Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

¿Solución definitiva?

Luego de casi tres años de trámite legislativo se aprobó la ley de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), que promete reformar la actividad de manera drástica.

Conozca cómo surgió esta iniciativa, las tramas que ha debido sortear y lo que representa para los clubes de fútbol su puesta en marcha, todavía resistida por una parte de la sociedad futbolística.

Por Daniel Fernández A.


Tanto para los aficionados de fútbol como para los que no se interesan en este deporte, existe algo evidente: la organización de la actividad requiere de una modernización urgente y de un molde jurídico que obligue una mayor eficacia y transparencia a quienes administran los clubes. El fútbol genera la percepción de instituciones mal administradas, quiebras, jugadores impagos, violencia en los estadios y un sinnúmero de otros hechos y circunstancias negativas de la actividad. En definitiva, una organización que aunque se jacta de ser profesional es, en esencia, amateur.

Para mejorar la situación, en el año 2002 el gobierno, junto a un grupo de parlamentarios y bajo el alero del Consejo Nacional del Deporte, presentó un proyecto de ley revolucionario, que transformaría la antigua administración de los clubes sin fines de lucro en sociedades anónimas deportivas.

Impulsada originalmente por Sebastián Piñera, en compañía del ex senador democratacristiano Ignacio Pérez y de los senadores Carlos Ominami (PS) y Jorge Pizarro (DC), la Ley de Sociedades Anónimas para el Fútbol Profesional tiene por objetivo crear empresas deportivas, establecer mecanismos de fiscalización de las mismas y fijar el procedimiento de transformación de los actuales clubes de fútbol en corporaciones con fines de lucro. El marco regulador estaría contemplado en la misma ley.

En julio del 2002, el Gobierno envió al parlamento el proyecto de ley de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y una iniciativa legal que regulara la situación laboral de carácter especial de los deportistas profesionales y trabajadores que desempeñasen actividades anexas, en un intento por modificar la organización de los clubes. Este escenario les permitiría a los clubes la capitalización a través de acciones entre hinchas e inversionistas con límites para el control de las sociedades y normativas de acuerdo a la ley que tiene este tipo de entidades. Como cualquier empresa, los clubes serían fiscalizados por la Superintendencia de Valores; o sea, si un club quiebra y se consigue certificar que existieron operaciones fraudulentas en la administración, podrían existir sanciones, tanto penales como tributarias.

Lo que se aprobó

La ley SAD aprobada en el Congreso comenzará a regular a los clubes a partir del próximo año. A juicio de sus creadores, el nuevo cuerpo legal ayudará al manejo eficaz, transparente y ordenado de los clubes profesionales, sin perjuicio de que las instituciones que lo deseen mantengan la estructura actual de corporaciones sin fines de lucro (la ley no contempla obligatoriedad en el tema de la conversión de los clubes), siempre y cuando cumplan con las condiciones de tener cifras azules, el pago al día de las remuneraciones y que sus dirigentes deban, de algún modo, garantizar el cumplimiento de compromisos que estas sociedades asumen.

Uno de los aspectos más trascendentes de la ley es el referente a las enormes deudas tributarias que aquejan a las instituciones. Los clubes que se transformen en sociedades anónimas podrán repactarlas –cancelando un diez por ciento de sus ganancias anuales hasta que se elimine la morosidad– en plazos y montos determinados por los tribunales.

También se certificó, de modo formal, el tema de la responsabilidad de los dirigentes. Al tratarse de corporaciones con fines de lucro, los dirigentes de los clubes convertidos en sociedades anónimas asumirán la responsabilidad por su funcionamiento. Quien sea descubierto en prácticas poco transparentes arriesga tener que responder con su patrimonio personal o con penas aflictivas.

Tal como sucede con todas aquellas empresas que transan sus acciones en la bolsa, la Superintendencia de Valores hará la función fiscalizadora de todos los clubes profesionales, sean sociedades anónimas, corporaciones o fundaciones.

¿Solución?

A simple vista la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas parece una alternativa válida para el saneamiento de la actividad. Aparte de permitirles a los clubes tener gestiones más eficientes y transparentes, los hace acceder a incentivos tributarios, le permite a cada uno integrarse mejor en la comunidad, fomentando que los mismos hinchas sean los propietarios del club y, por lo tanto, participen de las decisiones y beneficios.

A pesar de que se avizora como una revolución entre los clubes chilenos, la medida ha sido concretada cabalmente sólo por cuatro instituciones en el fútbol profesional: Copiapó (ex Regional Atacama), Magallanes, Santiago Morning y Palestino (el único de los tres que está en primera división). Colo-Colo aún no entra en este catastro, pues su reciente vínculo con “Blanco y Negro S.A.” está por ahora más relacionado con una iniciativa gerencial independiente que ordene y sanee su deteriorada realidad, que con las sociedades anónimas propiamente tales.

Una de las principales críticas a las sociedades anónimas es que su implementación no acarrea necesariamente éxito deportivo. Con excepción de Santiago Morning –que en su primera temporada como S.A. ha apostado fuertemente para ascender a la serie de honor, contratando buenos jugadores y a Ivo Basay como entrenador– los otros clubes nombrados no han tenido mejoras sustanciales en sus rendimientos. A los árabes, que están estrenando su nueva administración este año, se les puede dar algo de margen, pero Magallanes y Copiapó llevan varias temporadas como corporaciones lucrativas y aún pelean año a año por mantener la categoría profesional.

Blanco y Negro S.A.

Un caso especial es el acontecido en Colo Colo, que en enero del año 2002 cayó en la bancarrota por una administración deficiente y por la compra de jugadores que no retribuyeron en la cancha el valor que se pagó por ellos. De esta forma, el club popular debió vender el Teatro Monumental y pactar con los acreedores, pero esta situación no se sostendría por mucho tiempo.

De esta manera, y a través de una iniciativa privada, el Cacique será ahora administrado por una sociedad anónima: Blanco y Negro S.A. Esta nueva institución es propiedad de la corredora de bolsa Larraín Vial y del estudio de abogados Guerrero, Olivos, Novoa & Errázuriz, y deberá asumir y hacerse cargo de la deuda de 25 millones de dólares que mantiene el equipo albo con los acreedores.

Para solventar la deuda, la directiva del club pretende poner a la venta 100 millones de acciones, y con esto pagar el total del dinero adeudado. La colocación de la acciones se realizaría el 31 de mayo, y contempla una distinción. Existirán acciones clase A para el Club Deportivo y Social Colo Colo y las restantes para los interesados en el equipo de fútbol en particular. Además, ningún inversionista podrá manejar más del 26 por ciento de la propiedad del club.


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