Antes de la década de los '90, muchos países latinoamericanos (Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, entre otros), vivieron fuertes regímenes militares, en los cuales la inversión en armamento fue importantísima. Sin embargo, la instauración de gobiernos democráticos en los países de la zona condujo a una redistribución de los ingresos, disminuyendo el gasto bélico y aumentando el capital orientado hacia obras sociales.

Esta situación queda claramente demostrada por el estado actual de las fuerzas armadas de las distintas naciones. Brasil tiene parte de su flota aérea en tierra por falta de mantenimiento, las fuerzas armadas argentinas se han desprendido de algunas de sus bases por falta de fondos y Centroamérica redujo sus ejércitos a la mínima expresión.

La tendencia es similar en casi todos los países de América Latina, donde los presupuestos militares han ido declinando de la mano del fin de la Guerra Fría, la solución de los problemas fronterizos y la desaparición de los grupos insurgentes. Incluso las excepciones parecen confirmar la regla: en Chile, cuyo gasto militar tiene un aumento garantizado por ley, el presupuesto castrense ha caído como porcentaje del producto bruto interno (PBI), mientras en Colombia el gasto en defensa parece pequeño frente a los recursos generados por su enemigo número uno, el narcotráfico. "La tendencia es la misma en todo el mundo, Estados Unidos y Europa bajaron a la mitad su gasto militar, pero en Argentina ha sido más dramático", comentó el año pasado el ministro argentino de Defensa, Ricardo López Murphy, en el marco de una reunión de economistas latinoamericanos en Manaos para analizar el gasto militar en la región.

De acuerdo a las conclusiones que se obtuvieron en dicho encuentro, el presupuesto castrense en el país trasandino sufrió los efectos de la falta de recursos públicos y del fin de los conflictos fronterizos. De hecho, la inversión armamentística durante la década de los '80 alcanzó a un 5% del Producto Interno Bruto, mientras que en la actualidad esa cifra apenas asciende al 1%.

La tendencia se mantiene en el resto de los estados: Brasil, el país más grande de América Latina y el que tiene la mayor población, tiene un presupuesto militar del 1,8% del PBI. Bolivia, por su parte, vive una situación bastante parecida a la de Argentina. El presupuesto castrense sufrió una fuerte caída, al pasar de 130 millones de dólares en 1990, 2,3% del PBI, a 123 millones en 1999, es decir, 1,8% del producto.

Un caso excepcional ha sido Colombia, cuyas fuerzas armadas están enfrascadas en una guerra sin cuartel contra el narcotráfico, las guerrillas izquierdistas y las bandas paramilitares de derecha. En la tierra del café y la cumbia, el presupuesto militar se ha mantenido en alrededor de 2,6% del PBI en la última década.

Según ha indicado en repetidas ocasiones el gobierno colombiano, los US$ 1.200 millones que su país dedica anualmente al combate del narcotráfico, de un presupuesto total de defensa de US$ 2.300 millones, se hacen insuficientes frente al poder económico de los carteles de la droga. De hecho, se estima que la potencia militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de las milicias ligadas al tráfico de drogas, en conjunto, supera ampliamente la capacidad de respuesta del ejército regular de esta nación.

Gasto militar en Chile

El caso chileno es, por decir lo menos, especial. La inversión en armamento de Chile fue muy grande en el período de gobierno del procesado ex militar Augusto Pinochet Ugarte(1973-1990). Incluso en este intervalo de tiempo fue significativo el gasto en fabricación de armas, pues debido a la prohibición internacional de venta de material bélico a Chile, FAMAE debió abastecer los requerimientos de las Fuerzas Armadas. Esto, sumado a las constantes pugnas territoriales (incluido el cuasi conflicto con Argentina en 1978), conllevó que el gasto militar ocupara durante estos años un lugar de privilegio en el presupuesto total del país.

Con el retorno a la democracia se abrazó una nueva tendencia política, pero la situación no cambió. La razón de esto es muy simple: el aumento anual de la inversión castrense está garantizado constitucionalmente. Por lo tanto, una disminución de los dineros destinados a las distintas ramas uniformadas necesitaría imperiosamente de una reforma legal para ser efectiva. Por todo lo anterior, el capital del que disponen estas instituciones aumenta inexorablemente año a año. Al respecto, es conveniente explicar cómo se dividen los ingresos que el estado destina a las Fuerzas Armadas.

El costo fiscal en defensa tiene dos grandes brazos. El primero de ellos está formado por el aporte directivo que realiza el fisco a través de las Subsecretarías de Guerra, Marina y Aviación, comprendiendo los aportes que se hacen al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea respectivamente.

En este mismo ítem se contabilizan los recursos que el país entrega al Ministerio de Defensa y las estructuras que dependen de él, como son el Estado Mayor de la Defensa Nacional y la Región Militar Austral (Este aporte corresponde al 75% del presupuesto militar).

El segundo brazo lo conforman los fondos de la Ley de Reserva del Cobre (correspondiente al 25% del financiamiento), que se destinan a la compra de armas, equipamiento, aviones y todo tipo de material bélico. Considerando ambos conceptos, el aporte total del estado a la defensa corresponde al 1,6% del PIB y a un 9% del gasto fiscal global, lo cual en dinero efectivo asciende a más de 1220 millones de dólares al año.

Estos US$1220 millones, a su vez, se reparten entre las distintas ramas de las Fuerzas Armadas en porcentajes estipulados legalmente. La distribución del capital destinado a defensa se hace de la siguiente manera: La Fuerza Aérea recibe el 24,51%, la Armada un 34, 53% y el Ejército un 40, 81%. Lo Fondos de la Ley Reservada del Cobre se reparten equitativamente entre las tres ramas de la defensa.