Si un microempresario que fabrica zapatos paga un impuesto por sus productos, un precio por el uso de las materias primas y una patente por el local en el que desarrolla su actividad ¿Por qué las grandes mineras privadas de Chile, que explotan el cobre que le pertenece al Estado, no debieran hacer lo mismo? Esta es la pregunta que se ha hecho durante casi tres décadas el senador demócrata cristiano Jorge Lavanderos y la gran mayoría de los promotores del royalty a la minería privada.

En junio de 1974, la dictadura promulgó el Decreto Ley 600 o Estatuto del Inversionista Extranjero, que establece en teoría la no discriminación entre el inversionista foráneo y el nacional, colocándolos en igualdad de condiciones. Sin embargo, este mandato no se ha respetado en el ámbito de la minería de cobre, siendo evidente la disparidad que existe a la hora de tributar al Estado, entre la Corporación del Cobre (Codelco) y las mineras privadas, que en su mayoría están en manos de transnacionales extranjeras.

Quienes promueven el proyecto de ley tendiente a equiparar las condiciones tributarias entre la empresa privada y la estatal, argumentan que el marco legal vigente, que exime a las mineras extranjeras de pagar un derecho por la explotación de cobre, no sólo perjudica enormemente al Estado, por el no pago de millonarios tributos, sino que al país en su conjunto, pues se explota un recurso no renovable que es el sustento económico de la nación.

Así lo cree el diputado de Renovación Nacional por la Tercera Región, Carlos Vilches, quien es además el presidente de la Comisión de Minería de la Cámara Baja. Como precursor del proyecto del royalty que se encuentra en discusión en el Parlamento, Vilches piensa que es necesario revisar una serie de datos que evidencian la desigualdad que ampara la actual legislación.

La comisión que él preside señala, por ejemplo, que Codelco queda en una notoria desventaja frente a las mineras extranjeras, ya que paga un 10por ciento de royalty, mientras que las privadas, exceptuando La Escondida, no lo hacen. “Esta diferencia en términos tributarios se agrava aún más si se considera que Codelco aporta al Estado cerca de tres 70 mil millones de dólares y produce un tres por ciento de cobre más que las mineras privadas, que a su vez apenas entregan al Estado cerca de 98 mil millones de dólares anualmente, es decir, casi cuatro veces menos que Codelco”, explicó a The Moroso.

Para quienes defienden la actual legislación, no es posible cambiar las reglas del juego a la minería privada después de tanto tiempo. El presidente de la Cámara de Producción y Comercio (CPC), Juan Claro, es uno de los principales detractores del royalty, ya que considera incoherente gravar justamente al sector de la economía chilena que en el último tiempo ha sido el más exitoso. “La minería privada se ha desarrollado sobre la base de reglas preestablecidas explícitamente por el Estado de Chile y, para lo cual, ha debido comprometer cuantiosas inversiones de riesgo en exploración y producción, generando de esta manera un tremendo aporte a la prosperidad de todos los chilenos’’, afirmó el empresario en una declaración pública del 19 de abril pasado.

Claro agregó que si bien el país tiene derecho a legislar sobre temas tributarios, no le parecía que se pusiera en riesgo a la minería de cobre. “Uno esperaría que ello ocurriese en aquellas áreas donde las cosas anden mal y no bien, y en todo caso, respetando las condiciones de quienes ya han materializado sus inversiones’’, criticó.

El techo del gobierno

Hace unas semanas, la comisión de Minería de la Cámara de Diputados presentó un proyecto donde se establece un tres por ciento de tributo por el derecho a la explotación del cobre en Chile. Esto para regular, en parte, la deficiente situación que rige al usufructo de los recursos naturales en el país. La propuesta del legislativo no dejó indiferentes a los personeros de La Moneda y en sus pasillos comenzó a rondar fuertemente la idea de zanjar la discusión. Por eso, el equipo económico del Presidente Ricardo Lagos preparó una propuesta para hacer frente a la “tímida iniciativa de la Comisión de Minería de la Cámara Baja”, según dijo a este medio que, el senador Jorge Lavandero.

El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, fue el encargado de hacer el anuncio el 19 de abril. El proyecto del Gobierno incluye la aplicación de un royalty de 0 hasta un tres por ciento a las empresas privadas, que dependerá de la rentabilidad operacional de cada minera. Es decir, mientras más ganen más tendrán que pagar. De ser aprobado por el Congreso, el royalty se hará efectivo desde el 2007. Con esto, el Ejecutivo dejó en claro que el techo del tres por ciento será difícil de negociar.

Ambas iniciativas, la propuesta por la Comisión de Minería y la recientemente entregada por Eyzaguirre, aunque parecen ser un gran paso en la tributación del sector privado, no se condicen con los estándares mundiales que rigen la minería en países como Sudáfrica, Estados Unidos, Canadá y Australia, por nombrar algunos. El promedio del total de producción que deben pagar las empresas mineras por el derecho de explotación en 122 países, oscila entre un 8 y un 27%. De hecho, en Chile la empresa estatal Codelco paga un diez por ciento de su producción al Fisco, por lo cual no deja de ser cierto que los planes entregados por la Comisión de Minería y por el Ejecutivo son aún insuficientes. Según estimaciones de la Fundación Terram, un tres por ciento de royalty, en el mejor de los casos, entregaría al país 100 millones de dólares al año, mientras que con una tributación que bordee los dos dígitos, serían 400 millones más al erario.

El senador Lavandero, quien apoya el proyecto entregado por de la Comisión de Minería, reconoce la deficiencia y asegura que le hubiese gustado proponer un royalty del diez por ciento. Sin embargo, la Constitución chilena no le permite mayor campo de acción a los parlamentarios en el ámbito tributario. “Sabemos que es un proyecto pobre, pero es el único que podíamos presentar, porque no tenemos atribuciones constitucionales para hacerlo mejor. Si lo hubiésemos presentado como lo pensamos en un primer momento, de acuerdo a los royalty que rigen en otros países del mundo, hubiera sido inconstitucional”, afirmó el senador a The Moroso.

A pesar de que el gravamen de un tres por ciento aún es bajo, Lavandero cree que la iniciativa cuenta con el respaldo suficiente para ser aprobada por el Parlamento “La Concertación, 14 diputados de Renovación Nacional y dos independientes UDI han comprometido su apoyo”, advirtió.

Jean Paul Luksic, vicepresidente del Consejo Minero y presidente de Antofagasta Minerals -que produce el 10por ciento de cobre total del país con sus yacimientos Los Pelambres, El Tesoro y Michilla- cree que el gobierno debe mantener la actual legislación y desechar así la idea del royalty, ya que de lo contrario el sector minero se verá afectado. "De cumplirse los compromisos asumidos por el Presidente Lagos con la industria minera, el futuro será promisorio, pero si se piensa imponer nuevos gravámenes o tributos a la industria se pone en riesgo futuros proyectos. La propuesta del gobierno es un error muy grave", afirmó.

El sueldo de Chile para los chilenos

La expectativa de Lavandero de llegar a un verdadero royalty del 10 por ciento es compartida por el diputado Carlos Vilches. El parlamentario ha defendido este proyecto y asegura que quienes se oponen a la iniciativa “no tienen idea de lo que se está discutiendo”.

Vilches sostiene que primero se deben generar las condiciones para aprobar el royalty y luego buscar la mejor forma para distribuir los ingresos. “Mi propuesta es que el 50 por ciento vaya a las regiones mineras, especialmente, para aumentar la inversión en Educación Media y Superior y en la capacitación laboral”, afirmó el diputado a The Moroso. El otro 50 por ciento propone destinarlo a innovación tecnológica para el desarrollo del país.

Otras propuestas, como la del director de Estudios de la Fundación Terram, Rodrigo Pizarro, apuntan a que el royalty a la minería privada podría financiar ampliamente el programa social del gobierno. El plan Auge, por ejemplo, tiene un costo aproximado para el Estado de 320 millones de dólares, que serán cubiertos por la ciudadanía a través del alza de impuestos a los combustibles contaminantes, al alcohol y a los juegos de azar, además de aumentar un cuarto de punto porcentual el IVA. Según Pizarro “estas alzas, que sólo perjudican al sector de menos ingresos del país, podrían ser evitadas si las empresas mineras pagaran el royalty”.

Sin ir más lejos, si el año 2002 hubiese estado vigente este derecho de un dos por ciento a las mineras, el Estado chileno hubiese tenido un ingreso aproximado de mil 100 millones de dólares. Estos dineros no sólo serían suficientes para cubrir el Plan Auge, sino también otros programas de educación y vivienda que pretende llevar adelante el gobierno de Ricardo Lagos. Por ejemplo, Chile Solidario -programa que entrega bonos en dinero y apoyo social a las 225 mil familias más pobres de país- tiene un costo para el Estado de 72 mil millones de pesos anuales, que perfectamente podrían ser cubiertos con sólo parte del royalty a las mineras.

Según el senador Lavandero ningún parlamentario puede oponerse al royalty si tiene en cuenta lo que significa anualmente para el Estado. “Las ventas de las mineras privadas alcanzan los 43 mil millones de dólares que equivalen a darle dos casas gratuitas a cada chileno, además de salud gratuita a todos los que ganan menos de 500 mil pesos mensuales, además de entregarles una pensión de 400 mil pesos a todos los jubilados, junto con entregarle una educación a todos los hijos de la gente modesta. Eso significan 43 mil millones de dólares y en los próximos años será aún más”, señaló.

Mientras se aguarda la discusión en el congreso, los propulsores del royalty esperan que se concrete la medida para evitar acciones como las realizadas por la minera Disputada de Las Condes, que fue explotada durante una década por la empresa estadounidense Exxon, declarando pérdidas en todo ese período. Ello le permitió no pagar al Fisco más de 2 mil 600 millones de dólares, pues recién cancelaría el derecho a la explotación del recurso en 2011, pero el cobre se acabó antes.

Sitios relacionados:
www.cochilco.cl
www.minmineria.cl
www.procobre.cl
www.terram.cl