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¿Denuncias serias o campaña política?

Nepotismo en época de elecciones

Si bien es sabido que la costumbre del pituto en Chile es común, el tema cobra una relevancia especial cuando los involucrados son miembros del gobierno de turno y, además, son parientes cercanos adjudicándose contratos millonarios en empresas públicas. Pero, cuando estas acusaciones se hacen a casi cinco meses de las elecciones presidenciales, es fácil sospechar un aprovechamiento político de ellas.

Por Melissa Amaro y Juan Pablo Bravo


En Chile es común cambiar los nombres de las cosas para hacerlas más familiares, sobre todo cuando éstas se convierten en prácticas cotidianas. “Carrete” en vez de fiesta, “pega” en vez de trabajo y muchos otros ejemplos. Incluso, todos estamos conscientes de que, cuando necesitemos entrar a trabajar a un lugar, utilizaremos un “pituto” para que la selección sea más favorable. Cuando ese contacto es un familiar, y cuando se postula a un cargo público, la práctica se le llama nepotismo.

Durante las dos últimas semanas, diversas acusaciones de licitaciones, concesiones y contratos entregados a familiares y amigos del Presidente Ricardo Lagos y su equipo político, han llenado las páginas de los diarios, a solo cinco meses de las elecciones presidenciales. Para muchos, esto no es más que una movida política para enlodar la tercera administración de la Concertación y, en consecuencia, quitar votos a primera candidata mujer de la historia de Chile, Michelle Bachelet.

¡Te voy a acusar con mi papá!

Nicolás y Cristián Monckeberg, diputado por San Carlos y secretario general de Renovación Nacional (RN) respectivamente, publicaron el 15 de junio una controvertida lista de nombres y acusaron al Ejecutivo de llevar a cabo prácticas de nepotismo al colocar a familiares y amigos dentro de cargos públicos. La llamaron “Mapa del Nepotismo” y causó revuelo tanto en la Moneda como entre sus propios compañeros de partido. Lo interesante es que ambos personeros son parientes: tío y sobrino respectivamente.

El “mapa del Nepotismo” cuenta con 15 nombres, entre ellos, Hernán Durán, hermano de Luisa Durán; Hernán Sandoval, amigo cercano del mandatario, y Matías de la Fuente Condemarín, primo de la Primera Dama. Los demás aparecen como personas beneficiadas indirectamente por el gobierno.

Las respuestas no se hicieron esperar. La Moneda contestó duramente las acusaciones, dejando de lado todo eufemismo. Lagos, quien se encontraba en Iquique, afirmó a la radio Cooperativa que las personas que son capaces de publicar cosas como esa lista tenían la mente “un poquito torva y enferma”. Su reacción dejó mucho que desear y, según La Tercera, sus asesores le recomendaron cambiar su enfurecido discurso. Diez días después, el Presidente aseguraba que aquellos que fueran culpables de prácticas irregulares en contratos públicos debían ser sancionados.

El problema era que, si Nicolás y Cristián Monckeberg tenían razón, la mayoría de los inculpados serían miembros de la Concertación.

Las críticas al "mapa" vinieron también desde el propio partido Renovación Nacional. Específicamente, de Sebastián Piñera, uno de los políticos afectados por el “Mapa del Nepotismo”, no porque tuviera conocidos dentro la lista, sino porque fueron dos personas de su partido quienes la publicaron y, además, le otorgaron parte de la responsabilidad.

Debido a esto, el presidenciable de RN tuvo que cancelar una reunión que tenía concertada para el jueves 16 con Guillermo Piedrabuena, Fiscal nacional, porque su hija también fue nombrada en el mapa.

Además, los Monckeberg le atribuyeron a Piñera la creación de la lista, puesto que él había dicho que había que ejercer una fiscalización más fuerte en ese aspecto.

“Le recordaría a Sebastián que él dice que el mejor antídoto contra la corrupción es encender las luces de toda la administración pública”, dijo el diputado por San Carlos al diario La Nación el día viernes 17. Por ende, los Monckeberg sólo actuaron según la idea del presidenciable.

El abanderado de RN, por su parte, replicó que había que distinguir entre el verdadero nepotismo –práctica que consideró reprochable– y el hecho de que hubiese parientes o amigos en cargos altos, obtenidos gracias a sus méritos personales. No obstante, prefirió no ahondar más en el tema, manteniéndose al margen y ofreciendo un discurso conciliador.
No es un buen momento para la Concertación. Aunque las denuncias efectuadas por los Monckeberg, al ser reprobadas hasta dentro de su mismo partido, les dieron más ventajas que problemas, el asunto se está complicando para el oficialismo.

Los problemas parten por las dos personas que encabezan la lista: Hernán Durán y Hernán Sandoval. El primero ganó una licitación pública por casi 3.000 millones de pesos en asesorías al Ministerio de Obras Públicas (MOP). El segundo, es amigo del Presidente Lagos y, además de tener participación en el caso MOP-Gescam, fue designado en agosto de 2004 como embajador extraordinario y plenipotenciario de Chile en Francia. Ambos eran socios y dirigían la empresa consultora ambiental Gescam, que se adjudicó 18 licitaciones directas para trabajar con Codelco entre 1997 y 2005.

Matías de la Fuente Condemarín, primo de Luisa Durán, también fue blanco de los Monckeberg. Trabajó como jefe de gabinete de La Moneda desde enero de 2002 hasta principios de 2003. Además, estuvo en la Unidad de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas entre 1994 y 1998, cuando Lagos era ministro de esa cartera. En ese entonces se entregaron en concesión varios tramos de la carretera Norte Sur y la empresa Tribasa se integró al negocio. Después de múltiples adjudicaciones, debió retirarse. En 2001, con el sumario instruido por el abogado del MOP Claudio Flores, se le imputó a De la Fuente responsabilidad en las irregularidades en la recepción del acceso Norte a Concepción, construido por Tribasa. Además, la jueza Gloria Ana Chevesich lo ha citado a declarar por el manejo de dinero en el caso MOP-Gate.

Cuando la oposición decidió profundizar en los contratos y licitaciones de Codelco, a través de una comisión investigadora, el gobierno se negó tajantemente. Incluso llevó a cabo un intenso lobby dirigido a la DC para evitar que la derecha cumpliera su plan. Sin embargo, la votación que se realizó el día 2 de junio terminó con las esperanzas de la Concertación: por 48 contra 47 votos, se aprobó la idea de formar una comisión investigadora, la cual tendrá 120 días para estudiar a la empresa minera estatal. Nuevamente, la reacción del oficialismo fue criticada, esta vez por la oposición. Alberto Espina, senador de RN, afirmó a La Tercera que era “una vergüenza que (en la Concertación) se negaran a investigar de manera transparente”.

La movida política detrás

Si bien el ningún actor político reconoce que estas acusaciones ni los hechos que se entregan a la opinión pública sirvan para fines electorales, es bien sabido que nadie en los comandos de los tres candidatos presidenciales que se enfrentarán en diciembre por el sillón presidencial piensa desaprovechar o defenderse en el nuevo escenario que trae consigo las denuncias sobre probidad, dobles contratos, nepotismo y la participación de familiares de personeros del gobiernos en empresas públicas.

Aunque, hasta el momento, las informaciones que han llegado a la prensa no pasan de ella, es imposible negar que la guerra sucia, que se intensificará el próximo mes de noviembre, ya comenzó para sus tres actores principales. Es más, las movidas políticas en el plano de las investigaciones y las comisiones formadas para ello, intentan de una u otra forma mantener el tema en la palestra, para que, aunque no existan culpables ni vencedores en el plano judicial o en las mismas responsabilidades políticas, se pueda con esto cambiar la intención de voto de los indecisos.

En el comando de Joaquín Lavín el asunto es un flotador lanzado justo antes del supuesto naufragio, no solo de la candidatura, sino de los mismos slogans y publicidad en la campaña. Recordemos que en la última elección presidencial, el candidato utilizó con bastantes dividendos la consigna “Viva el Cambio”, haciendo referencia directa a los casos de indemnizaciones millonarias que en esos momentos pasaban por la justicia, enlodando el gobierno de Frei hijo. Y aunque cauteloso en sus comentarios, Lavín no ha perdido la oportunidad de colar sus ideas sobre las “sillas musicales” y “los mismos de siempre” cada vez que se le consulta sobre el tema, la batuta en las acusaciones la traen políticos como Jovino Novoa y otros en su mismo partido.

Sebastián Piñera es quizás el menos dañado de los tres contendores políticos en este momento. Como no está involucrado en la administración de Pinochet ni en las de la Concertación, es quien de mejor forma puede aprovechar estas acusaciones, porque no necesita una postura conflictiva y, además, juega incluso con una continuidad de la administración de Lagos, aunque más por el lado empresarial. La postura que ha mostrado hasta el momento es la de apoyar las investigaciones y las propuestas de legislar sobre el tema de los dobles contratos.

El oficialismo tiene dos posturas claras sobre el tema, después de la derrota política que significó la formación de la comisión investigadora. Una de ellas tiene relación con esto último, ya que esta instancia tendrá un plazo máximo de 120 días para dirimir, pero la intención del gobierno es acortar lo más posible esta fecha, para que el tema no llegue a noviembre.

Por otra parte, en el comando de Bachelet la opción es respaldar tanto las investigaciones como las iniciativas del gobierno de legislar sobre este tema, incluso apoyando la declaración patrimonial, un tema que no es nuevo, pero que siempre ha estado en la discusión política.

Como último dato, en agosto se conocerá el resultado de una comisión, presidida por el diputado Carlos Montes, que investigó las privatizaciones de empresas públicas en la dictadura. Si bien las últimas declaraciones del presidente Lagos han resonado por su carácter emocional y bastante alejado de la racionalidad característica que vemos en él, es posible que las acusaciones que llenan los diarios sean una movida para tapar esta realidad, que aunque no puede ser castigada penalmente (la mayoría de los supuestos delitos ya prescribieron), si podría involucrar a los dirigentes de derecha que ahora indican con el dedo a la administración de Lagos.