Huelga en Diario Siete

Los periodistas también tienen derechos

Los trabajadores del Diario Siete decidieron ir a huelga ante la negativa de la empresa a su petición de mejorar las condiciones laborales

La responsabilidad del Estado de fomentar la pluralidad de medios es una de los elementos centrales de la discusión

La manifestación se realizó frente a La Moneda

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Descontentos con las condiciones laborales a las que estaban sometidos, los trabajadores de Diario Siete decidieron ir a huelga; ya cumplieron una semana paralizados y el periódico lleva el mismo tiempo fuera de los kioscos. Doble discurso del “progresismo”, dificultad de instalar voces distintas en la fauna mediática. De esto y más conversamos con el presidente del sindicato de este diario, Juan Pablo Sierra.

"Por 700 mil pesos se hubiera bajado la huelga, pero no quisieron". Así explicita Juan Pablo Sierra, reportero gráfico y presidente del sindicato de trabajadores del Diario Siete, la falta de voluntad para negociar que ha tenido el directorio de la empresa presidida por Genaro Arriagada, ante las peticiones de mejoras en las condiciones de trabajo de los periodistas.

Luego de que el pasado 8 de mayo una gran mayoría de los trabajadores votaran por ir a huelga (37 de 42), la inspección del trabajo quiso mediar entre ambas partes y ofreció como solución que la empresa pagara un aguinaldo de 25 mil pesos a cada trabajador, para luego de dos semanas sentarse a negociar nuevamente y hacer una mediación formal. El directorio se opuso.

"En general, en los medios se acepta este tipo de abusos, pero aquí 42 personas dijimos basta", dice Sierra. Así, la huelga se concretó el 17 de mayo y ya lleva una semana. Los trabajadores demandan el pago de extensión de la jornada (trabajan un promedio de 12 horas diarias), reajuste de sueldos de acuerdo a la variación en el IPC de este año, y el pago de aguinaldos y bonos, ya que actualmente no reciben ningún tipo de incentivo laboral. "Algo incongruente con la definición progresista que se le quiso imprimir al diario, dar este trato a sus trabajadores", apunta el sindicalista.

El directorio de Diario Siete, entonces, declaró que de insistir en sus demandas los trabajadores podrían provocar el cierre del diario. Esto removió muchos fantasmas de publicaciones cerradas durante la transición, como La Época o Rocinante. El directorio dio a conocer las cuantiosas pérdidas del diario por bajas ventas y auspicios. "No veo por qué tendríamos que subvencionar nosotros esa mala gestión", responde Sierra. Los trabajadores -agrega- están muy comprometidos con el proyecto, pero no pueden llevar sobre sus hombros la responsabilidad de la continuidad del diario. "De continuar, que sea en base al respeto a sus trabajadores", declara Sierra.

Abriendo la discusión

El Diario Siete es controlado en un 50 por ciento por el consorcio Copesa y en otro 50 por ciento por un grupo de accionistas proclives a la Concertación. El directorio reveló que el diario había sufrido pérdidas por 850 millones de pesos el 2005, y se proyectaba que este año también habría pérdidas millonarias. Los trabajadores reclaman por el doble discurso de los personeros concertacionistas ligados al proyecto, que fijaron una línea editorial "progresista", de centro-izquierda, pero quieren hacerles pagar a los trabajadores los costos de una mala gestión. Y esto sumado a otro problema: según Sierra, el ingreso por concepto de publicidad estatal al diario era cercano a los 180 millones de pesos el año pasado, pero cuando asumió Michelle Bachelet, ese aporte se redujo a casi cero, un elemento que el directorio no habría considerado.

La crisis que atraviesa el Diario Siete viene a replantear un tema demasiado recurrente durante el Chile post-dictadura: la dificultad de posicionar voces distintas a los medios de comunicación hegemónicos en el mercado. En este sentido, la responsabilidad del Estado de fomentar la pluralidad de medios aparece como una de las aristas fundamentales de la discusión. La vía para canalizar tal apoyo sería repartir equitativamente los recursos por concepto de avisaje estatal, que hoy van a dar principalmente a las arcas de El Mercurio y La Tercera.

La posición del gobierno se cristaliza en una declaración efectuada por el vocero Ricardo Lagos Weber: "este es un problema entre privados". Pero tomando conciencia y yendo en contra de lo que Juan Pablo Sierra denomina como la política de la no política comunicacional de la Concertación, un grupo de 12 diputados PS-PPD-DC apoyaron a los trabajadores y propusieron crear una comisión investigadora en la Cámara de Diputados sobre la distribución de la publicidad estatal. Este ha sido uno de los logros -quizás ni siquiera pensados- de la huelga.

Los trabajadores y el Diario Siete están en ascuas. "Hubiéramos preferido no estar en esta situación", dice Sierra. Ahora esperan que el directorio se pronuncie y los saque de la indefinición.