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Declaración pública ante detención de uno de sus académicos
Escuela entrega apoyo a profesor Guillier

El académico de nuestra Escuela fue sometido a proceso este jueves por la Jueza que sustancia el caso Calvo.

Además, nuestro Plantel da a conocer su preocupación por la aprobación, por parte de la Cámara de Diputados, de un proyecto de ley sobre protección de la privacidad, pues ello configura un panorama restrictivo para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.

Ante la decisión de la jueza Gabriela Pérez de procesar y someter a prisión preventiva al Director de Prensa de Chilevisión, por supuestas infracciones al Código Penal en la cobertura hecha por ese canal del caso del magistrado Daniel Calvo, el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile expresó su solidaridad con el periodista Alejandro Guillier, profesor de la Escuela de Periodismo de nuestro plantel.

Esta solidaridad también se hizo extensiva para los otros cuatro ejecutivos y periodistas de Chilevisión sometidos a proceso por la jueza Gabriela Pérez.

El documento, firmado por las principales autoridades del Instituto y la Escuela, indica que la resolución de la magistrada Pérez de encarcelar a Alejandro Guillier mientras se resuelve sobre su libertad bajo fianza no guarda relación con el supuesto delito que se le atribuye, ni con el tratamiento que un poder del Estado debe dar a la prensa. En particular, plantea el texto, a un profesional altamente calificado, cuya honestidad ha sido reiteradamente reconocida por el público, que en sucesivas encuestas lo ha calificado como el periodista más creíble de la televisión chilena.

En atención a lo anterior, el Instituto de la Comunicación e Imagen y su Escuela de Periodismo expresan su protesta por la decisión de la jueza Pérez.

El centro de alumnos de la Escuela también entregó su apoyo al académico y a los otros profesionales afectados. A través de un escrito, la entidad hizo hincapié en que los hechos ocurridos pueden usarse como excusa para cubrir a la sociedad en un manto de desconfianza extrema hacia los periodistas. En este sentido, el órgano estudiantil citó a Ramón Cortez Ponce, uno de los fundadores de nuestro Plantel, señalando que "el desarrollo del periodismo es proporcional a la cultura de los pueblos e inversa al cuadrado de la ignorancia".

Por su parte, el Programa de Libertad de Expresión de nuestro Plantel también emitió un comunicado, en el que manifiesta su preocupación por la medida judicial, la cual resulta amedrentadora para el ejercicio libre del periodismo.

Al respecto, el texto indica que es la primera vez que se aplica el artículo 161-A del Código Penal, conocido como Ley Otero. La vigencia de esta norma fue cuestionada durante los 8 años que duró la tramitación de la Ley de Prensa, a pesar de lo cual no fue derogada.

Agrega que la información dada a conocer por Chilevisión se demostró cierta en la medida que la misma Corte Suprema abrió un cuaderno de remoción al juez Daniel Calvo, considerando la relevancia pública del contenido de la conversación grabada.

Además, se asegura que la grabación se realizó en un recinto que puede considerarse público de acceso restringido, en tanto se trata de la oficina de un juez de la República en un edificio público: tribunales.

El documento de apoyo al profesor Guillier insiste en que la jurisprudencia internacional ha avanzado en orden a despenalizar los delitos de opinión e información y relacionados, en orden a que quienes informan sobre temas de relevancia pública no pueden ser sancionados con penas privativas de libertad por el efecto amedrentador que tiene sobre el ejercicio de la libre expresión.

Cuestionan proyecto de ley

En este contexto, nuestro Plantel manifiesta su preocupación por el avance del proyecto de ley que establece sanciones civiles a los delitos de injurias y calumnias y a la intromisión ilegítima a la privacidad, en la medida que se mantienen los castigos penales, pues ello configura un panorama restrictivo para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.

De esta forma, se suma a lo planteado por la La Federación de Medios de Comunicación Social de Chile, quien sostuvo el miércoles 10 que el proyecto de ley sobre protección de la privacidad aprobado por la Cámara de Diputados restringe severamente la posibilidad de los chilenos de estar informados y fiscalizar la gestión de las autoridades públicas, al tiempo que lo calificó "como la más grave amenaza a la libertad de expresión desde el retorno de la democracia".

La Federación, integrada por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP); advirtió que "la amenaza de sanciones económicas frente a las más elementales tareas informativas amordazará a los medios de comunicación, a sus directores, editores, administradores y propietarios, e impedirá a éstos acoger una gran cantidad de denuncias del público sobre situaciones de manifiesto interés social".


Jueves 11 de diciembre, 2003


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