L A B O R A L
Subcontratación:
El senador DC José Ruiz di Giorgio califica la subcontratación como la esclavitud moderna
Trabajadores a la venta

Más de 500 mil personas laboran en Chile en condiciones de extrema vulnerabilidad, producto de la externalización de los servicios de mano de obra. Tan precaria es su situación que el senador DC, José Ruiz di Giorgio, califica este sistema como “la esclavitud moderna”.

por Cristian Cabalin y Luis Vidal

Abaratar costos en la lógica empresarial es prioridad. Cuando se trata de escoger el sector de la escala de producción para hacer estos ajustes, la mano de obra es lo primero que sucumbe. Tan evidente es esta situación que desde la crisis asiática de fines de 1997, la discusión entre los trabajadores, el Gobierno y los empresarios se entrampó en el tema de la flexibilización laboral.

En la línea de este nuevo marco legal, se encuentra el proyecto que controla el funcionamiento de la empresa y el contrato de servicios. Es decir, busca modificar la actual estructura de subcontratación en Chile.

“Más de 500 mil personas trabajan bajo este régimen en considerable vulnerabilidad, pues no se cumplen las disposiciones del Código Laboral”, aseguró a The Moroso, el economista y sociólogo de la Fundación Terram, Marco Kremerman.

Uno de los ejemplos más notorios es el de la construcción, donde una empresa “x” del sector inmobiliario o de servicios (luz, gas, agua) llama a licitación pública a diversas compañías del rubro para realizar las faenas. Quien se adjudica las obras tiene, a su vez, una diversa red de subcontratistas que aportan a la empresa camiones y trabajadores propios, con salarios que no superan los cien mil pesos en el caso de los obreros, sin previsión y con jornadas extensas que llevan al límite la resistencia física.

La cantidad de intermediarios llega a tal punto que muchos subcontratistas menores pierden las inversiones de su vida reclutando personal para las obras. Héctor Garrido es obrero y con sus ahorros fue formando pequeños grupos de trabajo al servicio de distintas empresas. Su experiencia es negativa: “hay tantas personas entremedio 'cortando la cola' que me he quedado yo sin plata por cumplir con mi gente”, indicó a ThM.

Desde el mundo político, el senador DC José Ruiz di Giorgio calificó este sistema como la “esclavitud moderna”. “Muchas veces son empresas de papel de la empresa matriz de la obra, que se montan para perjudicar a los trabajadores”, dijo en una entrevista a radio Universidad de Chile.

“Esta práctica permite que empresas sin ninguna solvencia ni formalidad operen y, a la vez, evita que los trabajadores puedan organizarse, ya que no existe posibilidad de negociación colectiva ni sindicalización”, explicó Marco Kremerman.

Las peleas en el Senado

El proyecto para mejorar la precaria situación de los trabajadores lleva un año en tramitación y a juicio del ministro del ramo, Ricardo Solari, los parlamentarios de la Alianza por Chile lo han desnaturalizado.

El secretario de Estado reconoce que el tema de la subcontratación es una realidad que se debe abordar, pues los trabajadores son los más perjudicados. Sin embrago, rechaza las críticas del senador di Giorgio, quien ha calificado de timorata la actitud del Ejecutivo en esta materia. “No escondemos la cabeza, enfrentamos esta realidad. Pero si el proyecto sigue tal como está, preferimos dejar la situación actual”, dijo Solari.

La resignación del ministro, frente a las indicaciones presentadas por la oposición, evidencia también las intensas presiones ejercidas por los empresarios para limitar la iniciativa.

“El lobby ha sido feroz. El proyecto original traía muchas restricciones. Por ejemplo, evitaba que cualquier sociedad anónima actúe como proveedora de trabajadores, pues esto impide la fiscalización y deja a los empleados con nulas posibilidades de recibir una indemnización cuando la relación laboral termine”, explicó di Giorgio.

Sin embargo, el senador desmiente al ministro Solari, quien ha responsabilizado a la Alianza por Chile del nulo avance y desnaturalización del proyecto. “No es sólo la derecha. Sólo tres parlamentarios de la Concertación han rechazado esta iniciativa. Me da vergüenza que políticos que se dicen de izquierda, cuando se realizan las votaciones, estén en los pasillos para no comprometer su voto”.

El senador radical Augusto Parra, miembro de la Comisión del Trabajo, rechaza la imputación de su colega, pero comparte la apreciación del secretario de Estado. “Los parlamentarios de la Alianza por Chile fomentan la precarización del empleo con sus indicaciones al proyecto”, afirmó a ThM.

Uno de los aludidos, el RN Mario Ríos refutó, a través de este medio, a Parra y aseguró que “es una posición personal, no compartida por la mayoría de la oposición”.

“Yo creo que este proyecto no es conveniente, se crea un Código Laboral paralelo al actual. Es preferible evitar la subcontratación”. Ríos señaló además que posee una empresa frutícola que requiere de servicios temporales, pero que no acude a subcontratistas, porque son “meros intermediarios”.

“Yo contrato a mi propia gente, pero son los empleados los que a veces me piden que no los contrate, porque pierden los subsidios”, dijo a ThM. Según el parlamentario existen 141 tipos de subsidios estatales que pierden los obreros al formalizar una relación contractual.

Kremerman aseguró que no existen tales privilegios en el caso de los temporeros. “En la zona de la agroindustria lo que hay son 'enganchadores': personajes locales que llevan trabajadores a las plantaciones y cobran una comisión. Por eso, no hacen contratos”, expresó

Dumping Social

“Los cambios económicos han producido procesos de precarización de los empleos y desregulación de las relaciones laborales con las consecuencias de inestabilidad laboral, extensión de las jornadas, trabajo temporal y restricción del acceso a la seguridad social”, dice un informe del Plan de Igualdad de Oportunidades 2000-2010 del servicio Nacional de la Mujer (Sernam).

Ésta es la realidad que describe un organismo estatal que ve las deficiencias de nuestro sistema. Pero las críticas quedan ahí y la aparición de las cifras mensuales de la macroeconomía nacional desvía rápidamente la atención.

El 24 de mayo, el Banco Central dio a conocer el crecimiento económico del país, durante el último trimestre: 4,8 por ciento. Signos de recuperación y reactivación, ya que a este índice se agrega el control sobre la inflación, las bajas tasas de interés y el aumento significativo de las exportaciones.

Sin embargo, un estudio de la Fundación Terram indica que más de tres millones de chilenos viven con menos de 40.562 pesos mensuales. Chile es la undécima economía con peor distribución del ingreso en el mundo y sólo un 8,4 por ciento de la población vive con una remuneración decente. Todo esto, pese a que Santiago es la capital del mundo donde más horas se trabaja, con un promedio de 2.244 horas por persona al año.

Una de las principales herramientas utilizadas por el sector empresarial –y también por el gobierno- para inducir al error en las cifras es la subcontratación de empleados. Las relaciones laborales desarrolladas en este sistema están regidas por intermediarios que ofrecen mano de obra barata a cambio de una participación segura y suculenta en las ganancias.

La Encuesta de Empleadores (ENCLA), realizada durante 2002, ratificó que más de la mitad de las compañías afirman haber recurrido a terceros para adquirir personal de trabajo y que, lejos de ser una práctica poco utilizada, irá creciendo en los próximos años.

La llamada gran empresa (ver gráfico 2) tiene la mayor proporción de contratos bajo este régimen, alcanzando a las tres cuartas partes de su mano de obra, mientras que la microempresa tiene un personal subcontratado inferior al 30 por ciento. Esto demuestra que entre mayores sean las ganancias brutas del negocio, existe más desigualdad y desregularización en el mercado laboral.

El sector con mayor cantidad de problemas es la agricultura con un 76,4 por ciento de mano de obra subcontratada (ver gráfico 3). Sin embargo, el panorama es peor cuando se agrega el irregular sistema de temporeros y la marcada desprotección que sufre el trabajador -por ejemplo, estar expuesto a los distintos plaguicidas que se usan-.

“Lo cierto es que ante esta avalancha de irregularidades, ya se escuchan algunas predicciones sobre la posibilidad que nos acusen de dumping social. O sea, estaríamos vendiendo nuestras frutas más baratas, porque no cumplimos con las normativas laborales”, sentenció Kremerman.

La industria del salmón es otra área bastante afectada. Tanto así que en junio de este año, la directiva de la Central Única de Trabajadores (CUT) viajará a Europa y Estados Unidos para mostrar un video filmado durante el segundo semestre del año pasado, donde se puede verificar el escaso respeto por los derechos sociales de los empleados.

Ante esta situación, el director de Asuntos Económicos de la Cancillería, Osvaldo Rosales, precisó que la firma de los Tratados de Libre Comercio genera nuevos instrumentos para cumplir con normativas adecuadas. “Si no se respetan las normas del sistema laboral, el país se arriesga a multas que alcanzan los 15 millones de dólares”, dijo a ThM.

Otro sector que subcontrata es el de las telecomunicaciones. Un ejemplo claro de ello es la transnacional española “Telefónica”, que ha reducido sistemáticamente su mano de obra a cambio de personal externo.

Sólo en 2002, fueron despedidos más de mil empleados, tras una huelga que se extendió por casi un mes. Una de las áreas más afectadas fue la de reparaciones. Al poco tiempo, un buen número de técnicos volvió a prestar servicios a la compañía, pero con intermediarios y un salario menor.

“Atento S.A.” es una empresa dedicada a la subcontratación y que cuenta con más de cuatro mil trabajadores atendiendo las demandas de otros consorcios: Almacenes París, BBVA, VTR y Manquehue. Más de la mitad del personal, sin embargo, está dedicado a los requerimientos de Telefónica CTC Chile y a sus distintos departamentos desde que el Estado chileno decidió privatizar la entidad y dejarla en manos de capitales hispanos.

Lo central en este tramado es que esta empresa depende directamente de Telefónica España, es decir, presta servicios a sus propias filiales, cobrando comisión y obteniendo ganancias por los bajos salarios.

Uno de los empleados de la institución, que prefiere el anonimato por temor a represalias, explicó este sistema. “Yo sacaba mensualmente unas 600 lucas, pero nos obligaron a renunciar, para seguir trabajando en lo mismo, con otros jefes y con otras reglas. Ahora hago 48 horas semanales y ni siquiera gano la mitad. Además, trabajo más que antes, porque el número de llamadas y líneas telefónicas creció mucho este último tiempo”, dijo a ThM.


Sitios relacionados

www.terram.cl
www.oceanos.cl
www.senado.cl
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