Tras
la caída de Aerocontinente, su principal contendor del mercado
nacional, Lan Chile, se alza como un imperio que amenazaría
el normal funcionamiento de los vuelos nacionales, generando preocupación
en las autoridades y usuarios por un posible monopolio.
2 mil 500 pasajeros
de la aerolínea debieron esperar en distintos terminales
aéreos una solución que les permitiera regresar a
sus lugares de destino. El testimonio de un pasajero nos evidencia
los duros momentos que vivió en espera para volver a Chile.
Retorno Incierto
El día
14 de julio viajaron 36 personas del ballet folclórico Antumapu
vía erocontinente hasta Miami. El vuelo no tenía escalas
y su tarifa, de 600 dólares, era la más barata del
mercado.
El grupo, que
debía regresar a Santiago el 31 de julio, quedó aislado
en el Aeropuerto de Miami pues su vuelo salió del circuito
aéreo tras la suspensión de los viajes e incautación
de los aviones de la empresa Aerocontinente; ello producto del golpe
judicial que propició el CDE en contra de la aerolínea
por un supuesto lavado de dinero y relación de sus dueños,
la familia Zevallos, con el narcotráfico.
Gonzalo Mazuela,
estudiante de periodismo e integrante del grupo folclórico,
relató lo difícil e inciertas que fueron las gestiones
para retornar a Santiago. "Una vez que llegamos a Carolina
del Norte, pasaron diez días antes que supiéramos
que aerocontinente tenía problemas en Santiago y tratamos
de gestionar de inmediato el regreso. El director del grupo, se
encargó de llamar a la Cancillería y a la agencia
de
viaje para confirmar, lo que hasta entonces, eran sólo rumores
para nosotros".
"Logramos
así que la agencia consiguiera los boletos desde Miami hasta
Lima. La Cancillería, por su parte, pondría un avión
Hércules de Lima hasta Santiago, pero después señaló
que también debía hacerse cargo de las otras personas
que estaban fueran de Chile. Lan Chile tenía que darles la
oportunidad de regresar con
ellos, fuera como fuera. Estando en Miami entonces, no teníamos
la certeza de regresar a Santiago por Aerocontinente, solamente
teníamos la confirmación de la agencia, y sólo
hasta Perú. Estábamos con tantas dudas que al final
nos aventuramos hacia el aeropuerto de Miami y esperamos que se
hiciera el embarque. Una vez realizado el embarque, y se tuvo la
certeza de que regresábamos, en Lima nos esperó otra
sorpresa. Debíamos cancelar un nuevo pasaje vía Lan
Chile a 120 dólares para poder regresar a Santiago".
"Finalmente
llegamos el 1 de agosto a Lima donde abordamos el vuelo de Lan Chile
que por obligación fue previamente pagado y que nos trajo
de regreso el 2 de agosto a las 6:30 de la mañana hasta Santiago
la espera y la rabia de tener que cancelar en forma adicional los
pasajes Lima - Santiago, cuya deuda asciende actualmente 2 millones
800 mil pesos en total por el grupo folclórico, sin ninguna
facilidad de pago, nos hace sentir que este episodio aún
no termina, pues nuestro endeudamiento inesperado nos llevó
a tomar la decisión de establecer una demanda contra Aerocontinente
a través del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y
resolver, en esa instancia, el atropello gratuito del cual fuimos
víctimas".
Antecedentes
poco transparentes
El testimonio
de este joven estudiante se suma al de los 2 mil 500 pasajeros de
Aerocontinente que quedaron desprotegidos luego de la bomba que
detonó el 18 de julio tras la querella interpuesta por el
CDE en el Quinto Juzgado del Crimen de Santiago contra dicha empresa,
con el juez Carlos Urrutia a cargo, por el delito de lavado de dinero
y narcotráfico.
Todo partió
con la Operación Icaro, investigación llevada a cabo
por el CDE y la Brigada Antinarcóticos de la Policía
de Investigaciones por los delitos de asociación ilícita
y lavado de dinero.
Juan Carlos
Urrutia, titular del Quinto Juzgado del Crimen de Santiago ordenó
incautar los aviones que la empresa tenía en Santiago, Arica
e Iquique, la noche del miércoles del 18 de julio. El operativo
culminó con la detención de cuatro ejecutivos de Aerocontinente.
Ellos fueron el peruano Máximo Zadi Desme; el gerente general,
Jorge Schomburgk, de nacionalidad chilena; el ex socio constituyente,
Félix González y el chileno esposo de Lupe Zevallos,
Jorge Portilla Barraza.
La incautación
implicó cinco aviones boing, cuentas bancarias y el cierre
de quince oficinas a lo largo del país. La operación
vio luz verde para el CDE cuando Portilla pisó tierra chilena
el 16 de julio, dos días antes del golpe.
De acuerdo a
los antecedentes recogidos por el CDE, la empresa Aerocontinente
realizó diversos movimientos de dinero detectados en diferentes
cuentas bancarias, que dan cuenta de la operación de lavado
de dinero realizado por la empresa.
De acuerdo a
ello, existieron cuentas corrientes correspondientes a los Bancos
de A. Edwards y Santantander cuyos depósitos entre noviembre
de 1999 y agosto del 2001 fueron cifras excesivamente ascendentes,
en pesos y dólares.
Sobre la base
de ello, la querella presenta la existencia de una operación
en que Aerocontinente Chile y la sociedad peruana de esta empresa,
actuó financieramente cohesionada, respondiendo a una sola
voluntad, actuando las mismas personas y trasladando fondos de una
cuenta según sus necesidades.
De acuerdo a
los estudios realizados en torno a los costos operativos de la aerolínea,
estos movimientos de dinero justificarían la solvencia de
una empresa que no cancelaba los gastos operativos de arriendo de
los aviones; con las tarifas de pasajes aéreos más
bajos del mercado y trabajando sostenidamente a pérdida desde
hace dos años. Ello revelaría, de acuerdo al estudio,
la solvencia íntegra de la empresa desde el exterior.
La línea
blanca
No sólo
el lavado de dinero es una de las acusaciones que se vierten sobre
Aerocontiente, sino también la acusación que pesa
sobre los hermanos Fernando y Lupe Zevallos, dueños de la
aerolínea por sus influencias con el narcotráfico.
En 1995 una
operación antidrogas en Perú, desarticuló uno
de sus poderosos carteles de tráfico de cocaína hacia
EEUU y Europa. Se trataba del grupo de sicarios "Los Norteños",
más conocido como el "Cartel de los Hermanos López
Paredes". Fue luego de esta operación que el nombre
de Fernando Zevallos apareció como uno de los integrantes
del mencionado cartel, y cabecilla del tráfico de drogas.
Justo en esas
fechas, extrañamente, Fernando Zevallos traspasó todas
sus acciones de Aerocontinente a su cuñado, el chileno Jorge
Portilla, esposo de Lupe Zeballos. En el desmantelamiento del grupo
"Los Norteños", treinta personas fueron condenadas,
mientras que otros cuantos, entre otros Zevallos, quedó en
la situación legal de "juzgamiento reservado" con
orden de captura internacional y con una condena de 15 años
de cárcel inexcarcelable pendiente.
Zevallos figura
en una serie de empresas de papel que constituyen "paraísos
fiscales", que gracias a maniobras ilegales están exentas
de impuestos y operan por una agente que reside en el país.
Los paraísos son, en definitiva, compañías
que operan con propietarios fantasmas que el CDE quiere dilucidar,
con la hipótesis de que aquel es Zevallos.
Si actualmente
Fernando Zevallos reside como ciudadano común en uno de los
países con mayor fiscalización antinarcótica
del mundo, cómo lo es EEUU, ¿cómo se explica
que el DEF no haya descubierto con antelación a Chile los
manejos de dinero y vinculaciones con el narcotráfico de
Zevallos?.
Con este hecho
queda de manifiesto que el tema de la globalización y trasnacionalización
de las empresas tiene sus baches en el control de poderes como el
narcotráfico, haciendo vulnerables nuestros países
bajo redes de control cada vez más sofisticadas como el traslado
encubierto de drogas libremente por el mundo en líneas aéreas
constituidas "legalmente" como tales en el mercado.
¿Son
tan frágiles las fronteras o tan poderosas las redes del
narcotráfico que impide detectar los movimientos del tráfico
de droga en el mundo? En este sentido, la operación del CDE
puede ser un precedente importante para desbaratar redes de narcotráfico
o sólo un acto fallido del mismo Consejo que podría
dejar en jaque su credibilidad.
Una menos
en el camino
No es la primera
vez que Lan Chile se queda sola en el mercado aéreo nacional.
En marzo había desaparecido la aerolínea Avant de
propiedad de la familia Diez, absorbida por las bajas tarifas que
ofrecía Aerocontinente. Al desaparecer esta última,
Lan Chile se erige como dueña y señora de los cielos
chilenos, situación que no ha dejado de preocupar a las autoridades
nacionales por el posible monopolio de esta empresa, la que en estos
últimos diez años siempre ha quitado del camino a
sus más poderosos competidores.
Esto pone en
peligro la oferta de tarifas para los consumidores ya que el valor
de sus boletos podrían subir tras la puesta en marcha de
una nueva imagen corporativa que tiene por finalidad comprar cuatro
o cinco operadores en América Latina convirtiendo entonces
a Lan Chile en Lan América.
Eliminado el
competidor, la incertidumbre sobre una situación de monopolio
Lan-Ladeco alertó a las autoridades nacionales que, representadas
por el Fiscal Nacional Económico, Francisco Fernández,
señalaron que es necesario establecer una Comisión
Resolutiva que podría ordenar la disolución de Lan
-Ladeco (que juntos forman el 85% del mercado nacional aéreo)
como una acción antimonopólica frente a una situación
que el fiscal reconoce como "un monopolio de hecho".
Según
fuentes del Ministerio del Interior peruano, el desbaratamiento
de la línea aérea peruana no es más que una
"truculencia de mal gusto" de la empresa Lan Chile para
conseguir el monopolio de los vuelos nacionales e internacionales,
"calumniando a la familia Zevallos, cuando en concreto, no
se ha podido probar ninguna de las acusaciones emitidas por el CDE".
Las autoridades
no descartan la llegada de otras líneas aéreas al
mercado, para asegurar una libre competencia y terminar con lo que
podría ser un imperio de Lan Chile, sobre los cielos chilenos.
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