidad, en la medida que se mantienen
los castigos penales, pues ello configura un panorama restrictivo
para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
De
esta forma, se suma a lo planteado por la La Federación de
Medios de Comunicación Social de Chile, quien sostuvo el
miércoles 10 que el proyecto de ley sobre protección
de la privacidad aprobado por la Cámara de Diputados restringe
severamente la posibilidad de los chilenos de estar informados y
fiscalizar la gestión de las autoridades públicas,
al tiempo que lo calificó "como la más grave
amenaza a la libertad de expresión desde el retorno de la
democracia".
La
Federación, integrada por la Asociación de Radiodifusores
de Chile (Archi), la Asociación Nacional de Televisión
(Anatel) y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP); advirtió
que "la amenaza de sanciones económicas frente a las
más elementales tareas informativas amordazará a los
medios de comunicación, a sus directores, editores, administradores
y propietarios, e impedirá a éstos acoger una gran
cantidad de denuncias del público sobre situaciones de manifiesto
interés social".
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Jueves
11 de diciembre, 2003
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