Rechazo a la ley de financiamiento:
El por qué de las movilizaciones
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| Acto por
el Derecho a la Educación en el Parque Almagro. |
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| El Consejo
del ICEI emitió una declaración apoyando
las movilizaciones estudiantiles. |
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| Manifestación
frente al Banco Central. |
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Ad portas del último recuento del Presidente
Lagos a la cabeza del Gobierno el venidero 21 de mayo, la
educación superior vive, con la aprobación parlamentaria
de la ley de financiamiento, uno de los mayores embates privatizadores
del último tiempo.
En tan sólo dos días, los diputados y senadores
del país aprobaron, con un voto de rechazo por cada
Cámara, la ley de crédito privado con garantía
estatal. Pareció que las múltiples movilizaciones
de los estudiantes universitarios manifestando su rechazo
a ella causaron el efecto contrario al deseado, agilizando
su despacho.
El conflicto data del año pasado, cuando el Ministro
de Educación envió el proyecto de ley al Congreso.
Pero la lucha ganó en intensidad a partir de fines
de marzo de 2005, cuando el Senado rechazó siete normativas
provenientes de la Cámara Baja con respecto al entonces
proyecto de ley, la que pasó así a la respectiva
Comisión Mixta.
Entonces los estudiantes, liderados por la Confederación
de Estudiantes de Chile (Confech), comenzaron a movilizarse
con el objetivo de evitar la aprobación del proyecto
o, en última instancia, lograr el veto presidencial.
Este último medio se tornó en la única
opción luego del veloz despacho de la ley, ocurrido
el 3 y 4 de mayo en las salas del Congreso Nacional. Así
las medidas de presión han ido aumentando (desde paros
y tomas hasta huelgas de hambre, a lo largo de todo el país),
para conmiinar al Ejecutivo a vetar la ley antes de que se
cumpla el mes de plazo establecido para promulgarla.
La ley de la discordia
A grandes rasgos, lo que crea la Ley de Financiamiento de
la Educación Superior es una Comisión Administradora
de las distintas fórmulas crediticias de financiamiento.
Estos serían el Fondo Solidario actual, destinado a
las universidades públicas, y un nuevo crédito
privado con garantía estatal, destinado a toda institución
autónoma acreditada (donde caben las universidades
estatales y privadas, institutos profesionales y centros de
formación técnica).
Las deficiencias estructurales del crédito estatal,
y su incapacidad de satisfacer las necesidades de todo el
estudiantado, conllevan a la seria posibilidad de que, a pesar
de seguir existiendo el Fondo Solidario, los estudiantes de
las universidades tradicionales deban solicitar esta nueva
forma de financiamiento, que muchos consideran como un negocio
para las entidades privadas.
Su mecanismo consiste en que el alumno solicita al privado
(banca, AFP, caja de compensación) un préstamo
avalado estatalmente para pagar sus estudios, con tasas de
interés de mercado, que por supuesto son muy superiores
al 2% que cobra el crédito universitario otorgado por
el Fondo Solidario. Ahora, si el alumno no paga, el Estado
asume la deuda con el prestador, garantizando así el
negocio. Esto abre la posibilidad de que el Estado termine
desviando sus fondos a pagar deudas contraídas por
estudiantes ante universidades privadas, cuyos aranceles muchas
veces duplican los de una universidad tradicional.
Existen, de ahí en más, una serie de regulaciones
que desprotegen al deudor para asegurarle la devolución
del dinero al Fisco, además de la posibilidad de caer
en Dicom. Por otro lado, la clasificación entre carreras
rentables y no rentables podría llevar a que, por ejemplo,
un privado otorgue un crédito a un futuro ingeniero,
pero no a un filósofo, un artista o, incluso, un periodista.
Qué pasa en el ICEI
Una irónica contradicción define hoy la situación
de Periodismo frente a la nueva ley de financiamiento estudiantil.
Mientras la Escuela se moviliza a través de paros y
masivas asistencias a marchas, y sus autoridades se encuadran
con las peticiones de rechazo del alumnado (ver la Declaración
Pública del ICEI), nuestros pares se encargan de
desinformar a la ciudadanía y desvirtuar las movilizaciones
a través de los medios de comunicación.
Mientras, la estrategia comunicacional del Ministerio de
Educación se ha basado en desvirtuar tanto las críticas
a la ley como las peticiones de la Confech, atribuyendo el
malestar de los estudiantes a un supuesto egoísmo ante
la idea de compartir sus beneficios con los alumnos de entidades
privadas.
Las esperanzas están ahora sumidas en Ricardo Lagos.
Si bien cunde el escepticismo (el Presidente no ha vetado
ley alguna en sus cinco años de mandato), no es el
veto el único norte del estudiantado. Se aboga por
una verdadera educación pública, con el Arancel
Diferenciado como instrumento, acompañado por la aprobación
de Estatutos democráticos para la Universidad de Chile.
Es así como se encuentran programadas diferentes manifestaciones,
entre ellas, la Marcha contra la Exclusión, convocada
por la CUT, desde el martes 17; el paro nacional de la Educación
(al que se suman los secundarios, el Colegio de Profesores
y algunas universidades privadas) que se realizará
el 19 de mayo; y la protesta general del sábado 21
en Valparaíso.
| Texto: Daniel Brzovic Gaete |
Fecha
de publicación:
Lunes 16 de mayo, 2005 |
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