Políticas de fomento a MIPES
¿Chile emprende?
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| Armando es carpintero, aprendió el oficio en Temuco en un convento de curas. Fue empleado casi 16 años, hace cuatro tiene una microempresa y le da trabajo a 4 personas |
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En las últimas elecciones presidenciales la micro y pequeña empresa fue uno de los temas centrales de la agenda política.
Desde 1992 la Concertación ha implementado una serie de programas destinados a reducir la brecha de acceso a los mercados. A pocos años del bicentenario vale cuestionarse por el éxito de estos programas.
Jose Huehuentro ha logrado montar un pequeño taller de carpintería a un lado del camino que lleva hacia el Cajón del Maipo. Hace dos años llegó a este lugar donde junto a otros comerciantes aprovecha las migraciones que los fines de semana realizan miles de santiaguinos que escapan del gris capitalino.
Fue empleado en una gran empresa hasta el 2000. Cansado de los bajos sueldos decidió buscar oportunidades de forma independiente. Él es una de los 1.4 millones de personas categorizadas como micro y pequeños empresarios. Un amplio y heterogéneo segmento que comprende a aquellas empresas con ventas bajo las 2.400 U.F. anuales y un personal que no sobrepasa a las diez personas.
El acceso al crédito
En el contexto de la apertura económica neoliberal durante la dictadura, el fomento de las Mipes (Micro y Pequeños Empresarios) no fue prioridad dentro de las políticas públicas de la época. Si a esto sumamos el nulo interés de las instituciones financieras por ingresar a este mercado crediticio comprendemos las escasas oportunidades de desarrollo que tenían los emprendedores del sector.
Este tipo de empresas eran consideradas como un segmento de clientes con alto nivel de riesgo y no existían los instrumentos de evaluación necesarios mediante los cuales los bancos pudieran estudiar a sus clientes. En estas condiciones el fomento a la microempresa durante los 80' recayó principalmente en algunas ONG como Propesa, Finam, Sointral, la Fundación Contigo, la Fundación Trabajo para un Hermano y la Cooperativa Liberación.
Con la llegada de los gobiernos democráticos el tema cobró relevancia en la agenda política. Desde el año 1992 el Estado comenzó canalizar recursos para el apoyo a la microempresa. Uno de los principales objetivos del gobierno de Patricio Aylwin en este ámbito fue la disminución de la brecha de acceso a los mercados generada por las dificultades que tenían las Mipes de acceder a créditos en instituciones financieras formales. De esta forma, se estableció la entrega de subsidios al crédito, mediante el Fosis (Fondo de Solidaridad e Inversión Social), como incentivo para que bancos y financieras ingresaran a este mercado.
Es así como en el transcurso de los 90' el microcrédito crecerá en forma exponencial. El primero en incorporarse fue el Banco del Desarrollo en 1991, seguido por la financiera FUSA (que continuó en el mercado como Fincard y fue adquirida posteriormente por Banefe del Banco Santander) y el Banco del Estado desde 1996 a través de Banestado Microempresas. Según Luis Humberto Irumés, encargado del Programa de Acceso al Crédito para las MIPES en Sercotec (Servicio de Cooperación Técnica), el Estado ha controlado cerca de 250.000 operaciones desde 1992. Además el microcrédito se ha transformado en un buen negocio. Recientemente se han integrado a este mercado los bancos Falabella, Credichile y Banco Nova. La cifra de bancarización de este segmento es considerable, sin contar el aporte de las ONG, pero parece insuficiente si se considera al millón y medio de empresarios existentes en el país.
Política pública
Pero los recursos públicos para el fomento productivo no han sido destinados exclusivamente a la superación de los obstáculos en el acceso al crédito. El trabajo de los gobiernos de la Concertación en relación a la microempresa ha implicado un esfuerzo fiscal en la focalización diversa de recursos a través de organismos como el Sence (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo), el Indap (Instituto de Desarrollo Agropecuario), el Fosis o Sercotec. Los objetivos se ampliaron a la generación de instancias de capacitación, acondicionamiento de una infraestructura productiva y la entrega directa de subsidios destinados a estimular el emprendimiento, la innovación tecnológica, la competitividad y la diversificación de bienes y servicios exportables.
En esta línea, de acuerdo a datos publicados por el gobierno en diciembre del 2005, el presupuesto total destinado a las empresas se quintuplicó entre 1990 y el 2004. Los recursos para fomento productivo no reembolsables evolucionaron de 56.093 a 263.185 millones de pesos. Sin embargo, Claudia Lanzarotti, relacionadora pública del proyecto Chile Emprende admite que "es posible apreciar en las estadísticas que estos fondos han sido recibidos mayormente por la mediana y gran empresa". Tal como lo reflejan los índices de distribución de recursos públicos entre el 2001 y el 2004 las Mipes obtuvieron como promedio un 43% del total de los dineros destinados a fomento productivo frente a un 51% de lo que consiguió la mediana y gran empresa.
Pese a esto, es considerable el avance en la disminución de la brecha de acceso a los programas públicos entre ambos segmentos empresariales. Así se aprecia al revisar el último informe presupuestario del gobierno militar donde cerca del 90% de los recursos terminaron en manos de la mediana y gran empresa mientras las Mipes solo accedieron a menos del 5%, en su mayoría fondos asignados por el Indap a microempresarios agrícolas. De cualquier forma, Mauricio Weibel, docente en comunicación pública de la Universidad de Chile, indica que "desde la vuelta a la democracia hasta principios del nuevo milenio, los esfuerzos se centraron en iniciativas legales y de gestión acotadas, las cuales no constituyeron por sí una reforma global del Estado".
En las condiciones actuales de nuestra economía las dificultades aparecen cuando nos acercamos a las particularidades de los más de 3.000.000 de personas que dependen de los ingresos generados por las Mipes. Según datos de la Encuesta Casen en el 2003, pese a que estas unidades productivas representan el 62,6% de la ocupación privada su participación en las ventas solo alcanza el 12,9%. Así mismo, el porcentaje total de las que exportan solo llega a un ínfimo 0,3%. En este sentido, llama la atención que los recursos públicos y privados destinados al fomento productivo estén fuertemente centralizados cuando los índices de participación de las Mipes en las ventas totales por región muestra que en la Región Metropolitana las Mipes solo alcanzan un 8,7%, lo que contrasta con los mayores niveles de dependencia micro y pequeño empresarial que se registran en el resto del país.
El proyecto de Lagos
La elección presidencial de 1999 fue el escenario en el cual el tema de la microempresa comenzó a ocupar un lugar prioritario en las agenda política. Joaquín Lavín proponía un cambio en la labor administrativa criticando la falta de condiciones para el desarrollo de la microempresa así como la pesada carga burocrática que mediaba entre los beneficios, subsidios e incentivos y las Mipymes (Micro, Pequeña y mediana Empresa). Lagos desde el oficialismo planteaba una serie de medidas como la creación de un estatuto especial para las Mipes. Pero en el 2005 se materializa su proyecto más ambicioso: tras un periodo de evaluación entre los años 2001 y 2004, nace Chile Emprende.
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| Claudia Lanzarotti, relacionadora pública del programa Chile Emprende |
Hasta la llegada de Lagos las políticas públicas dirigidas al sector eran aplicadas por organismos sin vínculos directos mutuos. Con Chile Emprende se buscó articular los esfuerzos de ocho ministerios además de las instituciones que ya trabajaban en torno al fomento productivo como Sercotec, Fosis, Indap, Corfo (Corporación de Fomento de la Producción), Sence y Subdere (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo). Tal como indica Claudia Lanzarotti, "bajo el concepto de "Crecer con Igualdad" el proyecto apuntaba a un desarrollo territorial más equilibrado, aumentar el aporte de las Mipes al Producto Interno Bruto, impactar positivamente sobre el empleo y profundizar la participación y la democracia". Los planes de intervención se centraron en el desarrollo de nuevas oportunidades de negocios, la integración de organismos públicos y privados a nivel local; desde el Estado, la articulación de los instrumentos y presupuestos de las redes de fomento y el énfasis en la operación regional.
La empresa de muebles de Jose Huehuentro es un ejemplo de este proceso de integración. Su actividad ha crecido en forma constante. Partió con un par de herramientas menores como activos y sus ventas eran reducidas. Más allá del esfuerzo personal reconoce la ayuda que ha significado el acceso a créditos financieros subsidiados. Hoy junto a sus cuatro empleados busca coordinarse con otros empresarios del rubro en la comuna de Puente Alto para dar el próximo salto productivo. La agrupación busca su emplazamiento en una especie de supermercado del mueble y a través de esa plataforma buscar otros mercados. Desde las instancias de Chile Emprende se está elaborando una planificación local de estas cadenas productivas donde figura la institución del Consejo Publico Privado, organismo que vincula a autoridades públicas locales con las Mipes en la búsqueda conjunta de alternativas de desarrollo.
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| El profesor Mauricio Weibel distingue dos etapas en las políticas públicas: antes de Lagos se privilegió la solución de temas puntuales, y después de Lagos cobra fuerza el proyecto país y los programas macro |
Claudia Lanzarotti, señala que "el proyecto representa un salto cualitativo del gobierno de Lagos respecto a la labor de los gobiernos predecesores. Con Aylwin se establecieron las bases de la democracia, con Frei se busco el crecimiento y con Lagos mejorar las condiciones de igualdad de oportunidades". Mauricio Weibel agrega que "la Concertación se planteó frente al tema de la microempresa por etapas, teniendo presente la delicadez del tema del empleo en la contingencia político y económica. En este sentido, las iniciativas precedentes apuntaron principalmente ha mantener los niveles de empleo y reducir los índices de pobreza sin una mayor articulación de la actividad económica en torno a las Mipes".
A partir de la reactivación económica tomó fuerza el modelo de desarrollo de Chile Emprende. Es así como en el marco de los espacios que este programa abrió, Michelle Bachelet propuso una serie de medidas que profundizan el trabajo del proyecto en función del crecimiento y la equidad social. Algunas de ellas son la creación de un Servicio País para Mipymes y red de Profesionales, que integre a ambos grupos en emprendimientos locales; la creación de Agencias de Desarrollo Regional y la formación de una Subsecretaría del Emprendimiento y Mipymes que le de relevancia política continua al tema. Aún así quedan problemas por resolver como el deficiente desempeño de algunas instancias de capacitación, avanzar en la transparencia del presupuesto público, los inconvenientes respecto a la calidad del empleo y la flexibilidad laboral y los desafíos que presentan los nuevos Tratados de Libre Comercio. Por ahora las medidas adoptadas dan buenos índices macroeconómicos, pero es una tarea pendiente hacia el bicentenario un real avance en equidad social y una mejor distribución del ingreso.
