José Miguel Labrín:

“Somos nuevos en entender a la asociatividad como valiosa para las políticas públicas”

Profesor José Miguel Labrín

Especial ¿Acogen los medios las nuevas demandas por participación? "Ya no basta el flujo de información, hoy se requiere articular a la ciudadanía con el Estado"

Según el periodista y docente del ICEI, el rol mediador de las instituciones sociales, entre la comuna, el aparato público y el Estado como entidad, todavía no está visto como un eje prioritario de la gestión gubernamental. El gran desafío es incorporar en esta función a las organizaciones y movimientos ciudadanos, como complemento de los partidos políticos tradicionales y el Parlamento. Los medios de comunicación podrían colaborar en esta tarea.

José Miguel Labrín, periodista y egresado del Magíster en Antropología de la Universidad de Chile, es investigador del Departamento de Comunicación y Asuntos Públicos del ICEI. Se desempeñó en “Fundación Ideas” en el tema de la discriminación, la intolerancia y el racismo, tanto en Chile como en América Latina, por este motivo, los temas ciudadanos son una de sus áreas de investigación.

“En primer lugar, Chile es un país donde, a nivel de la política pública, recién se está instalando un discurso de la participación ciudadana. Chile, después del acuartelamiento de las redes sociales durante la dictadura, ha tenido una transformación de cómo los sujetos se van relacionando unos con otros, para generar la asociatividad. Por lo tanto, somos un país bastante nuevo en torno a entender la asociatividad de una manera valiosa con respecto a las políticas públicas”. Agregó que esto no impide que ya exista asociatividad en el país, aunque constantemente está reducida a espacios muy limitados, lo que dificulta a los ciudadanos a participar en los proyectos de la administración pública.

“Al analizar cómo observa el Estado el discurso de la participación, yo siento que recién en los dos últimos gobiernos de la Concertación se han abierto posibilidades para que el ciudadano incida en las políticas públicas, particularmente, en aquellas de ámbito territorial, en especial, el tema de las comunas”. Al respecto, dijo que durante el mandato de Ricardo Lagos se instauró un instructivo de participación ciudadana en el país, que fijaba la ruta sobre cómo el aparato público tenía que operar con respecto al ciudadano. “Después de las dos últimas elecciones municipales, estamos viendo la posibilidad de que los ciudadanos puedan tomar parte en instancias como los presupuestos participativos y locales o en las consultas con respecto a determinados temas, sin embargo, el rol de las instituciones sociales, como mediadores entre la comuna, el aparato público y el Estado como entidad, todavía no está visto como un eje prioritario de la gestión pública”.

Desafío y vinculación de agenda

De esta forma, se abre un tremendo desafío para el Estado: legitimar como mediadores a las agrupaciones, juntas de vecinos, las Ongs y otras instancias que representan intereses de la ciudadanía, con la posibilidad de tener algún grado de participación en las políticas públicas: “Hasta este minuto, la participación en Chile yo la siento como muy vinculada a los campos de la consulta y a los campos de transparencia de la información, es decir, la participación es entendida mucho más funcional a los intereses del aparato público que a los del ciudadano. Cuando el gobierno requiere transparentar determinada actividad, recurre a los ciudadanos como entes legitimadores de cierta función. Al mismo tiempo, aparecen como entes a quienes se les consulta frente a determinadas propuestas, pero que no resultan vinculantes, es decir, la agenda y opinión de los ciudadanos no es vinculante con el quehacer de lo público. Ese es el principal tema para abordar”.

Mayor conciencia cívica

Todas las herramientas son viables para poder desarrollar una mayor conciencia cívica. Una de las principales barreras para poder entender la participación y hacer más interactiva la política son, para Labrín, los pocos canales que existen: “Hay barreras estructurales sobre cómo opera el Estado; pero también, hay barreras culturales de lo que significa la movilización social. Tradicionalmente, se la ha visto ligada a los partidos de izquierda y, en menor medida, a los partidos políticos en general”.

Así, indicó que recién ahora han aparecido funciones más bien temáticas que pueden generar procesos de discusión de políticas públicas. También, se encuentran las herramientas de la tecnología de la información, “lo que es un capital que se tiene que explorar, pero tiene que ir más allá de las ventanillas únicas que promueve el Estado, porque es importante generar entes vinculantes, recuperar un discurso sobre lo público”. En este punto, el investigador estimó necesario fomentar la educación cívica: “No vamos a tener ciudadanos que valoren la representación y la participación, si no hay una educación cívica, aunque no se debe confundir con una simple enseñanza académica. En esta sociedad fragmentada, falta compromiso por los grandes temas, falta promover la asociatividad para trabajar en común y no sólo en beneficio de una reivindicación particular, también, es necesaria una transversalidad de los currículos educacionales en el tema”.

Re-semantizar la solidaridad

Para Labrín, el concepto de solidaridad debería ser resemantizado, volver a explicarse lo que es tener solidaridad, con el fin de recapturar un trabajo ciudadano. “Siento que esta mirada contractual, particularista, del individuo solitario que se vincula con el Estado, sin la mirada de un trabajo más colectivo no permite explorar nuevas redes. Ya sabemos que no hablamos de volver a las modalidades grupales de hace 30 o 40 años, sino que se debe gestionar las nuevas modalidades, más flexibles, emergentes, de ejes temáticos, para visualizar algunos escenarios posibles, que permitan articular a los ciudadanos con presciencia de otros elementos que antes eran más relevantes”.

Aunque el actual gobierno habla de la participación ciudadana y ha propuesto los consejos técnicos, el investigador reflexionó que “las iniciativas dentro de estos consejos que elabora Michelle Bachelet son más bien elitistas. Causan ruido con respecto al Parlamento, ya que éste considera que deben llevarle a él los temas. Me preguntó qué sucedería si la Presidenta transformara estos consejos en verdaderamente ciudadanos y que no solamente estudiaran experticias técnicas, sino que incluyeran miradas de experiencias de vida, de trayectorias, biografías de trabajo y que se abriera, como ha sucedido con la educación”.

No sólo Partidos y elecciones

Incorporar al ciudadano es un asunto que ven con recelo los organismos mediadores tradicionales de la democracia, como el Parlamento y la política partidista. “El que los ciudadanos trabajen organizadamente, que generen agenda propia, que sean capaces de irritar al gobierno, hacer saber determinadas demandas, favorece la calidad de la democracia. No hay democracia únicamente escogiendo parlamentarios y siguiendo los canales formales de participación, por eso, a la representación política se le tiene que sumar la participación”.

Otra faceta donde se podría reflejar la participación es en los medios de prensa. En este aspecto, Labrín señaló que, muchas veces, los medios presentan constantes quejas y reclamos, pero exponen pocas posibles soluciones: “Una de las grandes oportunidades para cambiar la realidad de los ciudadanos, en el nivel más macro, se daría si los medios de comunicación también observaran una promoción y participación de una ciudadanía activa, como un eje central de su trabajo. Es decir, no tan sólo con los criterios de libertad de expresión, ser el perro vigilante o esa idea tutelar de la democracia, bajo la cual a los medios les gusta observarse, sino que también, dentro de una perspectiva de cómo vamos construyendo, cómo los ciudadanos se ven reflejados en esos temas y puedan hacerse parte en las soluciones”.

Rol educador de los medios

En este sentido, establece el investigador, que los medios tienen una tremenda función educadora, pero no como educación directa y formal, sino que en la enseñanza sobre cómo superar todos aquellos problemas que, en general, se agotan sólo en querellas, denuncias y reclamos. “Lo medios acostumbran a mostrar las miradas clientelistas, más que ayudar a los servicios; así, la gente acude a la prensa para reclamar por los hoyos de las calles, entonces, actúan de mediadores ante el alcalde. La autoridad, a veces, da la solución, pero la comunidad no sigue participando o no se entera del proceso. Hay que empezar a buscar en los medios un aliado para la participación ciudadana”.

Otra cosa importante es volver a recuperar los grandes temas, que no son sólo de nivel político, sino que acompañan la calidad de vida. Por ejemplo, la educación es un gran tópico: “ya vimos que no fueron únicamente un grupo de ciudadanos jóvenes los se movilizaron, sino que hubo un clima, una sensación de que eso era lo correcto, que la protesta estaba justificada. Es una opinión favorable porque compete a toda la ciudadanía”.

Aquí, otra vez se vuelve a la necesidad de la educación cívica, ya que en general, la sociedad civil también cae en la particularización, en reivindicaciones muy mínimas, que no apelan la bien común. Por este motivo, señaló el entrevistado, es clave generar un conversación sobre el bien común: “¿Cómo nos hacemos responsables, cada uno de nosotros en lo que está ocurriendo en nuestro entorno? Esa es la gracia de la vida cívica, la vida en común”.

El mercado y su responsabilidad social

En este análisis, resulta obvio que el mercado no va a regular estos temas porque no son de su interés, por lo que la responsabilidad de motivar la participación ciudadana recae en el Estado. “Es dicha entidad la que debe fijar los tipos de relaciones, pensando en el bien común. El mercado es una relación contractual, que no tiene en primer plano velar bien común”. A pesar de esta afirmación, indicó que el sector privado también tiene algunas responsabilidades en estos tópicos: “Por ejemplo, desde mediados de los ’90, hemos visto esa mirada caritativa de la empresa con respecto a su público, sus actores mas inmediatos. La responsabilidad social de la empresa no significa solamente hacer donaciones, prestar, regalar infraestructura o mejorar el entorno; también se debe hacer cargo de la calidad de vida de su conjunto en su territorio”.

Bajo este concepto muchas compañías en el mundo han instalado la figura del Ombusman, o el defensor de los consumidores, figura que el Estado no tenía siquiera instalada. “Dentro de su propia estructura lógica, en Chile no hay una instancia donde reclamar en cuanto a la vulneración de derechos por parte del Estado, Chile es uno de los países más atrasados en con configuración del Ombusman en América Latina. Así, es importante buscan las relaciones que vinculen al Estado, al Mercado y al Ciudadano, además de los otros conceptos ya comentados”.