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El negocio
de las universidades privadas No hay quien las controle. Una vez que las universidades privadas consiguen su autonomía no sólo el estado les contribuye económicamente, sino que además no interviene en caso de irregularidades académicas. El último caso afecta a más de 150 alumnos de la Universidad de las Américas, quienes no podrán obtener sus títulos profesionales tras los dos años de formación que ofrece la universidad en un plan de continuación de estudios. Por Lorena Valderrama y Evelyn Campos
Señor Consumidor: ¡Ponga atención! Universidad autónoma de excelente reconocimiento internacional ofrece títulos de regularización y/o continuidad de estudios en tan sólo cuatro semestres con requisitos mínimos de postulación y por las módica suma de 2 millones 981 mil pesos (Malla curricular sujeta a cambios. En caso de reclamo dirigirse al Servicio Nacional del Consumidor, Sernac). Esta es la situación actual de la educación superior privada en Chile. Los estudiantes vistos como meros consumidores y la educación como un producto más en la parrilla de bienes y servicios. Se trata de una realidad que transgrede el artículo 30 dispuesto en la Ley Organica Constitucional de Enseñanza (LOCE) donde se define a las universidades privadas como corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro. Las facultades estatales de fiscalización son mínimas “Se trata a estas instituciones con menos regulación de las que se emplean para el mercado de las ceras con las que se limpia el piso, por ejemplo. Porque si la cera sale mala uno compra otra, pero si es la carrera la que presenta fallas ¿Vas a tener que estudiar otra carrera de nuevo?. Entonces, no es posible entregar al puro mercado la regulación de este sector si es que queremos que sea de buena calidad”, explicó a CTN Carolina Tohá, diputada del Partido Por la Democracia (PPD) y miembro de la comisión de Educación del parlamento. La capacidad de control del Estado no es proporcional
con la ayuda económica que éste mismo hace desde 1988
en el sector. A través del Aporte Fiscal Indirecto (AFI)
del año 2003, las arcas de las 29 universidades privadas
recibieron en total 2 mil 885 millones de pesos.
El Ministerio de Educación (Mineduc) nada puede hacer, pues sólo tiene la atribución de clausurar una universidad cuando ésta no respeta los estatutos que la conforman, sin poder intervenir en irregularidades presentadas en campus, sedes o programas de pregrado específicos. Caos en las Américas En estos momentos ella tendría que terminar el primer año, de los dos que contempla el plan de estudios. Sin embargo, forma parte de los más de 150 alumnos que vieron frustradas sus intenciones, al enterarse de que los requisitos pedidos por la universidad para la titulación no cumplían con la exigencia horaria instaurada por el Mineduc. 3.200 son las horas contempladas por el Ministerio para aprobar este tipo de titulación, e incluyen tanto las horas de formación académica como las práctico- laborales con niños dentro de un establecimiento educacional. No obstante, la institución educativa en cuestión solamente solicita al futuro alumno, en primera instancia, un certificado de antigüedad laboral de dos años como mínimo. Además, en su publicidad define este plan como una continuidad de estudios para quienes posean títulos técnicos de nivel medio en educación básica o parvularia, o de regularización de títulos para quienes no posean estudios formales. Pocos trámites que realizar y la oportunidad de obtener en corto plazo una profesión que permitiera mayor seguridad laboral, es lo que la Universidad de la Américas, Sylvan International Universities, aseguraba hasta abril de 2004. A mediados de ese mes, la primera generación de la sede Talagante -denominada Talagante 1- no se pudo graduar por falta de requerimientos.
Una de las tantas afectadas, quien prefiere mantener su nombre en reserva, asevera irritada para CTN: “A las personas que contaban con títulos de liceos comerciales o técnicos les dijeron que no podían graduarse porque tenían que contar con mayor número de horas de formación académica, así que tenían que hacer dos años más. Siendo que al principio les ofrecieron sacar el titulo en sólo cuatro semestres.” La transacción final Entonces, sólo queda la opción de acudir al Sernac y presentar un reclamo por publicidad engañosa, incumplimiento de contrato, cláusula abusiva y deficiente calidad del servicio ofrecido. Es decir la transgresión a los artículos de la Ley del Consumidor, números 12, 16 y 23, respectivamente. “Ellos ofrecieron un servicio que no estaban en condiciones de cumplir. No se puede obtener un título profesional con esa cantidad de horas académicas y se debe solucionar el problema de acuerdo a lo que convenga mejor a los afectados” , comentó a CTN Patricio Peñalosa, abogado de la dirección metropolitana del Sernac. Los alumnos de Talagante y Melipilla, a través del diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Gonzalo Uriarte, además, han solicitado el reembolso del dinero gastado en matricula y arancel. Petición que sería resuelta el 17 de mayo. La condición de producto que tiene la formación profesional en Chile es evidente y los legisladores lo saben. La educación no se puede regir sólo por la leyes del mercado, ni los estudiantes ser considerados como consumidores de un simple servicio. Por estas razones, actualmente se debate en el congreso la ley de acreditación universitaria y la incorporación en la ley del consumidor de una norma específica que establezca un periodo de retractación en el proceso de matricula en una universidad, e impida que la entidad cobre los cheques dejados en esa instancia. ¿Soluciones parciales para un problema de
fondo como es el repensar la educación chilena? Decídalo
usted y recuerde: el cliente siempre tiene la razón.
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