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- Crisis en Colombia (3): Alguna vez, con triste ironía, el historiador inglés Eric Hobsbawm escribió que la presencia de hombres armados forma parte natural del paisaje colombiano, como las colinas y los ríos. La violencia y la corrupción del Estado ponen en evidencia una tragedia profunda al interior de esta sociedad: el enfrentamiento del pueblo con sus élites dominantes. O más bien la antigua historia de los pobres matándose unos a otros, con el discurso del patrón en los labios. Por
Claudio Salinas y Hans Stange
Las recientes elecciones municipales y el plebiscito realizados en Colombia significaron una derrota para el gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez. Varias alcaldías quedaron en manos de la oposición y la izquierda, al tiempo que fracasó el intento de reformar la constitución para legitimar un proceso confrontacional contra las guerrillas y el narcotráfico iniciado el año 2000 con el controvertido Plan Colombia (ver reportaje 1) La violencia recrudece en ese país. Antes de los comicios fueron asesinados once candidatos a alcalde, y durante los días de elecciones se cometieron más de una decena de atentados. Pero su efecto no fue significativo. Se repiten en el poder los mismos apellidos, manteniendo un estado de cosas que pone en evidencia la razón profunda de la crisis colombiana: el dilema de un Gobierno instrumentalizado por las élites dominantes del país, que usufructúan de sus privilegios, colocando al Estado contra su propio pueblo. "Si hay algo que nadie ignora es que el país está en muy malas manos", señala el filósofo colombiano William Ospina. "No es un Estado que represente una voluntad nacional, y que pueda apoyarse en ella para esas grandes decisiones sino que representa sólo intereses mezquinos", agrega. La crisis política como el conflicto entre las mayorías humildes y auténticas, y el infame país de los privilegios. Los males que aquejan hoy a la sociedad colombiana son muchos, pero todos expresan el síntoma de un Estado enfermo, que históricamente ha favorecido a los grupos dominantes a costa de la pauperización y el agobio del resto de la población. La situación es paradójica: un 62% de los colombianos vive en la pobreza, en contraste con la opulencia de la pequeña élite, que no sobrepasa el 5% de los habitantes de esa nación. Colombia tiene el mayor índice de criminalidad del planeta, a pesar de que sus gastos de seguridad y el costo de su aparato militar son cuantiosos y aumentan día a día, más aún con el programa militarizante de Uribe. Sus niveles de corrupción e impunidad son enormes, pero su sociedad civil ha sido acallada y desmovilizada. Tras la muerte del caudillo Eliécer Gaitán en 1948 y la instauración de la Violencia, una cruenta guerra civil que duró más de veinte años, se configuró una estructura de poder fundada en el bipartidismo entre conservadores y liberales, ambos en manos de la antigua casta aristócrata y terrateniente; la proscripción de toda la oposición política a este modelo y la alianza entre la oligarquía y las esferas militares y extranjeras para conservar su poder y sus privilegios. De esta forma, los últimos cuarenta años de historia colombiana son el relato de una clase política reproduciéndose a sí misma, que obtiene divisas de un régimen que no favorece a sus ciudadanos. Más aún: impide sistemáticamente a las clases medias y bajas el surgimiento y el progreso económico y social. O como lo dice Ospina: "La Violencia había sido una guerra, ¿quién la ganó? Aparentemente nadie. Pero si juzgamos por la siguiente fase del drama, el resultado es indudable: sobre 300 mil campesinos muertos, el bipartidismo había triunfado". Sin embargo, habitualmente se ha culpado de los problemas de Colombia a dos fenómenos sociales e históricos de larga data en ese país: la guerrilla y el narcotráfico. Pero ninguno de ellos es la causa profunda de este conflicto: son más bien el pretexto que esgrime el poder para legitimar su dominación, su discurso y el mantenimiento de un sistema represor que le permite llevar las riendas de esa nación sin oposiciones ni contrapesos políticos. Lo cierto es que las guerrillas son responsables de tan solo el 39% de los secuestros de la última década, según la Comisión colombiana de Juristas. Asimismo, el analista colombiano Gonzalo Sánchez Gómez responsabiliza a los movimientos subversivos de apenas el 7% de los asesinatos cometidos en los últimos años, mientras que el informe Nunca Más del año 2000, elaborado por 17 ONGs que trabajan sobre derechos humanos, concluyó que el 80% de los asesinatos entre 1996 y 1999 fueron cometidos por agentes del Estado (policía, ejército o paramilitares). Ospina sostiene que "es el régimen colombiano, con su ineficiencia y su irrespeto por los reclamos de la ciudadanía, el que fuerza a los campesinos a adherir a esos movimientos armados que no tienen ningún futuro, pero que por lo menos tienen presente".
Una opinión similar tiene Julia Arizmendi, periodista colombiana y directora de la publicación on-line Viva la Cultura.com. "Muchos grupos armados ilegales dan el sol naciente cuando el Estado es incapaz de entregarle al pueblo un país sereno, donde los derechos sean llevados a la práctica, donde haya alimento, vestido y cubrimiento de necesidades básicas, y a pesar de que muchos de ellos ya no pelean necesariamente por aquellos viejos ideales utópicos que buscaban una Colombia mejor, hoy vemos a la postre un enriquecimiento, una búsqueda de poder y grandeza, que no le hacen bien a nadie". El narcotráfico es otra de las banderas de lucha del gobierno colombiano, pero su combate no ha producido, a la postre, otra cosa que una tragedia humana de dimensiones en los campos de Colombia. Entre 1985 y 2002, más de 2 millones 700 mil campesinos fueron desplazados de sus hogares y arrojados a la miseria, según datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento (Codhes). En 2002, mil 600 personas abandonaron diariamente sus viviendas. Esta pseudo lucha contra la droga ignora deliberadamente las raíces socioeconómicas del problema: lejos de constituir una elección de vida, los cultivos ilícitos permiten simplemente a decenas de millones de campesinos andinos sobrevivir. Este hecho también es señalado por Ospina: "El Frente Nacional cerró además el acceso a la riqueza para las clases medias emprendedoras, y éstas se vieron empujadas por ello hacía actividades ilícitas como el contrabando o el narcotráfico, ya que si una sociedad niega las posibilidades legales en el marco de la democracia económica, quienes aspiran a la riqueza sólo tienen el camino de la ilegalidad". "Si el Estado no le brinda garantías al ciudadano, ¿cómo puede reprocharle que recurra a métodos irregulares para garantizar la subsistencia?", interroga. La crisis que vive Colombia es una fractura profunda al interior de su sociedad, que no tendrá solución hasta que se logren los contrapesos que permitan al mundo civil evitar que los grupos oligárquicos continúen instrumentalizando al Estado, asegurando que éste atienda las necesidades de la nación y no las de una minoría en el poder, posibilitando una oposición real desde la esfera política y civil que deslegitime la lucha armada y acabe con una violencia enquistada en la historia y el alma colombiana. Sitios relacionados |
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