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Debate moral
y político por entrega en consultorios de Postinor 2: Una de cada cuatro niñas y uno de cada ocho niños serán violados o sexualmente abusados antes de cumplir 16 años, aproximadamente. Además de las graves consecuencias psicológicas de este hecho, existe la posibilidad de que la mujer violada quede embarazada de su agresor. Ante esta realidad, el Gobierno tomó la determinación de comprar 35.000 dosis de Postinor- 2, la polémica “pastilla del día después”, generando debates que incluyen a la Iglesia Católica y a distintos sectores políticos. Por Carolina E. Aliaga M. y Ana Rodríguez S. Cada 23 minutos ocurre un abuso sexual en Chile, la mayoría de las víctimas son menores de edad. Es decir, en este país se sufren más de 30.000 delitos sexuales al año, -según el Ministerio de Salud, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Instituto de Criminología de la Policía de Investigaciones de Chile- de los cuales sólo se denuncian poco más de 4.000. De esta manera, por cada agresión que se acusa otras siete se mantienen en silencio. Del total de denuncias, aproximadamente el 35% corresponde al delito de violación y el 83% de todos los casos son sobreseídos por falta de méritos. Del escaso porcentaje restante, los violadores encarcelados hasta el año pasado podrían sólo cumplir penas de reclusión menor, o sea, podrían salir libres tras dos meses -61 días- de prisión o después de cinco años que corresponde a la pena máxima. Esto porque hasta el 2003 la violación sexual se sancionaba con pena de reclusión menor. Pero ese mismo año la sanción por violación fue elevada a presidio mayor en su grado mínimo a medio, es decir, desde cinco años y un día hasta quince años, cuando la víctima es mayor de trece años. Por el contrario, cuando la víctima es menor se castigará al violador con penas de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, correspondiente a tres años y un día hasta diez años. Si bien las penas fueron elevadas, una pena máxima de quince años para un violador sigue siendo leve. A modo de ejemplo, en Estados Unidos, el mismo delito es castigado con pena de muerte en algunos estados y en otros con presidio perpetuo. La Policía de Investigaciones de Chile define la violación como “El acceso carnal, vaginal, anal o bucal, en alguno de los siguientes casos: cuando se usa fuerza o intimidación; cuando la mujer se halla privada de razón o de sentido por cualquier causa; y cuando sea menor de doce años cumplidos, aun cuando no concurra ninguna de las circunstancias expresadas en las dos anteriores”. La extrema violencia del acto sexual ejecutado contra toda voluntad de la mujer provoca daños irreparables y perpetuos en ella. Las heridas físicas sanarán con el tiempo, pero las secuelas sicológicas afectarán su vida en todos los ámbitos, tanto en su futuro profesional como en el personal. Y por sobre todo ello, la idea de asumir un posible embarazo indiscutiblemente indeseado e involuntario, configuraría otra horrible condena a la víctima, una pena perpetua donde se le fuerza a procrear al hijo del violador y a cuidarlo hasta la muerte de la víctima. De este modo, el violador podría no ser denunciado, atrapado ni condenado –como sucede en la mayoría de los casos- y la víctima sufriría dos cadenas perpetuas, vivir con las secuelas de la violación a cuestas y cargar el vivo fruto de la agresión.
Para hacer frente a esta realidad, el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, encargó la compra de 35.000 dosis de Postinor- 2, por un total de 50 millones de pesos, con el fin de distribuirlas gratuitamente a las mujeres violadas por medio de los consultorios, a las cuales se les hará entrega de los fármacos sin previa constatación de los hechos, puesto que estos trámites retardarían la ingestión de las dosis, reduciendo su efectividad. Las Pastillas Anticonceptivas de Emergencia (PAE) son un medio para evitar un embarazo cuando se han tenido relaciones sexuales sin protección. Consisten en píldoras de levonorgestrel, a veces combinadas con estradiol, las cuales deben tomarse en altas dosis, dentro de las 72 horas que siguen al acto sexual no protegido. Las PAE son en la mayoría de los casos las mismas pastillas anticonceptivas anovulatorias que se compran sin receta médica en las farmacias. La única diferencia con ellas es que se deben ingerir en grandes dosis (previamente determinadas). Pero el acceso a ellas no está restringido. Lo mismo sucede con el uso de dispositivos intrauterinos, los cuales sí pueden ser abortivos y se entregan en consultorios abiertamente. La efectividad de las PAE es de un 80 a 90%, siempre que las dosis sean tomadas correctamente y dentro del tiempo establecido. En el caso de la Postinor- 2, debe tomarse una pastilla a la brevedad posible, y la siguiente doce horas después de la anterior. Según el Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, la “pastilla del día después” no es abortiva, puesto que una vez establecido un embarazo, no es capaz de eliminarlo. Sus efectos son, en el caso del levonorgestrel, impedir que los espermatozoides ingresen al tracto genital femenino, inhibir la ovulación si las dosis son tomadas antes de que ésta se realice, además de impedir la anidación del óvulo fecundado en el útero. Las PAE son un eficaz método de evitar abortos y embarazos adolescentes. Más aún, su uso es altamente recomendado cuando se trata de una violación, puesto que, si bien ocho de cien mujeres violadas se embarazan, las consecuencias de una maternidad en estas circunstancias pueden ser penosas tanto para la madre como para el hijo. Pese a esto, aún hay sectores que se oponen fervientemente en Chile al uso de la Postinor- 2. Tal es el caso de la Iglesia Católica. El cardenal Francisco Javier Errázuriz sostuvo que la píldora del día después es abortiva, expresando además que “no se deben cumplir aquellas leyes que no son éticas”, desafiando así al Gobierno al incitar a la población a seguir las leyes divinas por sobre las terrenales. En entrevista con Raquel Correa en el diario El Mercurio, Pedro García, ministro de Salud, dijo ante los reclamos de la Iglesia: “Yo, como ministro de Estado, tengo que hacerme cargo de los que tienen mucha fe, de los que tienen poca fe y de los que no tienen ninguna”. También agregó que las PAE no pueden ser usadas como método de planificación familiar, por lo tanto en los consultorios no se administrará la Postinor 2 repetidas veces a una mujer, sino que se le instruirá sobre otros métodos anticonceptivos. A las críticas de la Iglesia se suman las de sectores conservadores y partidos de derecha. La alcaldesa de Lo Barnechea, Marta Elhers (RN), se niega a repartir la píldora en su comuna, sin hacer caso a las amenazas del ministro García de iniciar un sumario sanitario, aduciendo que prefiere ir presa antes que atentar contra la vida. A ella se suman los alcaldes de Puente Alto y Maipú, Manuel José Ossandón (también RN) y Roberto Sepúlveda (UDI), el cual además de edil es médico. El lunes 3 de mayo se realizó una marcha silenciosa organizada por grupos opositores a la “píldora del día después”, que se reunieron frente a la Moneda para protestar. Daniela Fernández, estudiante de ingeniería comercial, dijo a CTN: “nos reunimos aquí para decirle a la gente que luche por la vida, hay muchos métodos que se pueden usar para evitar embarazos, no es necesario tomar píldoras abortivas, también se puede optar por la abstinencia. Las mujeres violadas tienen la opción de dar sus hijos en adopción”. Pese a las objeciones de estos sectores, el Gobierno ya concretó la compra de las dosis de Postinor 2, argumentando que se debe legislar para los 15 millones de chilenos, no sólo para un determinado sector, tal como lo han hecho ya países como Francia, donde se comercializa la pastilla sin ningún problema y es repartida en colegios gratuitamente (bajo control médico). También en Argentina la pastilla del día después fue legalizada, hace dos años. Ahora sólo resta que cada una de las chilenas tome su propia
determinación sobre el uso de la Postinor 2. Más allá
de todo debate, la decisión final está en manos de
cada uno.
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