Al final de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética (los vencedores de la contienda) establecieron tribunales militares internacionales, con sede en Nuremberg (1945) y Tokio (1948), para juzgar a criminales de guerra de los gobiernos nazi y japonés. Los cargos eran por delitos de guerra y delitos contra la humanidad. Otros tribunales, fuera de Japón, fallaron en contra de 5.000 responsables de crímenes de guerra, siendo condenados más de 900. Numerosos criminales de guerra fueron juzgados en Alemania tras el conflicto; también en Francia, Reino Unido y Estados Unidos fueron procesadas 10.400.

Fue la primera vez que, por la magnitud y cantidad de los crímenes, los países bajo la Organización de Naciones Unidas (ONU) se comprometían a que nunca más se volverían a tolerar semejantes crímenes. Pero, a pesar de lo loable de la declaración, se critica que se aplicó una jurisdicción ad hoc y post facto, que no se nombró jueces de la nacionalidad de los vencidos ni de un país neutral y que no se investigaron crímenes cometidos por individuos de los países vencedores.

Esta situación se repite en los tribunales internacionales creados por el Consejo de Seguridad de la ONU para los crímenes cometidos en la ex Yugoslavia en 1993 y en Ruanda en 1995. A las carencias anotadas en Nuremberg y Tokio se sumó la dificultad para convocar testigos.

Ya existía, y aún existe, la Corte Internacional de Justicia de La Haya pero ésta solo tiene atribuciones para dirimir controversias entre Estados que se someten voluntariamente a su jurisdicción, no tiene facultades para procesar a personas. Por esto, la importancia de tener una corte para responsabilidades penales individuales.

Recién en 1998 y tras superar intensas resistencias, una conferencia internacional en Roma, Italia, aprobó el estatuto de creación de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, no fue sino hasta el 1° de julio de 2002 que entró en vigencia, después de haber superado el mínimo de 60 países que ratificasen los estatutos.

Justamente, sólo a partir de esa fecha es que puede juzgar crímenes, lo que deja fuera violaciones a los derechos humanos ocurridos en años anteriores (a pesar de que éstos no prescriben) y sólo a nivel suplementario, es decir si el Estado no puede o no quiere hacerse cargo.

La sonrisa del imperio

La puesta en marcha de la CPI ha tenido muchísimos problemas entre los que se cuentan que países más poblados del mundo (China, con 1.300 millones, India, con 1.060, Estados Unidos, con 290, e Indonesia, con 217) no quieren firmar. “Los que hacen los pactos y violan los derechos humanos son los Estados. Y si vemos bien, éstos son más de la mitad de la humanidad”, comenta Roberto Garretón, representante regional para América Latina y el Caribe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A estos países se les suman Pakistán, Corea de Norte, Irak e Israel, y la mayoría de las naciones bajo regímenes militares, que optaron por quedar fuera de la jurisdicción del tribunal.

La negativa al tratado le impide a Irak la posibilidad de poder exigir justicia ante violaciones de derechos humanos en la invasión que sufrió por parte de Estados Unidos, ya que la jurisdicción de la CPI sólo alcanza a ciudadanos y a crímenes de países que la hayan ratificado.

El gobierno de George W. Bush quitó su firma después que el anterior presidente, Bill Clinton, anunciara su adhesión. No sólo eso, sino que además ha firmado acuerdos bilaterales con 89 de los 94 países que ratificaron para que no persigan a sus ciudadanos, usando presiones económicas. Por ejemplo, el Senado boliviano ratificó un acuerdo con Estados Unidos que les aportó una ayuda de 8 millones de dólares para las Fuerzas Armadas. En cambio, suspendió cinco millones de dólares de ayuda militar para Colombia porque ese país no firmó un acuerdo que garantice inmunidad a los soldados estadounidenses ante la CPI. La Casa Blanca también cortó los fondos para otros 34 países que no firmaron acuerdos de inmunidad (que representan 48 millones de dólares), entre los que figuran Brasil, Venezuela, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

En el caso de Chile los motivos para no ratificar el tratado en el Poder Legislativo chocan con incompatibilidades con la Constitución, ya que le modifica la esencia por otorgar facultades jurisdiccionales a una magistratura extranjera para hechos ocurridos dentro del territorio nacional, prerrogativa sólo pueden ejercer tribunales chilenos. Esto, aunque el presidente Ricardo Lagos lo haya firmado. “Esto viene de las debilidades de la transición. El gobierno quiere, pero tiene que ratificar el Congreso y ellos, de mayoría pinochetista, lo mandaron al Tribunal Constitucional, que lo declaró inconstitucional”, declara Garretón.

A juicio de Luis Cortes, abogado de la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas (FASIC), “esto se debe la doctrina de los tribunales chilenos de no sujetarse a la justicia internacional. Chile tiene doble estándar, quiere estar bien con los organismos exteriores (como pasó cuando tuvo que tomar un punto de vista en la crisis iraquí) pero es distinto en el interior”.

Otra de las debilidades de la CPI es la falta de financiamiento. El escueto presupuesto de 84 millones de dólares para 2005 (diez millones más que el año anterior) le sirve solo para mantener causas en la República Democrática del Congo y Uganda. Es posible que los Estados que deberían mantener la CPI destinen dinero para causas que les sean más urgentes, como conseguir los últimos adelantos militares. Estados Unidos, el país que más podría contribuir monetariamente, no lo hará.

La pobreza es la peor arma de destrucción masiva

Como se ve, interesan más los acuerdos económicos que las personas. Los problemas de derechos humanos tienen su raíz en problemas de desigualdad económica y social, que mantienen a muchas personas en estado de esclavitud. Permanentemente sabemos de escándalos de trasnacionales como la cadena de cafés norteamericana Starbucks que enfrenta acusaciones por las condiciones de vida infrahumanas en las que trabajan sus jornaleros en el Tercer Mundo.

Las guerras que hoy vemos son por problemas de índole económica. Por el petróleo fue que se invadió Irak. Los grandes desfalcos en América Latina ocurren en complicidad con el sistema bancario internacional, que permite que dictadores, empresarios y políticos corruptos desfalquen y roben.

“La globalización tiene lados buenos y es que ciertos valores humanos van avanzando, como la creación de la CPI. Pero falta que la planetarización crezca hacia la incorporación de la tipificación de otro tipo de delitos: ecológicos, económicos, culturales y eso es parte del debate que todavía está pendiente. Las dificultades que tiene el sistema internacional para llevar a efecto las resoluciones de la Cumbre de la Tierra de Río 1992 plantean que algo está fallando”, dice Iván Cabezas, del movimiento Comercio Justo, asociación comercial que busca el desarrollo sustentable para los productores excluidos o con desventajas en los grandes circuitos del comercio tradicional.

“La CPI no incluye crímenes económicos porque eso significaría procesar al sistema financiero internacional, al Banco Mundial, a la OMC (Organización Mundial de Comercio) que son responsables a través de sus políticas monetarias de conflictos humanos, depredaciones y calentamiento global de la tierra”, agrega Cabezas.

Otro mundo es posible, pero más adelante

Las trabas que se le ponen a la CPI pueden hacer creer que será un instrumento de adorno. Pero no hay que olvidar que es un recién nacido, al que hay que darle tiempo, mucho tiempo, para que aprenda a caminar. A pesar de sus imperfecciones es un gran logro que exista.

Las políticas que tengan que ver con responsabilidad penal no son rápidas, especialmente si tienen que pelear con potencias que piensan que la CPI es para los demás. “En derechos humanos la palabra clave es progresividad”, concluye Roberto Carretón. “Yo creo en el TPI, pero creo que va a ser eficiente en muchos años más”.