Desde
hace un tiempo a esta parte, las antenas del gobierno (y de todos
los de la Concertación) apuntan a liberalizar el intercambio
comercial con las alianzas estratégicas más importantes
del orbe. Ahora bien ¿qué tan trascendental puede resultar
la concreción de estos acuerdos? Los miles de manifestantes
que salieron a la calle para protestar en Québec demuestran
que el libre comercio no representa una panacea para la población
del planeta. Más bien genera inmensas dudas sobre el futuro,
en especial para quienes son pequeños productores o microempresarios,
quienes ven con temor la competencia descarnada que se está
comenzando a incubar, y que al parecer no tiene piedad con los peces
más pequeños.
Estos
peces pequeños, generalmente productores de un país
subdesarrollado o en vías de desarrollo, han vivido en carne
propia la aparición de nuevas artimañas en el actual
sistema económico mundial. Todos tratan de proteger lo suyo,
es verdad, pero siempre a costa de alguien que sale perjudicado.
En
los últimos tres años las acusaciones de dumping
(competencia desleal) en contra de productos chilenos se han triplicado.
Se prevé que esta situación cada vez será una
tendencia mayor porque hay más intercambio comercial y esta
es una forma, entre otras, que los países usan para protegerse.
En
los últimos años distintas empresas nacionales han
sido acusadas de dumping tanto en Estados Unidos como en
otros países, lo que ha significado importantes desembolsos
de dinero para las compañías en la defensa, aunque
sean inocentes. En el caso de algunas, incluso, la situación
las ha llevado a la quiebra. Le sucedió a CMPC en Brasil
el año pasado, a los productores de uva este año,
a los salmoneros en el pasado cercano y ya parece una costumbre
periódica que a los productores les significa una millonada
en abogados y un desmedro a su capacidad de competir. Hay que recordar
que cuando los tribunales norteamericanos determinan la existencia
de dumping, se aplica una sobretasa al producto extranjero,
que va a dar directamente a los bolsillos de los "inocentes"
acusadores.
La
expansión de la inversión nacional hacia el extranjero
ha tenido también otras trabas, como los países que,
a raíz de una crisis interna, deciden elevar los aranceles
aduaneros. Tal es el caso de Argentina, que con la llegada del ex
ministro Domingo Cavallo como "Baywatch" de una economía
en su tercer año de recesión elevó sus aranceles.
Según la Cámara de Comercio de Santiago, se produjo
un incremento en 0,8% de arancel efectivo general (de 3,6% a 4,4%)
que pagan los productos chilenos en Argentina.
Y
suma y sigue, pues están también los problemas ambientales,
la xenofobia y otras vallas que las empresas criollas -a estas alturas,
dotadas de cuero de chancho- deberán superar si su objetivo
es trascender las limitadas fronteras del comercio interno.
Lucchetti:
el monstruo de los Pantanos de Villa
Uno
de los casos que más polémica ha causado, es el litigio
por la instalación de la fábrica de pastas Lucchetti,
perteneciente al grupo Luksic, en una reserva ecológica peruana
denominada Pantanos de Villa, donde habitan más de 550 especies
de aves.
Esta
historia no es reciente, data de 1996 cuando por la cifra de 1.500.000
dólares, se adquirieron 5 de las 296 hectáreas –hace
20 años eran 600- y se comenzó la construcción
de la planta bajo un permiso del SERPAR (Servicios de Parques de
la Municipalidad de Lima), pero al parecer, este certificado de
compatibilidad era para industria ligera, por lo que el alcalde
y enemigo del fujimorismo, Alberto Andrade inició una batalla
judicial que todavía continua.
Esa
vez, la Corte Suprema favoreció a la empresa chilena, y nuevamente
puso en discusión el veredicto judicial, por el descubrimiento
de una alta red de corrupción que se inició con el
Presidente anexando a las fuerzas armadas y al poder judicial. Esto,
sumado a más de 1.590 cintas conocidas como "vladivideos"
que involucran entre otras personas al ex presidente de Lucchetti
en Perú, Gonzalo Menéndez, en una conversación
comprometedora, en la que expresa la exigencia de que la resolución
judicial sea a favor de la firma chilena.
Así,
el conflicto que podría pensarse como un abuso más
hacia las empresas chilenas en el extranjero para reducir su competitividad
respecto al mercado local, pasa a tener un cariz oscuro e irregular
que aún no ve solución pronta.
Por
un lado, el consorcio chileno defiende su inversión que alcanza
los 100.000.000 de dólares y que genera 300 puestos de trabajo,
argumentando que la planta ha incorporado desde sus inicios una
tecnología limpia y planes de mitigación compatibles
con los estándares ambientales, sin producir deshechos como
sí lo hacen según ellos, las empresas vecinas como
3M y Kimberly.
Desde
el ángulo opuesto, están los grupos ecologistas liderados
por el Alcalde de Lima que defienden uno de los últimos reductos
ecológicos de la sobrepoblada capital peruana –el 17% del
área verde de esa ciudad- y han trasformado un tema mayormente
judicial en un conflicto nacional, con una campaña de desprestigio
hacia la fábrica de Lucchetti, acusándola de corrupción
de funcionarios y tráfico de influencia. Llamando a no consumir
sus productos, petición que no ha sido escuchada por la ciudadanía,
pues las pastas de dicha marca lideran el mercado con un 30% del
consumo.
A
pesar de lo anterior, Andrade espera que se reabra el caso y se
cambie la resolución dada por el juez Percy Escobar en 1998,
aunque en términos legales el caso esta jurídicamente
zanjado y aún así se decrete que el juicio fue fraudulento,
la norma señala que ésta tiene un plazo de caducidad
de seis meses, período que ya se cumplió.
De
esta discusión donde cada cual pareciera tener sus razones
de peso, surgen preguntas; pero todas tienen respuestas convincentes.
Como ¿Por qué Lucchetti se empeñó en construir
su planta en las inmediaciones de Pantanos de Villa? Y la explicación
tiene una razón logística. El lugar se encuentra a
un kilómetro de la carretera panamericana sur, lo que le
da acceso a los principales mercados mayoristas de Lima y se ubica
a 10 kilómetros de un muelle granelero que permite descargar
trigo sin cruzar toda la ciudad.
Su
disposición a apoyar a la empresa chilena Lucchetti en la
disputa que la firma mantiene con autoridades municipales peruanas,
manifestó el Ministro del Interior, José Miguel Insulza,
quien además criticó la manipulación de este
tema con fines electorales en dicho país.
"Me
parece perfectamente justo que las empresas se tengan que ceñir
por las leyes de los países en los cuales se establecen.
Pero esas cosas deben verse en los tribunales de justicia y no sobre
la base de una política de linchamiento ante la opinión
pública", expresó el ministro al ser inquirido por
la situación que enfrenta la firma chilena en Perú.
En
tanto el Canciller peruano, Javier Pérez de Cuéllar,
cerró toda posibilidad de intervención de su gobierno
por el caso Lucchetti en Perú por cuanto, dijo, "se encuentra
radicado en los tribunales de justicia".
Cabe
destacar que Lucchetti entró al mercado inca después
de un estudio de riesgo y determinados convenios que resguardan
la inversión extranjera. Este es uno de los puntos por los
cuales los gobiernos no han querido inmiscuirse dejando todo en
manos de la resolución judicial. En este punto es importante
destacar los temas que se debatieron en la III Cumbre Interamericana
en la cual se sobrepuso las necesidades de una economía libre
ante las restricciones laborales y medio ambientales. Bush a diferencia
de Clinton, influenciado por grupos ecologistas y sindicales, tiene
una política más realista y de mayor agresión
frente a la protección del libre mercado. A pesar de ellos
hay analistas políticos que hablan de que estos dos objetivos
deben ser planteados como paralelos y no como contraopuestos para
poder satisfacer ambos equitativamente.
El
problema que enfrenta Lucchetti en Perú fue considerado por
el presidente de la Cámara Chileno-Peruana de Comercio, Sergio
Málaga, como un hecho aciago que no debiera afectar las inversiones
del grupo Luksic en el país andino, puesto que los ejecutivos
de la empresa realizaban un legítimo ejercicio de lobby
cuando se entrevistaron con el ex asesor de Fujimori, Vladimiro
Montesinos, y en definitiva fueron ellos los perjudicados, porque
se violó su derecho a la privacidad.
"En
todos los países del mundo se hace lobby. Hay que
defender los intereses de las inversiones", aclaró el dirigente.
"No es lícito que a nadie se le tome su opinión
sin que, al mismo tiempo, se le esté informando que ésta
se va a dar a conocer públicamente", como ocurrió
en este caso.
Sergio
Málaga aseguró que pese a la polémica suscitada
"las cosas se van a manejar con el mayor y más absoluto apego
a la justicia".
Es
más. El dirigente gremial proyectó un aumento de los
capitales de nuestro país hacia la nación andina,
donde ya existen unos 300 empresarios chilenos, dado el clima de
transparencia actual que reina en Perú.
Mientras,
el ministro de Economía y Finanzas del Perú, Javier
Silva Ruete desestimó que el Poder Ejecutivo de su país
intervendrá en este problema, que es considerado por lo demás
como una cuestión netamente judicial.
El
infierno de LanPerú
Manejos
poco claros y ataques constantes de sus socios han significado la
pérdida total de derechos de LanChile en esta compañía.
Entre
las crisis que han sufrido las empresas chilenas en el extranjero
en el último tiempo se cuenta la de LanPerú, empresa
de la cual Lan Chile posee el 49% de las acciones.
Las
continuas desaveniencias legales entre la empresa chilena y su socio,
PerúVal, determinaron que de la justicia peruana emanara
una medida cautelar que le suspendió sus derechos políticos,
retirándolos del directorio. El hecho es sumamente grave,
pues Lan Chile, como accionista mayoritario, pretendía efectuar
cambios en el directorio y reorientar las políticas del servicio
aéreo.
PerúVal,
sin consentimiento de nadie, nombró nuevos directores y asesores
externos, desconociendo los derechos de la compañía
chilena. Según informó la empresa en la junta, en
la que participaron sólo ellos, se procedió a nombrar
nuevos directores y asesores externos, sin precisar nombres.
En
todo caso, la disposición precautoria de la justicia peruana
que impidió la participación de Lan Chile como accionista
de LanPerú no es antojadiza. Todo este problema se basa en
las acusaciones que pesan sobre LanChile por la utilización
poco transparente de los derechos de carga en los vuelos de Lima
a Miami.
La
sucesión de hechos determinó que una magistrada peruana
acogiera la petición de Peruval de sacar a Lan Chile de la
administración de LanPerú, interviniendo la compañía.
Las secuelas de esta acción judicial incluyeron, además,
el término de los vuelos internacionales y domésticos
de la aerolínea.
No
obstante, la compañía nacional no culpa a la justicia
peruana del conflicto, sino que descarga todos los dardos sobre
su socio PerúVal, representado por el ex presidente de LanPerú,
Lorenzo de Souza. Según ejecutivos de Lan Chile, Souza habría
convencido a varios jueces para que los sacaran definitivamente
del mercado.
Por
ahora, la decisión de Lan Chile es permanecer en el mercado
peruano y luchar por recuperar el patrimonio de LanPerú que
se ha visto fuertemente afectado en términos de imagen a
raíz de este conflicto. No obstante, los cambios políticos
y el reordenamiento que vive el vecino país hacen difícil
una pronta solución. De hecho, mientras no haya un gobierno
legítimamente elegido es difícil que las instituciones
del país, y sobre todo el poder judicial, funcionen correctamente.
Por esta razón, una solución pronta al conflicto se
ve más que difícil, y lo único que Lan Chile
puede ver claramente en su horizonte.
Foto:
El Mercurio
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