Francia, Ley del Contrato del Primer Empleo

Empleados Desechables

Una nueva generación de franceses ocupa las calles por causas sociales

El 10 de abril, el presidente Jacques Chirac anunció que la ley del Contrato del Primer Empleo (CPE) se eliminaría definitivamente. Esto sellaba una victoria importante para los estudiantes y jóvenes en general, no obstante, está muy lejos de ser un punto final para este conflicto.

El 7 de febrero de 2006, Francia sorprendió al mundo con la primera protesta masiva en contra del CPE, que convocó a unas 700 mil personas según la Confederación General del Trabajo (CGT); unas 520 mil de acuerdo a las cuentas de la policía. A partir de ahí se gestaría un movimiento social de gran envergadura.

Francia logró la atención mundial. Exactamente un mes más tarde, el 7 de marzo, cientos de miles de personas (la CGT contó 2 millones; 400 mil, la policía) se juntaron en densas masas que marchaban por las calles de numerosas ciudades francesas. Eran universitarios organizados en asambleas generales -y acompañados por algunos escolares de la media- que transitaban indignados y lo suficientemente molestos como para enfrentarse con violencia a la policía.

Ellos reclamaban la derogación del CPE, que el Gobierno intentaba aplicar a toda costa so pretexto de disminuir el desempleo, porque rompía con una de las medidas incluidas en el derecho laboral, desde 1973. Concretamente, el CPE proponía un tipo de contrato laboral para trabajadores menores de 26 años y empresas con más de 20 empleados, de duración indefinida, combinado con un "periodo de consolidación" de dos años, durante los cuales el patrón podía despedir al empleado, sin tener que justificar el motivo.

El Gobierno aseguraba que una mayor flexibilidad en las contrataciones permitiría que la tasa de desempleo de ese sector etáreo -que suma un 23% versus un 9% en el resto de la población- disminuyera. El problema es que, a parte de vulnerar los derechos esenciales del trabajador, con este sistema no se crean nuevos empleos. Esta situación produciría una suerte de rotación dinámica de jóvenes trabajadores en las mismas plazas de trabajo, sólo que, ahora, atormentados con la inseguridad de conservar el empleo. Como dice una estudiante de la Sorbona, Charlotte Billaud, el CPE "es como vivir bajo la guillotina" (fuente: artículo "Who Moved My Fromage?" de John Tierney, publicado el 28 de marzo en el New York Times).

La sociedad francesa, que tradicionalmente lucha por cuestiones de principios justos desde la revolución de 1789 hasta la de mayo del 1968, no podía callarse y acatar. De hecho, tal como sucedió en el 68, el núcleo bullente universitario fue el barrio latino. Las asambleas generales determinaron interrumpir las clases y el 10 de marzo se tomaron algunas decenas de universidades (84 según los estudiantes; unas 20 de acuerdo al Ministerio del Interior) incluyendo a la Sorbona, que fue desalojada antes de la tercera noche, por las fuerzas especiales.

los estudiantes de la solemne universidad de La Sorbona se tomaron la casa de estudios en repudio a la polémica propuesta de ley

Y tal como en el 68, el intento por ahogar las manifestaciones usando una mayor fuerza policial, sólo ha conseguido un fiato creciente entre los movimientos de izquierda, sindicalistas, anarquistas y estudiantiles, entre otros. Mientras tanto, las críticas al gobierno van in crescendo , y la popularidad del primer ministro "Vil-pin", como versan los gritos de las marchas, se va hundiendo.

Al parecer, Dominique de Villepin ha sido verdaderamente la mano izquierda para Chirac en este episodio, porque el problema es serio y erraron la estrategia. Las reacciones políticas, en general, apuntan hacia el mismo lado. Emile Zuccarelli, del Partido Radical de Izquierda (en francés, PRG), respetado dentro del concierto político de Francia opinó, para el portal web del canal TF1, que "el primer ministro parecía creer que suprimiendo las reglas más elementales del derecho del trabajo, [su] país resolvería el tema del empleo. Él utiliza a los jóvenes como conejillos de indias de su política de flexibilidad total [.]"

Un CPE más flexible

Durante marzo, las fuertes protestas que recorrieron los noticiaros del globo hicieron que Villepin modificara el proyecto inicial transando en ciertos puntos, afín de que se aceptara sin tanto escándalo. El resultado fue un contrato similar al Contrato del Nuevo Empleo (CNE) en el sentido de que ambos son de duración indefinida que el empleador podrá romper, sin justificar su decisión durante los primeros dos años. Además, proporcionan una indemnización de 8% al empleado con licencia -versus el 10% que se otorga en un Contrato de Duración Determinada (CDD)- y una contribución de 2% al servicio público de empleo.

Se diferencia con el CNE en que empresas de más e 20 empleados podrán acceder al CPE, y a su vez, sólo podrá ser aplicado a los menores de 26 años. En el caso de ruptura, los jóvenes que hubieran trabajado entre cuatro y seis meses tendrían derecho a una indemnización de 460 euros mensuales a cargo del Estado (en vez de un solo mes, en el caso del CNE).

La idea de Villepin era incentivar a las empresas a contratar más trabajadores jóvenes mediante estas modalidades de contratos y para eso ofrecía exonerarles las cargas patronales durante tres años a las empresas que contratasen a los jóvenes inscritos en las listas de postulación para un empleo a partir junio de 2005. Esto corresponde, de hecho, a una extensión de las ventajas asociadas al contrato-joven, reservado a los menores de 22 años sin o poco diplomados. En resumen, las empresas recibirían un subsidio estatal de alrededor de 250 euros mensuales, entre otros beneficios de ese tipo.

Era la regla básica de la economía: si bajo el precio del trabajo, entonces la demanda de trabajadores aumentará. Ese es el fundamento que respalda la tesis de Villepin que aseguraba que el CPE disminuiría la tasa de desempleo entre los jóvenes. Pero los análisis no son tan simples.

Si bien en la teoría, todo lo anterior sonaba bien, nadie pareció recordar los derechos de los trabajadores, a los que los europeos están tan acostumbrados, y que hacen de su mano de obra de las más caras del planeta. En el fondo, el Gobierno desvestía un santo para vestir a otro, subsidiando a las empresas y haciendo que los particulares absorban esos gastos a través de los impuestos que llenan las arcas del Estado.

El problema de la economía francesa

Existen algunos especialistas en economía que opinan que hay un error de diagnóstico: que el mercado laboral francés (y en particular el de los jóvenes) no es tan rígido como se piensa, sino que el desempleo sería el resultado, más bien, de la estancación de una economía que no crece.

El economista de la Universidad de Chile, Sergio Sánchez, cree que es así. Su larga experiencia trabajando para diferentes cuerpos de las Naciones Unidas (ONU) como por ejemplo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y las asesorías gubernamentales que ha realizado en forma independiente le permiten evaluar la situación económica social de Francia.

De acuerdo su perspectiva, el CPE reposa sobre un fenómeno más sencillo de lo que uno cree. Ya lo anunciaba la escritora francesa, Viviane Forrester, en su libro "Una extraña dictadura". Ella habla de una "dictadura sin dictador [.] que destruye la economía por el beneficio del beneficio, y que se ha vuelto incompatible con el trabajo." Es un hecho, económicamente comprobable con cifras, que las grandes empresas -notablemente las multinacionales- maximizan la productividad de sus trabajadores permitiendo que menos trabajadores realicen cada vez más tareas, al mismo costo, y a veces a costos menores, explica Sánchez.

Dominique de Villepin, Primer Ministro francés

Este economista observa que en el fondo, la ley del CPE tiene directa relación con el tamaño de planta de las empresas, porque "si una empresa necesita aumentar sus trabajadores, el proceso de contratación de personal es inmediato. Y si resulta que la población de un país no es capaz de satisfacer la demanda de trabajadores, entonces se recurre a la inmigración. Ese es el caso de Australia, por ejemplo, con los técnicos informáticos" y con el resto de las profesiones u oficios que requieren de una alta especificidad formativa.

Por el otro lado, si la empresa requiere reducir su planta se encuentra con una serie de trabas legales que protegen los derechos de los trabajadores y que le impide deshacerse de ellos tan fácilmente. "El problema es que al final, tenemos un montón de trabajadores salariados que no significan ninguna producción a la empresa, pero que están ahí sin que se le pueda echar", agrega Sánchez.

Y hablando del caso que hubiera inmigración, hay que notar que no inmigra solamente el trabajador, sino que toda la familia de éste y en el caso de la reducción de planta, "no les puedes decir muchas gracias, ahora devuélvase a su país". Sánchez cree, en definitiva, que la ley del CPE en parte podría estar pensada para los inmigrantes e hijos de inmigrantes nacidos en Francia, que no son pocos y que viven precisamente en las zonas más conflictivas de la ciudad, las banlieues , las periferias. Pero afirma que esta teoría suya es solamente una especulación que habría que comprobar.

De todos modos, esta realidad que describimos llegó pronto a nuestro territorio, porque en Chile el proyecto para flexibilizar las contrataciones juveniles ya existe, de acuerdo a la información que recogimos en la Coordinadora Unitaria de Trabajadores (CUT). Este permite contratar a los jóvenes por horas, despidiéndolos sin necesidad de una justificación, sin indemnizaciones e impidiendo que se sindicalicen. Ahora habrá que estar atentos a nuestra reacción ante este proyecto de ley.